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El Ministerio de Justicia valora modificar la licitación para contratar al nuevo proveedor de tobilleras electrónicas, luego de que un oferente señalara que estaba hecha para una sola empresa.
La entidad confirmó que baraja tal posibilidad un día después de que La Nación divulgara los cuestionamientos planteados por la compañía Soluciones Integrales (SOIN) contra el requisito establecido en cuanto al peso de los dispositivos.
Representantes de la firma consideran que establecer en el cartel un peso máximo de 130 gramos no tiene fundamento técnico, dejaría fuera del concurso a casi todos los oferentes y solo beneficiaría al actual proveedor del servicio de monitoreo electrónico de reos.
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Por ello, solicitaron ampliar el rango de peso entre los 125 gramos y los 280 gramos, bajo el alegato de que era el tope que se usaba a nivel mundial y que permitiría mayor participación de proveedores.
“Al ser solamente un oferente de la industria de monitoreo el que podría cumplir con dichas condiciones, consideramos que se lesiona la naturaleza jurídica de la licitación pública internacional.
“De modo que no se cumplirían los elementos esenciales de una competencia justa y abierta”, recalcó Mauricio Esquivel, apoderado general de SOIN, en un oficio enviado el 12 de febrero a la Proveeduría Institucional de Justicia por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
La compañía que maneja una tobillera con el peso que solicita Justicia en la nueva licitación es Buddi Limited, la cual es socia comercial de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y, por ende, el actual proveedor del monitoreo electrónico. El grillete de Buddi pesa 128 gramos.
Al respecto, Fiorella Salazar, ministra de Justicia, aseguró en primera instancia que la decisión de imponer como máximo los 130 gramos de peso no era antojadiza.
Salazar alegó que todas las especificaciones técnicas “se fundamentaron en la información aportada por seis empresas nacionales e internacionales que participaron en el estudio de mercado, así como en las lecciones aprendidas por la institución en los cuatro años de brindar el servicio de monitoreo en el país”.
En segundo lugar, detalló que en el mercado hay empresas que ofrecen dispositivos con pesos menores a los 130 gramos. “Por lo que rechazo de forma vehemente las insinuaciones de que el cartel se hizo a la medida de algún proveedor”, subrayó la ministra en un comunicado de prensa.
No obstante, la funcionaria comunicó que al tratarse de una consulta que llegó formalmente al proceso licitatorio, sí se valora la posibilidad de modificar el cartel en relación al peso máximo del dispositivo que se está solicitando.
No detalló cuándo se podría conocer la decisión de Justicia, pero sí aseguró que la disposición se tomará basándose en la calidad de vida de las personas monitoreadas. “Por eso el tema de la no estigmatización y la salud de esta población es un tema fundamental para la institución”, dijo.
Más solicitudes
Este comunicado oficial de Justicia se da también un día después de que otra empresa, llamada Enersys MVA Costa Rica S.A., pidiera una aclaración sobre el tema del peso de la tobillera.
En su oficio, que fue ingresado a Sicop la mañana del 17 de febrero, Marco Vargas, representante legal, mostró preocupación por la limitación porque “no identificamos en la normativa costarricense relacionada un apartado que la justifique”.
Agregó que, en la normativa internacional, tampoco hay referencia a un peso máximo. “Hay dispositivos de hasta 280 gramos que son usados sin violentar la libre movilidad de la persona monitoreada”, señaló Vargas.
Por ello, al igual que la empresa SOIN, solicitaron una modificación a ese apartado que permita concursar a compañías que tengan aparatos con hasta 280 gramos de peso.
Tanto la solicitud de modificación planteada por SOIN como la de Enersys, se encuentran todavía en trámite; es decir, Justicia aún no responde.
