EscucharEl Juzgado Penal de Sarapiquí, en Heredia, dura nueve meses, en promedio, en aprobar una intervención telefónica en investigaciones relacionadas con narcotráfico o crimen organizado, reveló este lunes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, durante la sesión semanal de Corte Plena.
El dato lo hizo público el jerarca durante la comparecencia del fiscal general interino, Warner Molina Ruiz, citado por los magistrados, para que rindiera el informe de labores, luego de nueve meses en el cargo. Durante su exposición, Molina no había hecho referencia a ese tipo de inconvenientes en la tramitación de las pesquisas, que dijo no eran de su conocimiento.
El presidente de la Corte mencionó que la información de los atrasos la obtuvo de un informe que solicitó al Departamento de Planificación, sobre los tiempos de duración en el trámite de solicitudes judiciales en lugares como “Pococí, Batán, Limón, Sarapiquí y Puntarenas que, según me dicen, podrían ser las fiscalías más calientes en temas de crimen organizado y narcotráfico”.
Fernando Cruz sobre este mismo tema añadió: “Me encontré que en diligencias de allanamientos, el Juzgado Penal de Sarapiquí tarda cuatro meses en responder, en promedio. Falta entrar en detalles, pero para una fiscalía en temas de cualquier índole, que le duren cuatro meses en promedio en solicitudes de allanamiento, es mucho. En el tema de los anticipos jurisdiccionales de prueba, el Juzgado Penal de Limón dura un mes y tres semanas para responder y en Puntarenas, el Juzgado Penal, el promedio es de cuatro meses y una semana.
“Es decir, con la trascendencia que tienen estas diligencias probatorias, es un tema que va más allá de esas estadísticas que nos hablan de casos terminados, pero imagínese nueve meses para una intervención telefónica (...). Solo quería informarle porque son indicadores de cosas urgentes en una delincuencia tan singular que requiere una respuesta particular y quería conocer si usted tiene más elementos de juicio sobre el tema”.
Warner Molina dijo no conocer de esas situaciones. “Evidentemente tenemos una falla en el personal fiscal en no hacer las comunicaciones correspondientes y al no gestionar los prontos despachos (potestad que tiene una parte en un proceso de pedir se resuelva una solicitud cuando se pasó el plazo correspondiente). No he visto ese atraso tan escandaloso, puede estar ocurriendo voy a hablar con los fiscales o fiscalas”.
Otros atrasos
Sin embargo, el tema de los largos tiempos en la autorización de diligencias no fue lo que predominó en la comparecencia de Molina, pues también se habló de las complicaciones en el trámite de asuntos referidos a corrupción. Lo anterior, porque la magistrada Patricia Solano Cordero, de la Sala Tercera, hizo referencia a que recientemente el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, ganó un recurso de amparo en un asunto que lleva 20 años en tribunales, sin que se dicte un fallo final.
Al respecto, el fiscal general interino, respondió que parte del problema es que es un juzgado único, el Juzgado Penal de Hacienda con sede en Goicoechea, el que se encarga de conocer todos los asuntos del país tanto de alta lesividad jurídica como lo de poca lesividad. “Los que no son de alta son los más sencillos y son los que señalan primero y los de alta se van quedando rezagados por años y son los casos que acaparan la atención, porque son los casos que impactan a la sociedad.
“Una solución que el Ministerio Público planteó a la Corte era que se descentralizara la jurisdicción penal de Hacienda, para que el Juzgado Penal de Hacienda no sea el único juzgado que conozca de delitos funcionales y que por el contrario sea el juzgado que conozca de casos de corrupción de alta lesividad”, declaró.
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Fernando Cruz dijo que sobre esa gestión está pendiente de conocerse en Corte Plena un informe jurídico sobre la viabilidad de aplicar ese cambio.
Asimismo, Warner Molina se refirió a que este año se abrieron 194.752 casos nuevos, que significan una gran carga de trabajo para los fiscales, pues aunque hay casos de fácil resolución, la gran mayoría requiere de muchos trámites. Hizo ver que en casos de corrupción se recibieron 1.872 causas y en cibercrimen fueron 9.811 denuncias.
También mostró preocupación porque en los asuntos de delitos sexuales existe un alto grado de sentencias absolutorias, motivadas por la falta de pruebas sobre todo porque las víctimas, debido al tiempo trascurrido de los hechos, olvidan pormenores del suceso y eso conlleva a que los jueces se inclinen por eximir de cargos al imputado por duda, ante la falta de pruebas.
Warner Molina había asumido la jefatura del Ministerio Público en junio del año anterior luego de que Emilia Navas Aparicio se acogió a su pensión, en medio de cuestionamientos por la participación de su esposo Francisco Campos Aguilar, como defensor de imputados en el llamado Caso Cochinilla. Molina en al actualidad es uno de los 11 aspirantes al puesto, cuya designación debe hacer la Corte Plena.
