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"Es difícil explicar lo que sucede. Hay tanta violencia, tanto problema. Aquí no se dan cuenta de lo que sucede en la montaña.
“Nadie sabe que pasó. Niñas que quedan embarazadas de 10, 11, 12 años. Ese es un problema muy serio. Esa chiquita se quedó ahí y luego más hijos. Nadie supo el porqué, pero el problema ahí está...”
Sandra Obando Martínez, una mujer indígena cabécar, suplicó así por ayuda judicial, para enfrentar lo que ella denominó como el principal problema de su comunidad: “la violencia contra niñas, mujeres y adultos mayores”.
Su denuncia se escuchó este martes en el auditorio del Poder Judicial, en San José, donde participó como invitada por la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj).
Esta mujer, de 53 años, es vecina de la comunidad indígena de Pacuare Arriba, en el distrito de Chirripó, Turrialba, en la cual hay 70 casas y donde habitan unas 700 personas.
“Sí se denuncia, el problema es que hay que venir a (San José a dar) declaraciones y no vienen. Los fiscales mandan a los muchachos que trabajan como policías y a veces se cansan y se devuelven de camino o preguntan a cuánto vive fulano. Se le dice a cuatro o cinco horas, ¡ah mejor nos vamos! Entonces en otras palabras, yo soy muy tajante para hablar, le echan tierra y hasta ahí”, dijo la mujer.
Para salir o llegar a Pacuare Arriba, los pobladores deben caminar durante cuatro horas hasta la comunidad de Vereh. Allí los lunes o viernes llega un bus, una vez al día, que los traslada hasta el centro de Turrialba, a unos 40 kilómetros de distancia descendiendo la montaña.
“Toda mi vida, por lo que yo tengo conocimiento, los indígenas han sufrido muchísimo en cuanto a esa delincuencia: el maltrato a los adultos mayores, a las niñas, a las mujeres solteras”, recalcó.
La actividad en la cual habló Sandra Obando es organizada por Conamaj en conjunto con el Ministerio Público, y tenía como propósito dar a conocer cuáles comunidades vulnerables recibirán una atención especial, para permitirles que tengan acceso a la justicia. En nuestro país hay 24 territorios autóctonos.
Reacción fiscal
La fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, quien escuchó las palabras de Obando, cuando La Nación le preguntó sobre el tema manifestó: “Vamos a tomar las decisiones para hacer efectivo el derecho a la justicia de esta población”.
“Queremos poner en la mesa un tema tan importante y necesario y buscar modos o formas que les permitan a ellos tener acceso a la justicia pero de una manera eficaz, que el discurso no se quede solo en el papel sino que se ejecuten”, agregó la funcionaria judicial.
Navas explicó que en la actualidad la Fiscalía de Asuntos Indígenas hace su trabajo, pero reconoció que “es muy poco el recurso humano" disponible.
"Pero vamos a tomar decisiones que permitan que más compañeros lleguen a esos territorios. La Fiscalía General en un par de ocasiones se ha presentado en esos lugares, pero espero a finales de enero volver a ir para escucharlos y tomar las decisiones que se tengan que tomar para hacer efectivo ese derecho a la justicia”.
La fiscala indicó que en diciembre pidió a la fiscala adjunta de Asuntos Indígenas, Arianna Céspedes, información estadística para conocer cuáles son los delitos que más afectan a esas comunidades, pero que esa información la tendrá en los próximos días.
“No cabe duda que los delitos que más nos preocupan son los delitos violentos en contra de niñas y adultos mayores”, concluyó.
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