La madre y el padrastro del niño fallecido por agresiones el jueves en Alajuela cumplirán seis meses de prisión preventiva, según la orden del Juzgado Penal de esa ciudad, dada a conocer esta tarde.

Se trata de una mujer de apellidos Marroquini Alias, de 22 años, quien se encuentra en avanzado estado de embarazo, y un hombre de apellidos Pérez Flores, de 25. Ambos de nacionalidad salvadoreña, lo mismo que el menor.

A ellos se les investiga por el delito de homicidio en relación con la muerte de un niño de cinco años, quien falleció el jueves en su casa, en la comunidad de Los Ángeles, en Sabanilla de Alajuela.

El menor murió de una hemorragia intestinal producida por golpes, según determinó la autopsia. De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), también presentaba desnutrición, moretes, una lesión en el labio superior, escoriaciones, cicatrices de aparentes quemaduras, así como lesiones antiguas en costillas y un fémur.

La pareja llegó al país en setiembre. Al parecer, Pérez tenía antecedentes por violencia intrafamiliar en El Salvador, informó la Policía Judicial.

Funcionarios del PANI

La actuación de los funcionarios del PANI en relación con el caso de un niño fallecido por agresiones en Alajuela, será revisada por la Fiscalía de esa ciudad.

La causa es la 19-002247-0057-PE.

Bajo el mismo expediente se seguirá la investigación sobre las actuaciones del PANI en este caso.

De acuerdo con información de la oficina de prensa del Ministerio Público, en la investigación ordenada por la fiscala general, Emilia Navas, se pretende determinar si los encargados de la oficina regional del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) habrían incurrido en el delito de incumplimiento de deberes, por no actuar de manera oportuna.

“Conversé con la fiscala de Alajuela y le ordené abrir una investigación para determinar si existe algún grado de responsabilidad por parte del Patronato Nacional de la Infancia en los hechos acontecidos”, explicó Navas.

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La presidenta del Patronato, Patricia Vega, admitió que la institución fue alertada de aparentes agresiones contra el menor desde el sábado, es decir cinco días antes del deceso.

El aviso lo dio un psicólogo de una organización que visita la zona para ayudar a familias vulnerables, lo hizo mediante el sistema de emergencias 9-1-1 a las 2:41 p. m. Sin embargo, la oficina de Alajuela no trabaja los fines de semana.

Fue hasta el lunes que la oficina clasificó como “prioridad 1” el caso. Eso significa que el caso debía ser atendido en un plazo de 24 horas.

“La denuncia es atendida el 8 (de mayo) en la tarde. La funcionaria va al lugar y con la dirección que consta que pusieron ese sábado no encuentra la casa”, dijo la jerarca este jueves.

Según su versión, la trabajadora del PANI hizo consultas en casas, una pulpería y hasta en la escuela, sin dar con la familia. La funcionaria decidió devolverse.

Al día siguiente, a eso de las 6:10 a. m. se produjo la muerte. El niño comenzó a convulsionar y pese a esfuerzos de cruzrojistas, no pudieron salvarlo.

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“La Fiscalía Adjunta de Alajuela informó de que se encuentra a la espera de la ampliación del informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre estos hechos”, dijo el Ministerio Público.