EscucharEl ministro de Seguridad, Mario Zamora y su viceministro, Manuel Jiménez, aseguraron este lunes, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, que mientras el cuerpo élite de Guardacostas operó en bahía Drake, en el 2023, solo decomisó 6,7 toneladas de droga. Defendieron que el traslado de los equipos a los puestos de Golfito y Quepos permitió, en el 2024, duplicar la cifra y alcanzar 11,9 toneladas de droga.
La información; sin embargo, contradice las estadísticas divulgadas por propio Ministerio de Seguridad Pública (MSP) el 14 de abril del 2023, cuando se anunció la apertura del puesto de avanzada en bahía Drake, donde operaba el Grupo de Operaciones Especiales de Guardacostas (GOPES), que reunía a los oficiales mejor capacitados para enfrentar lanchas del narco en aguas abiertas. En aquel momento, las autoridades indicaron que, en solo cuatro meses de operación del puesto, los guardacostas se habían incautado de casi 8,2 toneladas de droga. Una diferencia de 1,5 toneladas con respecto a lo citado este lunes.
La diputada Sofía Guillén, del Partido Frente Amplio, les señaló la inconsistencia, pero ni Zamora, ni Jiménez aclararon la significativa diferencia.
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En la comparecencia, los jerarcas justificaron la salida de Guardacostas de Drake alegando que en el sitio no existe un muelle, lo que pone en riesgo a los oficiales, quienes debían enfrentarse a un oleaje violento para acercarse a las naves de patrullaje fondeadas mar adentro. Manuel Jiménez Steller también argumentó que el ángulo de cobertura desde Drake era muy bajo, mientras que desde Quepos y Golfito se alcanza un rango de cobertura de todo el Pacífico Sur.
En abril del 2023, cuando el puesto tenía apenas cuatro meses de inaugurado, el MSP calificaba a Drake como un punto “estratégico” que permitía “un mejor patrullaje preventivo en el Pacífico Sur”.
“Gracias a este estratégico puesto, el Grupo de Operativos (sic) Especiales (GOPES) podrá realizar patrullajes preventivos, además de dar una respuesta pronta y ágil ante posibles acciones que atenten contra la soberanía nacional”, agrega el comunicado que reseña la inauguración de la estructura de ¢200 millones, en la que participaron autoridades de Seguridad y el vicepresidente de la República, Stephan Brunner.
Menos de dos meses después, según lo declarado por Jiménez Steller, el puesto fue desalojado por las razones antes mencionadas y alegó que esa fue una decisión de Martín Arias, entonces director General de Guardacostas. Aseguró que el puesto no quedó abandonado, como le cuestionaron los diputados, pues ahí quedaron funcionarios de Fuerza Pública.
No obstante, desde mediados de este mes Arias refutó esa aseveración. Indicó que el cierre de junio del 2023 fue temporal, como respuesta a los problemas de mareas altas que se registran en Drake dos veces por año. Aseguró que ese cierre era solo mientras amainaban las condiciones adversas. Además, indicó que ninguna orden de ese tipo se habría sostenido en el tiempo sin el aval de su superior jerárquico, en este caso, el propio Jiménez Steller.
“Le tengo que aclarar al señor Jiménez de que mientras los Gopes estuvieron temporalmente en Golfito (por impacto del oleaje), tenían un plan de trabajo establecido por el comandante de Operaciones, bajo mis indicaciones, de estar patrullando aunque no hubiera alertas. Ellos tenían que ir a Drake para hacer operación preventiva; eso nunca se dejó solo”, dijo en una publicación de La Nación del 16 de octubre anterior.
También dijo que el razonamiento de la falta de muelle no es válido, pues antes de su salida del cargo, en enero pasado (cuando se pensionó), ya estaba aprobada una donación de $350.000 para construir un atracadero en Drake, el cual contaba con permisos municipales. “Desconozco qué pasó después”, dijo.
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Este lunes Mario Zamora aseguró que ese diseño de muelle sí existía, pero que no reunía las condiciones necesarias para aquella zona del país y que, en este momento, dependen de una donación del gobierno de Estados Unidos para retomar esa obra.
Desde el 2020, un equipo de investigadores de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) vinieron a Costa Rica y documentaron que, en un solo año, 500 toneladas de cocaína y otras 600 de marihuana entraron al país por el sector de Drake-Sierpe. La mayoría de la coca se reexporta, mientras que la marihuana inunda las calles del país.
Las investigaciones de aquella época demostraron que lanchas o semisumergibles avanzan hasta la desembocadura del río Sierpe y ahí, escondidos entre áreas silvestres protegidas y fincas privadas, los traficantes llegan con facilidad hasta la carretera Interamericana Sur.
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Faltaron respuestas
Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa no solo convocaron a Zamora y Jiménez para que se refirieran a la desarticulación del equipo táctico que operaba en Drake, en el Pacífico Sur, sino también por el traslado de la Academia de Guardacostas, que migró de Quepos a Pococí, a más de 100 kilómetros del mar.
Durante su intervención, el legislador del Partido Nueva República (PNR) Fabricio Alvarado, cuestionó directamente al ministro Zamora sobre si existía un informe técnico que respaldara el traslado de la academia de Quepos, a 250 metros de la costa, a Pococí, donde solo hay una piscina semiolímpica. Sin embargo, el jerarca evitó responder a la consulta y se limitó a afirmar que esta reubicación obedece a lo establecido en la Ley de Creación del Servicio Nacional de Guardacostas.
Alegó que, “más que un informe técnico”, se ampararon en la ley de Guardacostas, en la que se establece que dicho centro de formación depende de la Academia Nacional de Policía (afincada en Pococí) y que su verdadera sede debería ser en Murciélago, en Guanacaste. Agregó que, además, decidieron dejar en Quepos a un nuevo grupo de operaciones de la naval, que cubra esa parte del Pacífico.
El diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), cuestionó al viceministro Jiménez sobre los recursos disponibles para patrullar las zonas marítimas del Pacífico donde se realizan operaciones de narcotráfico.
“Cuando usted me dice que tenemos cubierto todo el territorio y todo el mar, yo quiero saber si son dos, tres o cuatro lanchas. Tomando en consideración el tiempo que utilizan para interceptar es significativo, entonces yo inmediatamente voy a pensar que no tienen todo el territorio cubierto. Yo lo que quisiera saber es cuántas lanchas tienen”, cuestionó Campos.
El viceministro respondió que dicha información era “de seguridad nacional que yo no debería facilitarle al narcotráfico, indicándole cuántas lanchas tenemos en servicio y cuántos efectivos tenemos en cada lancha”.
Los legisladores también aprovecharon para cuestionarle a Manuel Jiménez que ha ejercido como director interino de guardacostas durante más de ocho meses sin cumplir con los requisitos establecidos en la legislación respectiva. El jerarca insistió en que actúa amparado en las potestades que le otorga su cargo como viceministro.
Aunque la comparecencia se extendió por casi tres horas, los congresistas consideraron insuficientes las respuestas suministradas hasta ese momento. Por eso, mediante una moción de orden, se solicitó convocar a ambos funcionarios a una nueva audiencia, esta vez junto a Martín Arias Araya, exdirector del Sistema Nacional de Guardacostas.
La iniciativa fue aprobada con siete votos a favor por parte de todas las diputaciones presentes, excepto Fabricio Alvarado, quien se ausentó al momento de votar. No se definió una fecha específica para esta nueva comparecencia.
