EscucharAnte los cuestionamientos por la censura que le impuso este jueves el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José al Ministerio de Justicia, la jueza a cargo aclaró: no se trata de que la cartera tenga prohibido hablar de temas penitenciarios, sino que el fallo se limita únicamente a no brindar información a la prensa sobre la situación actual de la cárcel de San José, mejor conocida como San Sebastián, y será solo por el plazo máximo de una semana.
A las 11: 26 a. m. de este 1°. de octubre, la juzgadora Mayra Acevedo hizo esa adición a la resolución que ella misma emitió este jueves en la tarde. Allí se obligó a Justicia a “abstenerse de realizar manifestaciones, consideraciones u opiniones que pongan en entredicho la independencia judicial”, mientras se decide si se reabre o no esa prisión, que tiene orden de desalojo desde el 2016. Además, la juzgadora explicó que esa medida atípica buscaba garantizar que la decisión judicial sobre el futuro de esa cárcel esté “libre de todo tipo de injerencia y control” y que, por ende, sea “absolutamente imparcial”.
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Esas palabras fueron interpretadas por la ministra de esa rama, Fiorella Salazar, como una prohibición rotunda de brindar cuentas sobre todo tipo de asunto penitenciario, al punto de que, pasadas las 6 p. m. de este jueves, envió un breve video a la prensa explicando que, desde ese momento, no podían hacer referencia a esos temas. De hecho, este medio solicitó una entrevista con Salazar la mañana de este viernes, pero su oficina de prensa insistió: “En acatamiento de la orden judicial, la ministra no se referirá ni a ese tema ni a temas del quehacer penitenciario”.
Sin embargo, la jueza Acevedo aseguró, en la adición de este viernes, que su decisión aplica solo para asuntos relacionados con San Sebastián y que vencería en el momento en el que se decida qué pasará con la medida correctiva de desalojo. Esa misma funcionaria prevé que ya para la otra semana eso esté resuelto.
Al respecto, Salazar señaló fue su despacho el que solicitó, desde el jueves, una aclaración de los alcances de ese fallo y que, en respuesta, Acevedo remite esta información. Dentro de la solicitud, Justicia también pidió conocer la fundamentación jurídica de esa resolución, pero sobre este último aspecto aún no hay respuesta, indicó la ministra en otro video facilitado por prensa.
Comentarios para “presionar”
Según dijo jueza Acevedo, la medida atípica nace a raíz de comentarios y aseveraciones que la propia Salazar ha hecho en diferentes medios de comunicación, así como en redes sociales de la entidad, en donde la ministra insiste en la necesidad de abrir ese centro, porque les permitiría sacar a los reclusos que saturan celdas judiciales a la espera de ser ingresados al sistema penitenciario.
La juzgadora hizo mención de dos de esos comentarios hechos en el Facebook e Instagram oficiales de la institución, respectivamente:
1. “Confiamos en que las personas que pueden tomar decisiones para que esta situación no lleve al límite al país, las tomen en el momento oportuno. Tenemos más de 300 espacio sin utilizar en el CAI San José”.
2. “Nos preocupa que el Poder Judicial no comporta la urgencia que tiene el país por determinar si en el CAI San José se pueden recibir personas que se están acumulando en celdas judiciales y reprogramen por tercera vez, la visita del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José. Cada día que pasa aumentan las personas que ingresan al sistema penitenciario nacional y no pueden hacerlo, a pesar de los espacios que ese centro tiene disponibles”.
Esas publicaciones, indicó Acevedo, tienen el único fin de ejercer presión sobre la decisión. “Tales comentarios, realizados en un proceso judicial en trámite, podrían ser considerados como una forma de ejercer presión para que, quien tiene la potestad de adoptar la decisión final, acoja la petición en los términos en que es cursada y genera, además, en la opinión pública una perspectiva que podría estar alejada de la realidad y del ordenamiento jurídico”, justificó Acevedo en esa adición.
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Añadió que esa medida está sustentada en jurisprudencia relacionada “con el ejercicio del principio de independencia judicial y de juez natural” y que, de ninguna manera, se trata de una censura velada, como lo hizo ver Salazar.
La juzgadora concluyó: “En ese sentido, se insiste en que dicha medida tiene como único objetivo evitar que se ejerza algún tipo de control político y mediático al momento de resolver sobre la pertinencia o no de abrir el CAI San José, toda vez que se parte de que la justicia es aplicada de forma imparcial, objetiva y libre de toda injerencia”.
Pese a lo dicho por la jueza, la oficina de prensa de la Sala Constitucional confirmó la recepción de dos recursos de amparo presentados en contra de lo dictado por Acevedo. Uno es de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y otro de la misma jerarca de Justicia.
Decisión de reabrir o no
La cárcel de San Sebastián fue cerrada por el juez de Ejecución de la Pena de San José, Roy Murillo, en el 2016, tras calificarla como una “jaula humana”. Cuatro años después, en octubre del 2020, la jueza Irene Barrantes visitó esa infraestructura para darle seguimiento a aquella medida correctiva y valorar si se levantaba o se sostenía el desalojo. No obstante, debido a que las condiciones degradantes y el hacinamiento aún permanecían, decidió mantenerla en firme.
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Justicia alegó en días recientes que la inversión que le han hecho a esa infraestructura es millonaria, por lo que lamentó que los jueces no levanten la medida de desalojo, en momentos en los que el ministerio alega no poder recibir más reos porque no tiene espacio. Indicó que ese espacio les funcionaría para evitar que las celdas judiciales se abarroten de reclusos que están a la espera de ser ingresados a un centro penal; al jueves eran 311 presos en esa condición.
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Sobre esto, la Fiscalía General emitió un comunicado en donde apoya la reapertura de esta cárcel, ya que, aseguraron, permitiría aliviar el hacinamiento en celdas judiciales. Por ello, el Ministerio insiste en pedir el cese de esa medida correctiva y, como parte de ese llamado, la jueza de Ejecución nuevamente visitó este miércoles esa prisión para constatar cómo están las instalaciones. A partir de ese recorrido, la juzgadora solicitó una serie de informaciones a Justicia para determinar, en el plazo máximo de una semana, si reabre o no ese centro penal, que tiene 40 años de existir.
Entre los datos que pidió la jueza para mejor resolver se incluyen: el resultado de la vacunación contra covid-19 en toda la población penitenciaria, las medidas adoptadas entre el 2016 y el 2021 para reducir la población en cárceles. En cuestiones más específicas del CAI San José, solicitó un informe sobre las mejoras de ese centro penal e indicar si existe posibilidad de modificar su infraestructura para crear más espacios para los reclusos.
También pidió las previsiones que se han considerado para respetar los protocolos de distanciamiento en las celdas de San Sebastián, así como un documento donde se detalle “las previsiones, gestiones y proyecciones realizadas para la construcción de un nuevo centro penal para indiciados”.
Toda esa información, Justicia la debe facilitar en el término de tres días hábiles a partir de la notificación de ese fallo. Una vez que se cuente con todos los informes necesarios, la jueza emitirá la próxima semana su criterio y decidir si se abre o no ese centro penal.
