En 1991, cuando no existía la figura de alcalde como la conocemos ahora, el Concejo Municipal lo escogió como ejecutivo municipal, el cual ejerció hasta 1998. Con la reforma de ese año, pasó a ser alcalde y en las elecciones del 2002 se convirtió en el primer alcalde electo mediante sufragio popular del cantón de San José. Ese cargo lo ostentó hasta 2013, cuando renunció para postularse como candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN).

Estuvo fuera del PLN durante dos años. De hecho, en 2016 ganó la alcaldía por el Partido Alianza por San José, con 23.925 votos que representaron el 40% de los emitidos. En 2020, como candidato del PLN, fue reelegido con 20.843 votos para cuatro años, que concluyen en 2024. Lo acompañan Paula Vargas Ramírez como vicealcaldesa primera y Mario Vargas Serrano como vicealcalde segundo.

Araya nació en San José, el 29 de abril de 1957, pero creció en el cantón de Palmares, Alajuela. Se graduó como ingeniero agrónomo en la Universidad de Costa Rica (UCR), aunque su carrera prácticamente ha sido política. De hecho, es sobrino de Luis Alberto Monge Álvarez, también de Palmares y quien fue presidente de la República entre 1982-1986 y falleció el 29 de noviembre del 2016. Precisamente, Araya Monge se estrenó en como regidor josefino cuando su tío resultó electo mandatario.

El alcalde es hermano del actual candidato presidencial Rolando Araya Monge, quien militó en el PLN, pero ahora se postula por el Partido Costa Rica Justa. Johnny Araya fue candidato presidencial liberacionista en las elecciones de febrero del 2014. Le correspondía enfrentarse en segunda ronda, el 6 de abril, con Luis Guillermo Solís Rivera, del Partido Acción Ciudadana (PAC). Sin embargo, el 5 de marzo, renunció, lo cual, provocó un conflicto que llevó al Tribunal de Ética Interno a suspenderlo como miembro del partido por cuatro años. Una resolución de la Sala Constitucional le permitió regresar después de los comicios municipales del 2016.

Cuestionamientos

El pasado 11 de agosto, La Nación dio a conocer que la Contraloría General de la República sancionó a Johnny Araya por actuar “de manera negligente e imprudente” en pago de parquímetros a una empresa española que instaló los aparatos en San José. En su resolución, la Contraloría ordenó suspender por 30 días y sin goce de salario al jerarca capitalino y otros cuatro funcionarios: Osman Mariano Rodríguez Solís, Edgar Luis Sandoval Montero, Mario Enrique Vargas Serrano y Alexander Cerdas Rojas.

El órgano fiscalizador encontró a Araya como “responsable administrativamente en grado de culpa grave”, por un pago sin “fundamento técnico” de ¢253 millones a la empresa española Setex Aparki, en el 2018. Los hechos se remontan a 2019, cuando el regidor municipal Diego Miranda, con ayuda del diputado frenteamplista José María Villalta, denunció presuntas irregularidades en dineros girados a esa compañía.

Otro caso. El 24 de marzo de 2021, luego de un juicio que tardó un mes, el Tribunal de Juicio de Goicoechea lo absolvió, por duda, de un delito de tráfico de influencias en una causa que se le abrió junto al ex subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa Sánchez, y la exfiscala adjunta, Berenice Smith Bonilla.

A los tres se les había relacionado con hechos ocurridos antes de las elecciones municipales del 2016, cuando, según la Fiscalía, habrían “desvirtuado la información de que Araya Monge figuraba como persona imputada en una causa penal”.

Hace 16 años se dio otra situación. En el 2005, el alcalde negó haber recibido pagos de la empresa de origen canadiense EBI, dueña del relleno sanitario en La Carpio, en La Uruca. En el 2000, la compañía obtuvo un contrato por diez años para recibir la basura del cantón central de San José y la Nación informó el 18 de julio del 2005 sobre un documento firmado por Normande Héroux, gerente financiera de Empresas Berthier EBI hasta diciembre del 2001. La planilla de Héroux llevaba un título en francés que decía: “Convenu avec Johnny Arraya” (Acordado con Johnny Arraya). Araya calificó el documento de “un montaje” para perjudicarlo.

En 2011, la Contraloría General de la República (CGR) recomendó suspenderlo 15 días sin goce de salario por otro caso. La CGR determinó que Araya tuvo responsabilidad administrativa respecto a la ejecución de pagos para el proyecto de renovación del catastro municipal, que data del 2002 y costó al municipio cerca de $2 millones. Sin embargo, no halló razón para hacer cargos en lo civil.