EscucharEl vecino que asesinó a balazos a Otoniel Orozco Mendoza el lunes por la mañana en el condominio Río Palma, en Guachipelín de Escazú, tenía un juicio pendiente por haberlo agredido antes con un arma, confirmó el Poder Judicial. El caso se investigaba bajo el expediente 22-000175-0283-PE.
Andrés Durán, abogado del homicida, identificado con los apellidos Ramírez Zamora, de 43 años, precisó que su cliente tenía programado el inicio del juicio para el 2 de julio. No obstante, los planes cambiaron este 3 de junio por la mañana, cuando las esposas de Ramírez y Orozco, quienes vivían en casas contiguas, empezaron a discutir por la llave de paso del agua potable.
El pleito escaló y, segundos después, ambos hombres salieron al jardín y se unieron a la pelea. En determinado momento, Ramírez sacó un arma de 9 milímetros (mm), la cargó y se la puso en la cintura, mientras las mujeres continuaban discutiendo. Orozco, de 53 años, intentó golpear en la cara a Ramírez, pero este último sacó el arma y le disparó al menos 10 veces, causándole la muerte, tal como quedó grabado en un video de una cámara de seguridad.
Por este crimen, informó el Ministerio Público, el Juzgado Penal de San José le impuso tres meses de prisión preventiva a Ramírez Zamora, mientras avanza la investigación.
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De acuerdo con Durán, el ataque cometido por su cliente, ahora investigado bajo el expediente 24-000886-0053-PE, se debió a un estado de emoción violenta, ya que tenía problemas con su vecino desde hacía cuatro años.
Según el abogado, además del juicio programado para julio, los hombres se habían enfrentado en al menos seis ocasiones diferentes en juzgados contravencionales. “El occiso construyó un cuarto sin autorización municipal ni del condominio, lo que generaba grietas en las paredes de mi cliente. Eran temas muy molestos. De hecho, mutuamente se golpeaban en las paredes para que el otro no pudiera dormir”, aseguró Durán.
Constantes insultos, cámaras de seguridad dañadas a propósito, golpes en las paredes a altas horas de la noche y cierre de pasos de agua, eran parte de los conflictos. Durán manifestó que la enemistad era recíproca y que lo sucedido la mañana del lunes fue el desenlace de una mala relación entre vecinos. Conocidos les recomendaron a Ramírez y a Orozco que se mudaran, pero esto no sucedió.
Pese a que, para el abogado, su cliente actuó bajo un estado de emoción violenta, para el criminólogo Gerardo Castaing y el abogado penalista Federico Campos hubo premeditación, ya que el agresor cargó el arma y disparó de manera desmedida a pesar de que Orozco estaba desarmado. Ambos consideran que este caso, del cual circula un video en redes sociales, califica como homicidio calificado.
Otra razón por la que no aplicaría el estado de emoción violenta, según Campos, es porque la circunstancia o discusión no ameritaba el homicidio. No obstante, será la justicia la que determine la calificación del delito.
La víctima era empresario, dedicado a asuntos de seguridad privada y padre de una menor de un año y un varón de 19. Según datos del Registro Civil, tenía 20 años de casado y antes de vivir en Escazú, residió en La Peregrina de la Uruca. Por su parte, Ramírez es un empresario dedicado al suministro de insumos para ciclismo, tiene cuatro años de casado y, junto a su esposa, tuvo a su primer hijo en el 2022.
Homicida tenía otra arma más potente
Luego de cometer el asesinato, las autoridades registraron la casa de Ramírez y encontraron un fusil de asalto AR-15, en versión carabina. De acuerdo con la criminóloga Tania Molina, este tipo de armamento no es prohibido, ya que la versión encontrada no era automática. “Para conseguir una legalmente, se deben cumplir ciertos requisitos... entrenamiento, y se tarda años en adquirirlas. No es tan fácil, no cualquiera puede comprar un arma de esas”, comentó la experta.
En casos como este, estimó Molina, “las autoridades juegan un rol importante porque, si analizan los perfiles, uno es un portador de armas y el otro, dueño de una empresa de seguridad, donde pueden mediar armas de fuego en un conflicto; las autoridades debieron abordarlo de una manera particular”, destacó
Según Durán, su cliente tenía el permiso de portación y las armas con sus respectivos permisos, por afición y defensa personal. Ambas fueron decomisadas por las autoridades, con el objetivo de revocar los permisos.
Por su parte, la psicóloga Jackie Solano aseguró que en el incidente de Guachipelín hubo un evidente mal manejo de las emociones por parte de todos los involucrados.
“Lo que uno percibe detrás de lo que pasó es que esas personas tienen problemas serios de fondo, como ansiedad y estrés, algo a nivel emocional que no tiene que ver directamente con el conflicto. En la vida nos recargamos de situaciones no resueltas y pasamos como una olla de presión; por eso, descargamos ante cualquier evento por mínimo que parezca”.
La psicóloga también atribuye este tipo de comportamientos explosivos al estilo de vida que las personas ahora consumen en redes sociales, así como a las series en las que todo se resuelve con violencia y se destaca la posesión de armas.
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