En medio de la pandemia del nuevo coronavirus, diferentes jueces de Ejecución de la Pena pidieron a las autoridades penitenciarias tomar las medidas necesarias que permitieran descongestionar las cárceles.

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Aquellas solicitudes las hicieron a principios de abril, cuando la enfermedad tenía pocos días de haber llegado al país; no obstante, los meses pasaron y, al 13 de julio pasado, Justicia solo había reubicado a un régimen semiabierto a 180 presos.

Esa cifra representa apenas el 1% de toda la población penal que tiene el sistema (poco más de 16.000 personas).

Cuando los juzgadores emitieron esos criterios, pidieron darle prioridad de egreso a los presos que tuvieran factores de riesgo ante esta enfermedad.

Sin embargo, pese a múltiples intentos de este medio para conocer cuántos privados de libertad entran en esa categoría, Justicia sigue sin brindar los datos y por la comparación se hace con respecto al total de la población penal.

También se le consultó por la cantidad de valoraciones que fueron rechazadas en estos meses, pero al cierre de este artículo no se obtuvo respuesta.

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Este dato trasciende apenas unos días después de que falleciera el primer recluso a causa de covid-19, el pasado 8 de agosto, luego de que se le denegara el cambio de régimen en abril y se contagiara de la enfermedad en julio en la cárcel Luis Paulino Mora, en Alajuela.

Al 17 de agosto, Justicia reportó 298 casos de nuevo coronavirus, de los cuales 204 reclusos son activos, 89 recuperados, cuatro hospitalizados y uno fallecido.

¿Qué pasa?

Pese a que actores de la escena penal cuestionan la labor de Justicia en este contexto, el Ministerio se justifica al decir que el Instituto Nacional de Criminología (INC), ente encargado de otorgar los beneficios carcelarios, tiene claro que estos no son asuntos de “cantidad”.

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“El INC entiende que las valoraciones (...) representan decisiones de mucha responsabilidad (tanto que una persona pase al semiinstitucional como que permanezca en el institucional), pues de por medio no solo está la vida, sino también la seguridad ciudadana”, apuntó un correo electrónico facilitado.

En ese sentido, agregó, el Instituto continúa apegado a la directriz emitida en la circular 4-2020, del 21 de abril pasado, en donde se explica que el criterio médico será el punto de partida para hacer la valoración extraordinaria, pero que también se cruzará dicha información con el perfil criminal del solicitante.

A partir de ahí se analiza si es una persona idónea. Sin embargo, en la práctica, los solicitantes supuestamente no cumplen con los requisitos, alegó Justicia.

Por ejemplo, entre las principales causas de rechazo está el “apoyo externo inexistente o no viable, aspectos criminológicos que podrían afectar a terceros, aspectos de índole victimológico, aspectos convivenciales inadecuados con riesgo a terceros”, detalló el Ministerio.

Agregó que, como parte de las razones para denegar el permiso, está que el reo pide el egreso y no tiene factores de riesgo ante la covid-19, el cual es un requisito indispensable para optar por el beneficio.

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La lentitud con la que se han manejado estos procesos genera preocupación en diferentes actores, entre ellos Marco Feoli, quien fuera viceministro y ministro de Justicia en la administración pasada.

Feoli lamentó que, pese a que los organismos internacionales de derechos humanos pidieron desde febrero a los países incorporar a las cárceles como espacios vulnerables, actualmente la tasa de contagio por cada mil habitantes “es más alta dentro de las cárceles que fuera de ellas”.

Por eso, insistió en que es “necesario” despolitizar estas decisiones e instó a las instituciones a “decirle a la gente no lo que quiere escuchar, sino lo que necesita saber y la gente necesita saber que descomprimir las cárceles en este momento (...) es un deber legal, constitucional y una estrategia sanitaria para evitar que el riesgo de contagio sea mayor dentro de las cárceles, pero también afuera”.

Feoli recordó que en este caso no solo está en juego la vida de los internos, sino que también de todos los trabajadores penitenciarios y, en general, de la ciudadanía, ya que “el virus no respeta los barrotes”.

Sobre la cantidad de reubicaciones, apuntó: “Hay mecanismos legales que quedan en manos del sistema penitenciario para tomar las decisiones de egreso que se tengan que tomar, pero tienen que tomarse. No pueden ser unas cuantas personas, porque el tema de fondo seguiría ahí”.

Por su parte, la Unidad de Ejecución de la Pena de la Defensa Pública aseguró que, desde el comienzo de la pandemia, interpuso ante los distintos Juzgados de Ejecución de la Pena varios incidentes de medidas correctivas a favor de los presos. Dichas peticiones fueron acogidas y se resumieron en la solicitud de los juzgadores de sacar a los reos con riesgo.

Esa Unidad señaló, en respuesta a este medio, que ha seguido muy de cerca este proceso, sobre todo porque han notado que en algunos casos las autoridades penitenciarias deniegan el beneficio carcelario sin un fundamento sólido.

“Sobre la ejecución y cumplimiento de esta medida, la Defensa Pública ha requerido informes de cumplimiento a través de los jueces de Ejecución de la Pena, ha interpuesto incidentes de queja por falta de fundamentación en las resoluciones administrativas que deniegan egresos o ha requerido la fijación de mecanismos alternativos de cumplimiento, gestiones que se encuentran en trámite”, señaló en un correo enviado.

Los jueces de Ejecución de la Pena aseguraron hacer lo propio al solicitar informes a Justicia para velar por el cumplimiento de la orden dada en abril.

Se le consultó al Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNPT), adscrito a la Defensoría de los Habitantes, sobre su postura con relación a este tema y su director, Róger Víquez, mencionó que aún no han realizado ningún análisis al respecto.

No obstante, “se encuentra en trámite una solicitud de información realizada la semana pasada pero aún no tenemos respuesta”, apuntó.

La Defensoría de los Habitantes pidió el 3 de agosto un informe detallado a Justicia para conocer cómo tratan este tema a lo interno, luego de que, a su criterio, el aumento “vertiginoso” de reos con covid-19 pusiera en entredicho el buen manejo de la pandemia en las cárceles.

Circulares en detalle

Cinco días después de que trascendiera el primer caso de nuevo coronavirus en el país, el INC emitió la primera circular al respecto, la 2-2020.

Ese oficio, de fecha 11 de marzo, procuraba resguardar a la población de mayor riesgo: adultos mayores, diabéticos, hipertensos, mujeres embarazadas o con niños en lactancia.

Bajo esa directriz, el INC egresó a 120 presos, de los cuales la mayoría (31) provenían de la cárcel de Liberia, en Guanacaste.

Sin embargo, la 2-2020 fue derogada el 21 de abril pasado, cuando el INC emitió la segunda circular (4-2020) para incluir la petición expresa de varios jueces de ejecución de la pena, en el sentido de analizar a cualquier persona, siempre que tuviera factores de riesgo ante la covid-19.

En dicho oficio del INC se indicó entonces que se deberá estudiar tanto el perfil clínico, como el criminal. En caso de darle permiso de egresar, su caso será analizado cada tres meses para valorar si continúa en el régimen semiabierto o si debe volver a prisión.

Así las cosas, bajo esa directriz que aún está vigente se han reubicado a 60 personas, de las cuales dos ya han sido remitidas al INC para su revaloración.

“En estos casos corresponde a cada centro semiinstitucional valorar el caso y enviar la recomendación pertinente al INC para decir si lo deja en ese régimen o si pasa de vuelta al institucional”, apuntó Justicia.