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Patricia Solano Castro fue juramentada este lunes 22 de junio como nueva presidenta de la Sala de Casación Penal, luego de la renuncia al cargo del magistrado Jesús Ramírez.
La renuncia de Ramírez ocurrió el viernes anterior, apenas tres días después de una polémica audiencia, dirigida por él, en la que el máximo tribunal penal del país declaró primero sin lugar, y luego inadmisibles, dos recursos de los abogados del presidente Carlos Alvarado en el caso de la UPAD, sin haber escuchado los alegatos de las partes: los de la defensa y los de la Fiscalía General.
La designación de Solano Castro fue acordada de forma unánime por el seno de la Sala de Casación Penal ese mismo día y fue juramentada este lunes por Fernando Cruz, presidente de la Corte Plena.
“Para mí, representa un honor y un reto asumir esta nueva posición. Es en esta nueva etapa de gestión, que continuaré con mi compromiso de trabajo, adquirido desde hace más de treinta años de servicio a este Poder Judicial que tanto aprecio tengo y que me ha enseñado que el desempeño con integridad y con exigencia de calidad, es el baluarte que debe regir cada acción que realicemos en el ejercicio de nuestra función pública”, manifestó la magistrada, según reseña un comunicado del Poder Judicial.
En la actualidad, la Sala III está integrada por la magistrada Solano y su compañera Sandra Zúñiga Morales, así como los magistrados Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Jesús Ramírez Quirós y Álvaro Burgos Mata.
“Trabajamos como equipo y bajo la consigna del respeto, de la legalidad e integridad funcional, en garantía de la ética y la probidad que cobija nuestros actos. Trabajamos y trabajaremos a paso firme y contundente para la mejora de nuestros procesos”, agregó Solano.
Es magistrada de la Sala de Casación Penal desde noviembre del 2018 y asumió como vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia en enero del 2019.
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La polémica sesión
La audiencia del martes pasado, en la Sala III, tenía por objetivo discutir dos gestiones por actividades procesales defectuosas presentadas por los abogados del presidente Alvarado, quienes argumentaron que la Fiscalía se extralimitó en el allanamiento a Casa Presidencial, el 28 de febrero, al secuestrar información relevante para la seguridad nacional, las relaciones internacionales y la salud pública, junto con datos de terceros ajenos al proceso.
Sin embargo, al comienzo de la vista, Ramírez declaró a los presentes que se declaraban sin lugar y luego inadmisibles, las actividades procesales defectuosas, sin que las partes hubiesen expuesto sus argumentos.
“La actividad procesal para interponer esas..., sobre la prueba tanto pericial como testimonial, no es este el momento procesal. En cuanto a la apertura de la prueba, ustedes van a estar presentes y la señora fiscala y, si ustedes consideran que se está extralimitando la apertura de documentos que no proceden, es ahí donde ustedes hagan valer sus derechos”, dijo Jesús Ramírez.
En el video de la sesión, se escucha que alguien le habla al oído y se suspende la sesión por cinco minutos.
