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Después de semanas llenas acusaciones entre el Ministerio de Justicia y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) por las fallas en el sistema de monitoreo electrónico, ambas partes dejaron atrás los enfrentamientos y firmaron un acuerdo para intentar darle sostenibilidad al proyecto.
Según confirmó la oficina de prensa de Justicia, la reunión ocurrió la noche del martes en el Ministerio de la Presidencia, siendo esta la primera vez que ambas instituciones se sientan en una misma mesa a negociar.
Entre los puntos importantes del acuerdo resalta la creación de una comisión interinstitucional que se encargará de determinar cuáles factores provocan que los reos con tobilleras puedan desconectarse del sistema.
Es decir, investigará si se trata de una falla tecnológica, de pérdida de señal GSM o de falta de control por parte de las autoridades.
Por tratarse de una decisión tan reciente, no se conoce cómo será la logística ni el trabajo de dicho equipo; lo único que aseguró la ministra, Marcia González, es que los resultados de esta labor estarán, a más tardar, en un mes.
Las problemas empezaron en junio pasado, cuando Justicia reveló que las tobilleras estaban agotadas, a lo que la ESPH respondió que si bien tuvieron atrasos de importación ajenos a su control, el Ministerio estaba atrasado en el pago de $1,5 millones por el servicio.
Los reclamos por la falta de dispositivos se repitieron en setiembre, cuando el país ya tenía más de 1.500 reos con una tobillera bajo monitoreo.
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El 16 de ese mismo mes, la ESPH aseguró que 600 personas que usan este dispositivo estaban desaparecidas puesto que dejaron descargar la batería, y el rastro de alguno de ellos estaba perdido desde hace un año.
Aseguraron que eso denotaba deficiencias por parte de Justicia, encargada de darle seguimiento a los reos, cuando el sistema alerta que el dispositivo está apagado.
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Sin embargo, esa cartera desmintió que el problema se diera porque la batería se descargó; y más bien alegó que esto ocurría porque el aparato se quedaba sin señal para transmitir los datos al centro de monitoreo y, añadió que esos eran problemas técnicos que la ESPH debía resolver.
Apuntó, también, que pese a la falta de comunicación con el beneficiado, el monitoreo sí se realiza, puesto que los policías los llaman o visitan.
Se le consultó a la oficina de prensa por el dato de cuántas personas tienen reportadas sin conexión al día de hoy, pero señaló que no existe un dato único, “puesto que es una situación que cambia a cada minuto”.
Este reparto de acusaciones derivó en que tanto la jerarca de Justicia, como personal de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y jueces de ejecución de la pena tuvieran que dar explicaciones en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
En cuanto a la reunión de este martes, tanto González como Daniel Vargas, encargado de Desarrollo de Negocios de la ESPH, se mostraron satisfechos por los acuerdos alcanzados.
“Para nosotros ha sido muy satisfactorio concretar acuerdos esta noche, principalmente el restablecimiento de la comunicación continua entre las instituciones a nivel estratégico, así como el desarrollo de un plan de trabajo conjunto para robustecer el servicio y garantizar la seguridad de los ciudadanos", recalcó Vargas.
Otras mejoras
Los acuerdos alcanzados en la reunión nocturna incluyen una mejora del software que usan las tobilleras, para discriminar cuando el sistema reporta una desconexión grave, de una desconexión temporal.
Es decir, según las autoridades penitenciarias, el dispositivo puede reportar una desconexión, pero, al minuto después, puede aparecer conectado. Esto se conoce como alerta no crítica, porque posiblemente se trató de un reo que olvidó cargar la tobillera, pero que, a la primera llamada de Justicia, se puso en regla.
Entonces, la nueva plataforma haría una discriminación de las alertas, para darle prioridad a las que sí requieren de una atención inmediata, por ejemplo, cuando el reo no responde las llamadas durante cierto periodo de tiempo. Se prevé que el cambio esté listo en noviembre.
Esto, a criterio de la ministra Marcia González, va a hacer “muchísimo más ágil la plataforma y va a hacer que el trabajo desde el centro sea mucho más eficiente para determinar cuáles son las causales de la pérdida de comunicación de algunas de las personas”.
Para conseguirlo, la ESPH se comprometió a continuar con las capacitaciones continuas a los funcionarios de Justicia, que se ofrecen desde que comenzó el programa de monitoreo en febrero del 2017.
Además, suministrará a esa cartera un paquete extra de dispositivos para atender la regionalización del programa. No se brindaron datos de cuántos aparatos significan.
Mientras que, por el lado del ministerio, trabajarán para mejorar la infraestructura de la Unidad de Monitoreo Electrónico. Se consultó más detalles sobre este proyecto, pero el departamento de prensa no ha respondido a la consulta.
Fuertes ataques
Dicha reunión entre ambas instituciones se da horas después de que Grupo Cesa, aliado de la ESPH en el contrato de monitoreo, brindara una conferencia de prensa para desmentir a la ministra de Justicia, Marcia González.
Días atrás, la jerarca de la cartera aseguró que la problemática con las tobilleras se debía a que se usaba “tecnología obsoleta”, sin agregar mayores argumentos.
Juan David Rothe, representante de Grupo Cesa, no escondió su molestia y afirmó que no era de recibo la actitud de González.
Por el contrario, invitó a la ministra a revisar qué pasaba a lo interno, en lugar de estar achacando culpas a quienes no correspondía.
“La tecnología no es la que falla. Lo que falla es la administración del centro de monitoreo de Justicia. Esto es como tener un hospital con los mejores doctores, pero que el administrador no sepa cómo manejarlo. De nada sirve”, concluyó.
