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El Juzgado Penal de Hacienda confirmó que el próximo 28 de febrero se realizará una audiencia privada, para conocer una acusación planteada por el Ministerio Público contra una persona investigada por tráfico de influencias en favor del empresario del cemento Juan Carlos Bolaños.
Bolaños era el apoderado de las empresas Sinocem Costa Rica S. A. y Alquiler de Maquinaria S. A.
La Fiscalía General confirmó que la acusación se realizó únicamente en contra de una persona. En cuanto al resto de los investigados, “este despacho formuló el requerimiento conclusivo correspondiente, según la prueba valorada”, dice la Fiscalía.
Añade que el expediente está en una etapa que es privada, por lo que no es posible brindar las identidades de las personas que corresponden a cada resolución de la Fiscalía, ya que eso se dará a conocer durante la audiencia preliminar. Esa disposición se apega al artículo 295 del Código Procesal Penal.
La acusación que va a audiencia fue planteada por el Ministerio Público en el expediente 17-000082-1218PE.
En este caso se investigaron llamadas que dos exdiputados habrían hecho a Vanessa Rosales entre el 2010 y el 2014, cuando ella era la presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), con el presunto fin de que se le adjudicaran a Bolaños licitaciones para diversas obras públicas.
Los investigados fueron los exdiputados Wálter Céspedes Salazar (Partido Unidad Social Cristiana, PUSC) y Víctor Hugo Víquez (Partido Liberación Nacional, PLN).
También se investigó al empresario Juan Carlos Bolaños, al exdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) Mariano Figueres Olsen y a Guido Marín Quirós, exproveedor de la CNE.
Con la muerte de Mariano Fiqueres, el 25 de setiembre del año pasado, la acción penal contra él se extinguió, tal y como lo dispone el artículo 30 del Código Procesal Penal.
Bolaños actualmente es investigado por los supuestos delitos de peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito. Fue capturado el 3 de noviembre del 2017 en Atenas.
Actualmente goza del beneficio de casa por cárcel y usa tobillera electrónica.
El caso de Bolaños tiene su origen en el otorgamiento, por parte del BCR, de dos dudosas líneas de crédito hasta por $30 millones, a la compañía Sinocem Costa Rica, para la importación de cemento chino.
En cuanto al presunto delito de tráfico de influencias que se sigue en un expediente aparte, esto es lo que se conoce:
“En resumen, él personalmente (Juan Carlos Bolaños) y sus empresas fueron beneficiados o se intentó que se beneficiaran en licitaciones con la intervención de dos señores exdiputados (...). En una sí se logró y en las otras no, quedó en tentativa porque la señora Vanessa Rosales no accedió a los trámites que hicieron las personas sospechosas de cometer presuntamente estos ilícitos”, dijo la fiscala general, Emilia Navas, en diciembre del 2017 cuando dirigió un allanamiento en la casa de los exdiputados Wálter Céspedes y Víctor Hugo Víquez.
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