EscucharLa Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) solicitó este viernes que se prorrogue por ocho meses más el plazo de prisión preventiva dictada contra los empresarios Carlos Cerdas Araya, gerente de la constructora MECO, y Mélida Solís Vargas, dueña de H Solís, mientras siguen las investigaciones por supuesta corrupción en obras viales en el denominado Caso Cochinilla.
La gestión la presentó el fiscal Glen Calvo Céspedes durante una audiencia que se realiza en los Tribunales de Goicoechea. El funcionario también solicitó que se prorroguen por ocho meses la medidas que pesan sobre los otros imputados, las cuales tienen que ver principalmente con el impedimento de salida del país y la orden de presentarse a firmar en despachos judiciales.
Sin embargo, la jueza penal de Hacienda, Marjorie Valenciano Arias, no se ha pronunciado todavía sobre la solicitud, pues la diligencia que empezó el lunes anterior se extenderá hasta las primeras horas de esa noche y sería en ese momento cuando anunciee la forma como emitirá su resolución, que puede ser oral o escrita.
Cerdas y Solís se encuentran en prisión desde el pasado 19 de julio, pero en esta ocasión ambos debieron asistir a la sala donde se realiza la audiencia. Los otros implicados siguen el proceso de manera virtual en acatamiento a las normas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud debido a la pandemia de la covid-19.
El Caso Cochinilla trascendió el lunes 15 de junio, cuando se realizaron más de 50 allanamientos que permitieron la detención de 30 personas, mientras que otras 45 fueron indagadas posteriormente. En total por este caso hay 75 personas físicas y 12 personas jurídicas implicadas.
Se trata de empresarios de constructoras, así como empleados y exempleados del Conavi y de otras dependencias del Estado. A los implicados el Ministerio Público les atribuye la presunta malversación de fondos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que generó un déficit de ¢78.000 millones entre el 2018 y el 2020 en contratos de obra pública. La causa se tramita en el legajo 19-000025-1218-PE.
En la documentación judicial se detallan supuestos sobornos con licor, dinero en efectivo, vehículos y “favores sexuales” que se les habría entregado a funcionarios públicos a cambio de favores a ciertas constructoras que competían por proyectos financiados con fondos públicos.
“Prisión es arbitraria”
Erick Gatgens, codefensor de Mélida Solís, informó de que durante el desarrollo de la audiencia pidieron la libertad de su clienta, al estimar que la detuvieron de forma “arbitraria” pues esa acción se basó en una supuesta malversación de fondos por ₡78.000 millones, cuando lo correcto es que ese monto obedece a un déficit presupuestario del Conavi, que es algo diferente a la malversación.
“El mismo director del OIJ, al inicio de la investigación, dijo que eso no equivalía al perjuicio patrimonial del Estado. Al Conavi no le llegaban los montos suficientes para hacer pago de las obligaciones contraidas. Entonces, lo que se ha discutido es que tuvo que acudir a otras partidas para efectos de hacer pago a obligaciones previamente adquiridas”, aseveró.
Gatgens insistió en lo anterior luego de que presentaron en la audiencia al funcionario del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Rándall Castillo, uno de los que elaboró el informe de las presuntas irregularidades del Caso Cochinilla. Según el defensor, lo explicado por Castillo deja claro que no se tuvo información disponible para determinar si alguna empresa se benefició con pagos irregulares y que para este momento no es posible cuantificar un perjuicio económico para el Estado.
“Eso se contradice con lo afirmado por el Tribunal de Juicio al conocer la apelación de la medidas cautelares, donde el juez Hugo Porter señaló que la fianza rendida por doña Mélida no es proporcional con los ₡78.000 millones que se le causaron como daño al Estado”, manifestó.
Además, llevaron a la audiencia a dos exfuncionarios de la Sección Financiero Contable del OIJ, quienes dijeron que con la información que tuvo a mano Castillo, era imposible rendir un informe con ese detalle.
Debido a lo anterior, el abogado insistió en pedir la liberación de Solís o, en su defecto, que se le dicten medidas menos gravosas, al afirmar que la prueba única que por la que la empresaria está detenida es preliminar y está sujeta a verificación, por lo que alegó que no se puede afirmar que los ₡78.000 millones corresponden a un daño causado al Estado.
Por su parte, Erick Ramos Fallas, defensor de Carlos Cerdas, sostuvo que la medida de prisión preventiva es innecesaria al considerar que ha quedado demostrado que la hipótesis que manejó el Ministerio Público de que el daño rondaba los ¢78.000 millones quedó totalmente desvirtuada, porque el Estado hizo un reclamo civil a través de la Procuraduría General de la República en un monto menor.
“Esa circunstancia incide en que es absolutamente innecesario que don Carlos permanezca en prisión. Se puede optar por otras medidas que la ley establece y que don Carlos enfrente el proceso en libertad, en una libertad restringida”, aseveró Ramos.
La Fiscalía sustenta la solicitud de prorrogar la prisión preventiva en un posible peligro de fuga, pues alega que ambos implicados poseen plataformas económicas robustas que les permitirían vivir en el extranjero y obstaculizar al desarrollo del proceso penal. Empero, ambos abogados defensores argumentaron que ninguno de sus representados intentará evadir la acción de la justicia ni afectar la investigación, pues todos los elementos probatorios los tienen el OIJ y la Fiscalía.
