EscucharEl Ministerio Público reclama en tribunales más de ¢5.000 millones a dueños que no lograron demostrar el origen lícito de los fondos. Estas gestiones forman parte de investigaciones judiciales más amplias por presunta legitimación de capitales.
Se trata de 37 demandas planteadas en el Juzgado Contencioso Administrativo en lo que llevamos del 2022, según precisó este lunes Andrés Garro Mora, de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial. Los reclamos son tanto en moneda local y extranjera; así como bienes muebles e inmuebles y se subdividen en: $7,8 millones, ¢241,3 millones, dos inmuebles y cuatro vehículos.
“En los casos en los que no podemos determinar cuál es el delito que originó el patrimonio, pero tampoco podemos establecer una procedencia lícita, el Ministerio Público presenta una demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo y, en ese juzgado se le da audiencia a la persona a la que se le decomisó el dinero o los bienes; si esta no logra probar la procedencia lícita de este patrimonio, se dicta la pérdida del activo en favor del Estado”.
Bajo este mismo procedimiento, este año ya se contabilizan ocho sentencias con lugar, equivalentes a $57.227 y ¢44,8 millones, dinero que pasa a las arcas del Estado. Estas cifras trascendieron este lunes durante el programa de radio Frecuencia MP, que conmemoró el 29 de octubre, Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos.
Causas abiertas
Según el fiscal especializado, en la actualidad el Ministerio Público tiene abiertas 170 investigaciones por lavado de dinero; en 32 de estas el presunto origen del blanqueo de capitales es el narcotráfico. En otros 131 casos el origen todavía está en investigación y los restantes se originan corresponden a legitimación de capitales por corrupción, estafa, tráfico de personas, extorsión y robo agravado.
Garro asegura que los alcances de esta actividad son tan nocivos que pueden llegar a afectar la política cambiaria del país. “Primero, se crea una distorsión comercial, pues, claramente, negocios que funcionan lícitamente no pueden competir con otros que se sostienen con dinero originado en actividades criminales”, dijo.
“También puede llegar a afectar desde un punto de vista social, por el poderío económico que puede ejercer el grupo lavador sobre la comunidad, exponiendo a esta y al país a las actividades criminales que generan estas ganancias, como lo son el narcotráfico y otros delitos graves”, agregó.
Para tratar de combatir este tipo de delincuencia, desde enero opera una oficina de la Fiscalía sobre legitimación de capitales en el aeropuerto internacional Juan Santamaría.
A la fecha, las gestiones de esta oficina permitieron la apertura de 41 casos, de los cuales 24 se encuentran en trámite y 17 se resolvieron con desestimación; “no obstante, en cuatro de estos últimos se presentaron demandas por capitales emergentes, por montos de $50.844 y €6.100″.
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