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Un mes. Eso fue lo que tardó el Ministerio de Justicia y Paz en encontrarle un posible arreglo a la saturación de las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La congestión de estos espacios judiciales se comenzó a notar el 31 de julio pasado y, pese a que la Policía Judicial y magistrados urgían de una solución, no fue hasta la mañana de este martes que la cartera ejecutó acciones al respecto.
Según comunicó la oficina de prensa de esa entidad, Adaptación Social decidió recibir a 158 presos provenientes de celdas judiciales y ubicarlos en nuevos módulos del Centro de Atención Integral (CAI) Luis Paulino Mora, en San Rafael de Alajuela.
Esta cantidad de personas representa un 82% del total (192) de reos que estaban ayer bajo custodia del OIJ, pese a que ya tienen sobre sus hombros una prisión preventiva impuesta o una condena.
Justicia detalló que los espacios en donde fueron colocados están “recién finalizados” y que, pese a que su objetivo inicial era albergar a población sentenciada, de momento será utilizada para contener también a indiciados (acusados de un delito).
“Aunque los nuevos módulos se construyeron para atender pronunciamientos de la Sala Constitucional, órdenes sanitarias y medidas correctivas de los jueces de ejecución de la pena en las que se solicitaban mejoras a las condiciones de los alojamientos para personas sentenciadas de ese centro, la pandemia obligó a darle un nuevo uso”, se lee en el comunicado enviado.
No se refirieron a cuál será el plan con el resto de las personas que aún están en celdas judiciales y que deben ubicar en alguna cárcel del país.
Lluvia de críticas
Esta acción se da pocos días después de que la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano, criticara fuertemente la pasividad con la que Justicia trataba el tema.
En una comunicación que mantuvo con Salazar la semana pasada, la alta jueza indicó: “Desde inicios del mes escucho (que) siente preocupación, pero no observo acciones de las que pueda derivar una voluntad de cumplir las obligaciones constitucionales y legales del Ministerio de Justicia y Paz y recibir y atender a las personas detenidas por los jueces de la República”.
En esa misma línea, el magistrado de Sala Tercera, Gerardo Rubén Alfaro, reprochó que el Poder Ejecutivo traslade al Poder Judicial un problema que no les compete: la administración de los privados de libertad.
“El punto es que el Ejecutivo tiene que articular de alguna forma para poder solucionar, pero nos trasladan el problema a nosotros (...). Justicia nos ha trasladado un problema que no tenemos la capacidad para solventar (...). Nos está agregando un problema a los tantos que tenemos a diario.
“No tenemos la posibilidad de decirle a un juez que no ordene una prisión preventiva, porque el juez está dentro de independencia de definir si una persona merece o no una prisión”, señaló el magistrado la semana anterior en entrevista con este medio.
