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"Me sorprendió la fecha de este debate, es muy cercana al proceso electoral y, sin duda, era una situación que lesionaba mis derechos como candidato.
“Sin embargo, vine hoy (miércoles 22 de enero) dispuesto a hacer una declaración amplia. Inclusive, celebraba la oportunidad (...), para decirle al país que yo no cometí ningún hecho indebido ni irregular en su momento. No me voy a referir al fondo, pero puedo decir claramente que tengo todos los argumentos para demostrar que yo nunca debí haber estado en este juicio”.
Con esas palabras Johnny Araya Monge, actual alcalde de San José, cuestionó que el juicio por el presunto delito de tráfico de influencias que fue pospuesto este miércoles, se agendara a dos semanas de las elecciones municipales.
Finalmente, el debate no arrancó por una “incapacidad psiquiátrica” de Berenice Smith Bonilla, exfiscala adjunta, quien junto con Araya y el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, figuran como imputados en esta causa.
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El jerarca municipal insistió en que ha sido una “víctima” en este proceso, pero dijo estar preparado para el momento en el que se le convoque nuevamente para asistir al debate.
Araya aseguró que expedientes que tuvieron audiencias preliminares “mucho antes” que la de ellos fueron fechados para juicio a mediados de año, por lo que consideró que en este caso hubo “premura” para el arranque.
"Me pareció inconveniente que estando tan cerca un proceso electoral se definiera una fecha de esta manera. Yo señalé que me estaban lesionando derechos como candidato y, bueno, aquí se ha hablado mucho en los últimos tiempos de la judialización de la política; me parece que hay un poco de eso, pero en todo caso, al final de cuentas yo vi el juicio como una gran oportunidad para poder hablar de lo que nosotros tenemos como argumentos, en lo personal, para defender una actuación absolutamente transparente.
“Tengo una serie de argumentos que también han circulado en otras instancias de la Corte Suprema de Justicia donde me dan la razón en lo que estoy diciendo. Hice apelación diciendo que estaban lesionando mis derechos, me parecía que este juicio no debía ser en desenlace de un proceso electoral; sin embargo, se mantuvo y vinimos a cumplir, por lo que no me iba a abstener de declarar”, aseveró Araya.
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El aspirante a reelegirse en la Alcaldía de la capital dijo que para la fecha en la que ocurrieron los hechos por los que se originó la investigación él estaba viviendo “el momento más adverso” de su carrera política, tras ser expulsado del Partido Liberación Nacional (PLN).
“Era candidato de un partido absolutamente desconocido, no tenía ningún poder como para poder influir o presionar a ningún funcionario público”, recalcó.
El caso
A los tres implicados en este caso se les relaciona con hechos ocurridos antes de las elecciones municipales del 2016, cuando, según la Fiscalía, habrían “desvirtuado la información de que Araya Monge figuraba como persona imputada en una causa penal".
El político aparecía, junto con otras tres personas, en una causa por el supuesto delito de influencia contra la Hacienda Pública, del cual, al final, fue desestimado en marzo del 2016.
Por estos hechos, se abrieron dos expedientes penales, uno contra Gamboa y otro contra Smith y Araya.
No obstante, como en abril del año pasado 39 diputados votaron a favor de destituir a Celso Gamboa como magistrado penal por interesarse “indebidamente” en asuntos judiciales del empresario cementero Juan Carlos Bolaños, la acusación se agrupa ahora en un mismo expediente para los tres.
Los hechos que originaron el primer expediente se remontan a diciembre del 2015, cuando este medio pidió al Ministerio Público corroborar si Johnny Araya y los otros 604 candidatos a alcaldes tenían investigaciones abiertas.
La presunta anomalía en el expediente en que figuraba Araya consta en una denuncia presentada ante la Inspección Judicial por la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas.
De acuerdo con la funcionaria, en la gestión a favor del actual jerarca municipal habrían intervenido el entonces fiscal adjunto Celso Gamboa y el asistente de la Fiscalía General, Justo Pastor López, así como la otrora fiscala adjunta de Probidad, Berenice Smith.
Según el artículo 52 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, el tráfico de influencias es castigado con pena de prisión de dos a cinco años.
Nota del editor: Esta información actualizada a las 3:55 p. m. del 23 de enero del 2020.
