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Las medidas cautelares contra 25 personas investigadas por el caso de presunta corrupción en contratos de obra pública, conocido como el Caso Cochinilla, se han ido suavizando con el paso del tiempo, luego de transcurrido un año y nueve meses después de que estalló el escándalo que involucró al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi),
El Juzgado Penal de Hacienda terminó este martes una nueva audiencia de revisión de dichas medidas, la cual había comenzado el lunes pasado en los Tribunales de Goicoechea.
El Caso Cochinilla, llamado así por la relación que hicieron los investigadores con el parásito que ataca a las plantas y se extiende oculta por debajo del follaje hasta dañarlas, es catalogado el más complejo en la historia judicial, por la cantidad de delitos y actores involucrados.
Los empresarios de construcción Mélida Solís, dueña de H Solis y Carlos Cerdas, gerente de MECO, que son de las figuras más expuestas por su rol dentro de las entidades investigadas, desde el año pasado dejaron de usar tobillera y ahora se les levantó el impedimento para salir del país.
Ambos representantes de las empresas que más contratos de obras públicas desarrollaban en el país, quedaron libres el 26 de marzo del 2022, cuando el Juzgado determinó cesar el arresto carcelario y a partir de ahí las medidas se han ido flexibilizando, pues desde el 26 de setiembre les quitaron la tobillera.
Lo que sigue vigente es la prohibición de acercarse a testigos o a las instalaciones del Conavi y mantener domicilio fijo. De igual forma sigue en pie la fianza por $10 millones, en el caso de él, y $5 millones en el caso de ella. Aunque la Fiscalía ha realizado apelaciones ante los cambios, las mismas no han tenido éxito.
Poco antes de que se levantara el impedimento de salida del país, ya el Juzgado había dado un permiso al empresario Carlos Cerdas, quien estuvo recientemente en El Salvador y ahora podrá salir del país, lo mismo que el resto de los investigados, siempre y cuando respeten las disposiciones que aún deben acatar, ya que están sujetos al proceso investigativo.
En torno a los demás investigados que siguen con medidas, el Poder Judicial informó de que a las personas imputadas Solís (hermana de Mélida), Madrigal, Fallas, Bonilla, Cervantes, Rivera, González, Bolaños, Martínez, Herrera y Castro deben mantener el domicilio fijo y actualizado, así como prohibición de comunicarse con testigos del proceso.
Otras personas de apellidos Chaves, Rodríguez, Quesada, Ortiz, Lobo, Monge, Carmona, Mora, May y Rojas también deben mantener el domicilio fijo y actualizado y no comunicarse ni influir en testigos. Se ordenó seguir con la reubicación funcional pública de dichos imputados en un puesto laboral equivalente y en una institución distinta al CONAVI y al MOPT.
El imputado Sánchez, también debe mantener domicilio fijo y actualizado, no comunicarse con testigos del proceso y en relación a la reubicación funcional se deja sin efecto, considerando que ya no es funcionario público.
Al imputado de apellido Zamora, se le ordena mantener domicilio fijo y actualizado, no comunicarse ni influir en testigos del proceso y se mantiene la medida cautelar de reubicación funcional en el Ministerio de Hacienda.
Lento avance
Erick Ramos, abogado codefensor de Cerdas, afirma que el caso avanza muy lentamente, por esa razón considera adecuado el cambio en las medidas cautelares y afirma que están deseosos de que el proceso avance con celeridad.
“Desde hace más de año y medio en que fue puesto el expediente en manos de la opinión pública ha quedado claro que el daño de los ¢78.000 millones es un mito y ya quedó totalmente superado ese tema”, afirmó Ramos.
A Cerdas y a Solís les devolvieron los pasaportes y se les quitó la restricción de acceso a los hangares de sus respectivas empresas en el aeropuerto Tobías Bolaños, Pavas.
Erick Gatgens, codefensor de la empresaria Mélida Solís, confirmó que esta semana el juez levantó el impedimento de salida del país a todos los imputados, que ahora tienen libertad de tránsito.
“Eso demuestra que al final la imagen del Ministerio Público de que era un tema muy grave y que se iba investigar todo muy rápido no fue tan cierto”, dijo.
Sobre el avance, afirma que solo han salido unos cuantos dictámenes contables del Organismo de Investigación Judicial, pero aparte de eso nada sustancial, pues ni siquiera se ha realizado la apertura de la evidencia, la cual comenzaría en abril, según una reciente notificación a las partes.
Prueba electrónica sin abrir
En torno a este caso, que se investiga en el expediente N.° 19-000025-1218-PE, la Fiscalía informó la semana pasada que sigue en etapa preparatoria de investigación y que las medidas cautelares siguen para 27 físicas y 14 jurídicas.
Añaden que esta entidad valorará gestionar la prórroga de las medidas vigentes conforme a los supuestos previstos en el Código Procesal Penal. Sigue en firme que se trata de una caso de crimen organizado.
“La investigación continúa su curso, procesando una gran cantidad de prueba documental, testimonial y pericial. Están pendientes de realizarse 14 vistas de apelación y la apertura de evidencia electrónica, la cual no se ha podido concretar por inconvenientes procesales”, dijo la Fiscalía.
Cuando se cumplió el primer año de los allanamientos, donde se detuvo a 30 personas, esa entidad informó que la cantidad de investigados llegó a 99 y que a todos se les indagó: se trata de 82 personas físicas y de 17 personas jurídicas. El caso es tan complejo que, solo en el primer año implicó 600 audiencias judiciales.
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En una entrevista de La Nación con Glenn Calvo, quien hasta el 21 de noviembre del año pasado fungió como fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, dijo que desde su punto de vista personal, nuestro sistema no está preparado para este tipo de causas. “No tiene una contención, no solo de recurso físico como tal, sino en activos humanos”, afirmó el funcionario en junio del 2022.
Información actualizada el 24/3/23 con datos del Poder Judicial
