“Los ganaderos tomamos la decisión de llevar los animales a dormir a la par de nuestras casas. Yo hice un encierro para que pasaran ahí la noche y esto hizo que perdieran peso porque no comen pasto. Al final, mejor vendí todas las vacas, tanto de engorde como las que producen leche, porque no me estaban dejando más que pérdidas”.
Martín Fonseca, un ganadero de la Rita de Pococí, Limón, fue víctima del hampa el año pasado, cuando unos cuatreros le destazaron tres novillas. Su primera idea para evitar que la situación se repitiera fue tenerlas cerca incluso por la noche, pero al final la medida no funcionó.
Sin embargo, este hombre reconoce que él no es el único en la zona que tomó esta determinación, ya que su vecino, a quien le robaron 13 animales y tuvo que sacrificar uno más en el 2021, hizo lo mismo.
“Él (el vecino de Fonseca) alquiló una finca en una zona que pensaba que era menos peligrosa, pero un día llegó a visitar los animales y ya no estaban; por eso es que mejor los llevamos a dormir a la par de las casas”, recalcó Fonseca.
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Luis Diego Obando, director ejecutivo de la Corporación Ganadera (Corfoga), manifestó que el impacto del robo de ganado genera más que una pérdida económica, ya que hay un efecto psicológico al encontrar un animal fallecido o en partes, porque los delincuentes solo se llevan algunas piezas que cortan en condiciones inapropiadas.
“El impacto es fuerte y negativo para el ganadero, porque producir carne o leche implica una inversión de mediano y largo plazo, y con los robos de ganado esa inversión se va a ver afectada en un abrir y cerrar de ojos. Es devastador, y muchas veces al perder a uno o dos animales, en un grupo de 10, tal vez esa era la ganancia.
“Además, es doloroso porque llegar y encontrar en un potrero un animal destazado es impactante. Asimismo, desde la óptica del consumidor, es complicado porque al final del día esa carne que fue obtenida en condiciones irregulares se vende en algún lugar sin un tratamiento adecuado”, explicó Obando.
Golpe a banda
Estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reflejan que en el 2020 se recibieron 863 denuncias por robo de ganado, mientras que el año pasado bajaron a 823. La mayor cantidad de trámites ingresan los lunes, entre las 6 a. m. y las 8:59 a. m.
Javier Quesada, jefe de la Sección de Hurtos de la Policía Judicial, detalló que al menos en el caso de su unidad, la disminución de este flagelo obedece a que a inicios del 2021 se desarticuló una banda dedicada al robo de ganado.
También, dijo, la reducción en las cifras podría deberse a “los trabajos en conjunto que se realizan entre los distintos cuerpos policiales. Podría ser también alguna labor preventiva que haya realizado Fuerza Pública, o bien que los mismos dueños de ganado hayan tomado medidas. Es difícil decir con exactitud qué influyó en la baja”.
Los miembros del grupo mencionado por el jefe judicial fueron detenidos en abril del 2021, luego de una investigación que permitió determinar que cuatro cuatreros ingresaban en varias fincas del país durante las madrugadas para destazar el ganado, cuya carne luego tomaban y vendían a carnicerías, sodas y taquerías de San José.
Quesada mencionó que tener un dato del perjuicio económico es muy variable, ya que depende del tipo, tamaño y calidad o raza de los animales.
Pese a que el jefe de la Sección de Hurtos no brindó el dato, Luis Diego Obando, de Corfoga, dijo que la carne de un animal, con un peso de 500 o más kilogramos, puede llegar a comercializarse a ¢1.500 cada kilo.
Importancia de la ley
El director ejecutivo de la Corporación Ganadera afirmó que, según su criterio, una de las principales acciones para combatir el robo de ganado fue la aprobación de la Ley de Control de Ganado Bovino, Prevención y Sanción de su Robo, Hurto y Receptación, la cual establece diversas penas en los artículos 20, 21 y 22.
El hurto con desmembramiento o muerte se sanciona con cárcel de dos a 12 años; sin embargo, el castigo se eleva un tercio a quien luego de apoderarse del animal, lo venda, distribuya o comercialice.
También existe una pena de ocho meses a cuatro años para “quien movilice ganado bovino, productos o subproductos obtenidos ilegalmente, sin que se cuente con la guía oficial de movilización establecida en la ley”.
Finalmente, la norma establece un castigo de entre uno y cuatro años para quienes “reciban, adquieran o negocien ganado previamente movilizado sin la guía” correspondiente.
Obando aseguró que a partir de la promulgación de la ley se han coordinado operativos, y agregó que existe una comisión interinstitucional que trabaja en establecer periódicamente las formas de mitigar el robo de ganado.
Para el representante de la Corporación, la posibilidad de que se realicen denuncias en línea es fundamental, ya que eso permite tener un parámetro de la gravedad de la afectación para el sector ganadero, tomando en cuenta que en ocasiones el desplazamiento para hacer denuncias personalmente se complica.
Preferencias
Por otra parte, Javier Quesada, del OIJ, aseveró que “la preferencia (de los ladrones de ganado) siempre va a ser por el ganado especial para la carne. Son muy pocos los casos de robo de ganado para producción de leche”.
El jefe policial también destacó que “es sabido que en las zonas rurales o alejadas (de la ciudad) se da mucho este tipo de actividad comercial (ganadera)”. Incluso, la Memoria institucional de la Policía Judicial establece que los 10 cantones donde más se registra el delito de robo de ganado son: San Carlos, Pococí, Upala, Sarapiquí, Liberia, Nicoya, Los Chiles, Cañas, Buenos Aires y Santa Cruz.
Quesada añadió que las investigaciones han permitido determinar que “parte de ese ganado termina en destaces clandestinos, distribuido en distintos comercios que se dedican a la venta de carne, mientras que otros animales son comercializados en subastas y también pueden ser vendidos a países cercanos a nuestras fronteras por la sencillez y facilidad que existe para pasar por las fincas”.