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El Ministerio Público solicitó una condena de 176 años de prisión para el peón agrícola Jairo Díaz Aragón, por el asesinato a machetazos de una familia en Copey de Dota, San José, el 29 de mayo del 2015.
La petición la hizo la fiscala Karen Mora Umaña la tarde este martes, durante la etapa de conclusiones del juicio que se realiza en los Tribunales de Cartago.
La fiscala desglosó la pena en 35 años por cada uno de los cuatro asesinatos; 32 años por un delito de violación, tres años por hurto agravado y un año por amenazas a su excompañera sentimental.
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Pese al elevado monto de la pena solicitada, en caso de ser aceptada por el Tribunal de Juicio, el sospechoso solo descontará 50 años, ya que esa es plazo máximo de reclusión que permite la legislación costarricense.
Las víctimas en este caso fueron Ramón Suárez Espinoza, de 50 años; su esposa Haydeé Miranda Salmerón, de 33; y los hijos de esta pareja, de 11 y 9 años. La masacre fue perpetrada en el rancho en el que habitaban las víctimas en una finca cafetalera.
El mismo día de los crímenes fue localizado el cuerpo de la niña, quien estaba amarrada de pies y manos y acostada en la cama de la vivienda. Tenía una profunda herida con arma blanca desde la garganta a la vagina, lo que dejó expuestas las vísceras.
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Fue hasta el día siguiente, sábado 30 de mayo, que aparecieron los otros cuerpos: el niño, a unos 150 metros de la casa, y los padres cerca de un río, a 50 metros del rancho. Todas las víctimas presentaban heridas con machete.
Pruebas contundentes
Para la fiscala Karen Mora, durante la realización de este juicio se presentaron pruebas contundentes como para considerar a Díaz Aragón como el responsable de estos crímenes.
Destacó entre estas, el testimonio de la excompañera sentimental, el decomiso de los teléfonos de las víctimas y otras evidencias como cuchillos, machetes y prendas.
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Hizo referencia a la sangre hallada en ropa del acusado, la cual mediante pruebas de ADN se logró determinar que pertenecían a la niña de 11 años.
Asimismo, reprochó al imputado por acabar con la vida de "una famlia que estaba en el país tratando de buscar un futuro mejor".
"Vivían en condiciones sumamente limitadas. Tal es así que los niños recibían ayudas de centros educativos para que pudieran progresar (...) no tuvieron esa oportunidad de ser útiles a la sociedad porque sus vidas se vieron cegadas a los escasos 9 y 11 años".
Frente a sus argumentos, la defensora Viviana Navarro Marín, hizo una corta disertación para solicitar la absolutoria del imputado.
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El Tribunal, integrado por los jueces Edwin Reyes, Xinia Duarte y Alexánder Salazar, comunicó que la parte dispositiva de la sentencia (por tanto) será dictado este viernes a las 2 p. m.
