Juzgado pide dos pruebas documentales antes de resolver la posible salida de prisión de Mélida Solís

La audiencia para cambio de medida cautelar en la que participó la empresaria Mélida Solís, dueña de la constructora H Solís, con sus defensores concluyó sin que todavía se resuelva su eventual salida de prisión.

Así lo confirmó su codefensor, el penalista Erick Gatgens, quien afirmó que luego de día y medio en los Tribunales de Goicoechea, se pudo avanzar en cuanto a la prueba testimonial y pericial que habían ofrecido para su gestión.

Todavía quedan pendientes dos pruebas documentales por recabar, la cuales fueron admitidas por la jueza a cargo, Carolina Lizano.

Al parecer se trata de documentos en los que se certifique un padecimiento de Solís y que su debida atención es inviable en el centro penitenciario Vilma Curling, por lo que existe la posibilidad de que se le disponga casa por cárcel, con el uso de tobillera, para que reciba el cuidado médico que requiere.

Los abogados esperan obtener dichas pruebas de un médico forense la semana entrante para ponerlas a disposición de la Fiscalía y del Juzgado, de modo que se fije una nueva audiencia en la que se harán los alegatos y se tomará la decisión final, considerando que es un caso de derechos humanos.

“No estoy autorizado a indicar de qué se trata, pero es diferente a la del empresario Carlos Cerdas”, dijo Gatgens.

Mélida Solís llegó a la audiencia esposada y acompañada por dos custodias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y regresó en la tarde al Centro de Atención Integral Vilma Curling, en Desamparados.

Al consultarle sobre la situación de salud de la empresaria, Gatgens afirmó que está estable.

“La situación de salud de ella es delicada, de cuidado, pero en este momento está estable. Padece un problema a nivel de sus arterias que hay que cuidar”, dijo.

Se mostró satisfecho con lo actuado en la recién concluida vista, al estimar que la jueza señaló con prontitud la audiencia para conocer las peticiones de las partes.

Eso es lo correcto, cuando una persona está sufriendo prisión preventiva, el trámite debe ser suficientemente expedito por estar en juego el valor fundamental que es la libertad que, después de la vida, es el más importante.

Resolución por escrito

Este miércoles la audiencia para solicitar el cambio de medidas cautelares se desarrolló de 9 a. m. a 12:30 p. m. y a partir de la 1:30 p. m. se siguió con el empresario Carlos Cerdas, gerente de MECO, y su abogado Erick Ramos.

Esa audiencia también contó con la presencia de Cerdas, quien llegó esposado a la cita que terminó a las 4:30 p. m. La jueza afirmó que dará el resultado por escrito en los próximos días.

La solicitud planteada es un cambio de medidas cautelares por cambio de circunstancias, pero sobre el fondo del asunto Erick Ramos dijo que no podía ampliar detalles.

El abogado dice que echan mano de un recurso de la ley procesal costarricense, que ofrece muchas opciones con el fin de garantizar el aseguramiento del proceso sin necesidad de cárcel, y así lo han planteado a la jueza.

“Como no ha terminado de resolver el Juzgado, no le puedo dar detalles por respeto a las partes”, dijo Ramos.

Al final de esa audiencia el fiscal adjunto anticorrupción, Glenn Calvo, dijo a Telenoticias que esa entidad ha insistido en que ambos empresarios deben seguir en prisión, por los peligros procesales que existen.

Afirmó que en el caso de Cerdas, su defensa ofreció el pago de una fianza o caución real por $5 millones, como garantía de apego al proceso y para que se deje libre a Cerdas con otras medidas cautelares.

En junio pasado ese empresario había puesto a la orden del Juzgado bienes por ese mismo monto y, aunque inicialmente se le aceptó la fianza, luego, por una apelación de la Fiscalía, se derogó ese beneficio.

Ahora habrá que esperar la resolución de la jueza, con base en lo expuesto durante la audiencia.

Carlos Cerdas y Mélida Solís permanecen detenidos desde el 14 de junio, cuando se realizaron 57 allanamientos por presuntas irregularidades en contratos viales con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Dichas anomalías habrían provocado entre el 2018 y el primer trimestre del 2021 un déficit de ¢78.000 millones al Conavi. La Fiscalía indagó por este caso a 75 personas físicas y a representantes de 12 personas jurídicas.