El Juzgado Penal de Pavas dejó en libertad a una pareja que es investigada por tener a su hijo, de 9 años, en estado de desnutrición y optó por otras medidas cautelares, pese a que la Fiscalía solicitó prisión preventiva.

Se trata de un hombre de apellidos Bonilla Marín, de 45 años, y una mujer apellidada García Aguilar, de 54, a quienes la Fiscalía señala como sospechosos de tentativa de homicidio calificado en perjuicio del menor.

Ambos fueron aprehendidos este jueves por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de una investigación ordenada por el Ministerio Público.

Según las autoridades, el niño ingresó al Hospital Nacional de Niños en una condición crítica de salud, ya que presentaba “un importante cuadro febril y desnutrición severa”, por lo que se remitió el dato a la institución fiscal.

Fue a partir de eso que se abrió una causa que terminó con la detención. Posteriormente, la Fiscalía de Pavas indagó a García y Bonilla y los remitió al Juzgado Penal de la zona para la audiencia de solicitud de medidas cautelares.

En esa diligencia, la representación fiscal pidió prisión preventiva contra la pareja; sin embargo, el juez dispuso que ambos deberán mantener domicilio fijo, firmar una vez al mes, permanecer en Costa Rica y también deberán presentarse ante las autoridades cada vez que se les llame (caución juratoria).

La Fiscalía comunicó este viernes que apeló la resolución, por lo que se encuentra a la espera de que se señale una nueva audiencia, en la que reiterará su solicitud de que se les ordene la prisión preventiva.

‘Cuido inadecuado’

La investigación desarrollada por el OIJ, después de que se recibiera el dato de la condición del niño, permitió establecer ”que el cuido que se le daba al menor por parte de sus encargados no era el adecuado”.

Al remitir ese dato al Ministerio Público, este ordenó la detención de estas dos personas, diligencia que tuvo lugar en Pavas, San José, frente a la casa en la que ambos vivían.

El delito de tentativa de homicidio es castigado con una pena de entre 20 y 35 años de cárcel, según el Código Penal.

Esa legislación, en su artículo 24, explica que “hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un delito, por actos directamente encaminados a su consumación y esta no se produce por causas independientes del agente”.

Intervenciones del PANI

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) manifestó que ellos realizaron intervenciones a esta familia desde mayo del 2018.

Por medio de su oficina de prensa, la entidad detalló que en la oficina local de Pavas hay un expediente abierto con atenciones psicosociales y legales realizadas.

“Por ser un caso judicial, podemos informar sobre la intervención de manera general (...), pero no se pueden dar detalles de las acciones realizadas”, precisó la institución.

Agregó que desde que se tuvo conocimiento del caso, han mantenido coordinaciones con el Hospital Nacional de Niños, la clínica de Pavas, la Fiscalía, el Ministerio de Salud, el OIJ y Fuerza Pública.

También precisaron que “dos hermanos (del menor que figura como víctima) han estado bajo la protección del PANI y fueron ubicados con recurso familiar”.

Como el niño de 9 años permanece internado en el centro médico, afirmaron que de momento “se está valorando recurso familiar para cuando tenga el egreso hospitalario”.