EscucharLa Fiscalía pidió abrir un juicio porque el Instituto Nacional de Seguros (INS) no le pagó siete céntimos (¢0,07) por concepto de honorarios en una conciliación que se llevó a cabo en el marco de una causa por lesiones culposas.
El monto original que la aseguradora debía cancelar a favor de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima, ente adscrito al Ministerio Público, era de ¢438.053,07, pero se hizo un depósito bancario sin los céntimos.
Guillermo Constenla, presidente del INS, aseguró ayer a La Nación que pagarán la cifra. Sin embargo, dijo: “Contablemente, en todo el mundo, y también en Costa Rica, lo que se hace con este tipo de sumas que representan centavos es que se redondea la suma y, en este caso, el redondeo es el monto que el INS ya pagó”.
El cobro de los honorarios surge porque la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima representó a una pasajera de un bus, quien en en febrero del 2004 sufrió una caída cuando el chofer del vehículo arrancó mientras ella bajaba por las gradas en Tibás, San José.
La pasajera, ahora de 60 años, denunció al chofer, de apellido Navarro, por el delito de lesiones culposas y planteó una acción civil contra la empresa autobusera para que la indemnizaran.
Sin embargo, como existía un seguro del INS, las partes acordaron utilizar la figura de la reparación integral del daño para no ir a un juicio penal, y que con la póliza a ella se le pagaran ¢3,2 millones por los daños sufridos.
Incumplimiento. Con el seguro del INS también se pagarían los honorarios de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima, pero este órgano reclamó, el 18 de marzo, que le quedaron debiendo ¢0,07.
Por eso, se pidió al Tribunal Penal de Goicoechea que declarara incumplida la conciliación y llevara a juicio al chofer del bus para decidir sobre su culpabilidad y, de esta forma, resolver una eventual acción civil resarcitoria contra el conductor y la empresa de buses.
No obstante, durante una audiencia oral celebrada el jueves, el tribunal rechazó la petición; además, reconoció que el INS ya había cancelado los honorarios. Si bien en el depósito no se incluyeron los ¢0,07, el juez señaló que había una imposibilidad para pagar esa cifra.
José Luis Pacheco, abogado del chofer de bus, alegó que en el mercado no existen monedas de uno o dos centavos para pagar.
“Como ciudadano, estoy indignado de ver cómo se despilfarraban los recursos públicos en estas solicitudes (de la Fiscalía) porque no se medita la proporcionalidad”, expresó el abogado.
Por otro lado, recalcó que la petición implicó que se realizara una audiencia con un juez, un técnico judicial, un fiscal, un representante civil y un defensor particular.
“El juez hizo un llamado a la jefatura de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima para que haga análisis de proporcionalidad porque no había razón para realizar una audiencia que implica costos elevadísimos”, afirmó Pacheco.
Políticas. Pese a que este diario solicitó una entrevista con el fiscal general, Jorge Chavarría, por medio de la oficina de prensa se informó de que no atendería.
Tampoco se remitió la petición por este caso a la fiscala adjunta de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima, Ana Daisy Quirós.
Mediante un comunicado, la Fiscalía señaló que las políticas de cobro de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima están regidas por disposiciones de la Auditoría Interna del Poder Judicial y no por políticas del fiscal general.
“Por recomendaciones incluidas en informes de la Auditoría Interna, y para evitar el régimen disciplinario, los abogados de esa oficina han realizado gestiones de cobro, independientemente del monto que queda sin cubrirse”, dice el comunicado.
Alfredo Jones, director ejecutivo del Poder Judicial, contradijo esa posición y aseguró que el Consejo Superior, la Auditoría, la Dirección Ejecutiva y el Departamento Financiero Contable “no tienen injerencia en las decisiones de esa oficina cuando actúan en audiencias orales y públicas”.
El Ministerio Público señaló que, a raíz de este último caso, le consultarán a la Auditoría Interna para que le indique cuál es el monto mínimo autorizado para que los abogados de esa oficina no gestionen el cobro.
También se puntualizó en el comunicado que el fiscal, Jorge Chavarría, enviará el caso a la Inspección Fiscal para que haga una investigación disciplinaria al representante que gestionó el cobro de los siete céntimos para determinar “si incurrió en una falta por no privilegiar la resolución de un conflicto y defender los intereses económicos de la oficina”.
No obstante, la Fiscalía reconoce que los abogados de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima efectúan cobros de montos residuales ínfimos para evitar que les abran procesos disciplinarios en la Inspección Fiscal.
Tras el rechazo de la petición para que el INS pagara el dinero, la Fiscalía se mostró conforme con la resolución del juez y comunicó que no planteará ningún recurso de apelación.
