EscucharDiversos delincuentes, quienes actúan tanto en grupos como de manera individual, robaron 88 kilómetros de cable de cobre telefónico, el equivalente a un viaje en la ruta San José– Caldera, durante el 2021. Así lo reveló este lunes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que precisó que ese cableado pertenece al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), una de las instituciones más afectadas por el robo de bienes al Estado en todo el país.
Además del cable, los ladrones también sustraen las arquetas (las tapas que se colocan en las aceras para cubrir el cableado subterráneo que permite brindar servicios de Internet y telefonía a miles de hogares), partes de la vía férrea, tornillos de la misma y medidores de electricidad, con el objetivo de comercializar el cobre y otros metales en una chatarrera o centro de acopio.
Por el cobre, los hampones reciben entre ¢4.000 y ¢4.500 por kilo, precisó Dowglas Rodríguez Badilla, subjefe de la Sección de Hurtos de la Policía Judicial, quien destacó que quien compra estas piezas también incurre en un ilícito, por lo que se expone a un proceso judicial.
Pérdidas millonarias
El dinero que reciben los malhechores dista del perjuicio económico que llegan a tener el ICE, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), esto sin tomar en cuenta la afectación que perciben los usuarios, que pasan horas sin el servicio. Rodríguez detalló que durante el año pasado, solo la primera de las instituciones registró pérdidas económicas de más de ¢5.000 millones por los robos, mientras que de las otras no manejaba los datos.
No obstante, el Incofer compartió a La Nación los datos de los daños sufridos por hechos que se presentaron en diversas comunidades del Caribe durante el 2021 y estos superan los ¢244 millones. En otras partes del país, dijo el Instituto, aún están en cálculos, ya que es a partir del costo de las reparaciones que se estima la afectación económica.
“El año pasado se contabilizaron 2.541 denuncias por robo de bienes del Estado. En el mes de junio empezó a subir, se contabilizaron 286 denuncias; en julio hubo 313 y en agosto 334, ya para setiembre empezó a bajar y se registraron 269, esto a porque se empezaron a hacer operativos con algunas Policías Municipales y los diversos entes afectados, en donde se ingresaba a los centros de acopio y se realizaban decomisos de algunos de estos bienes.
“También hemos estado desarrollando algunas investigaciones y todas las semanas, en las noches y en conjunto con la Fuerza Pública, se realizan trabajos que permitieron que en diciembre ingresaran apenas 81 denuncias por estos hechos en todo el país”, explicó el subjefe policial, quien agregó que San José es la provincia donde más hechos de este tipo se registran, seguida de Alajuela.
Llamado a denunciar
Rodríguez hizo un llamado a la población para que reporten el robo de cable u otros artefactos, ya que son situaciones que generan una afectación. Recordó que las denuncias se pueden hacer mediante el sistema de emergencias 9–1–1, en las delegaciones de Fuerza Pública o de manera confidencial al 800–8000–645, del OIJ.
“Hubo un caso reciente en Hatillo 5, donde un habitual (indigente) de la zona a vista y paciencia a todos los vecinos levantó en horas de la tarde una arqueta, que es bastante pesada, la desprendió de la acera y caminó con ella varios metros y nadie hizo nada. También hemos detectado que luego de que se da un robo de cable en alguna localidad los compañeros llegan, hacen las entrevistas y dicen que vieron cuando se dio el hecho; sin embargo, no recolectaron ningún tipo de información o no saben en qué vehículo se movilizaban ni características de las personas, que son importantes para que nosotros comencemos la investigación”, manifestó el subjefe de la Sección de Hurtos.
Marcelo Solano Ortiz, director de la Policía Municipal de San José, destacó: “El robo al patrimonio público debe cuantificarse por el daño que se le hace a la sociedad y no por el valor económico del pedazo de metal que se roban. El daño que se le hace a la sociedad es, por mucho, superior al valor en el mercado del pedazo de metal que sustraen. Mientras no se haga esa valoración nuestras comunidades y nuestras ciudades van a seguir siendo víctimas de la destrucción que le están realizando estas personas”, aseguró.
Añadió que se están tomando medidas para prevenir el robo de materiales del Estado. La primera consiste en sustituir los metales valorizables por materiales sin valor de reventa, como plástico prensado o fibra de vidrio y la segunda es a través de una reforma de ley para limitar los horarios en el que los negocios que compran las piezas robadas pueden operar. Dos años atrás se prohibió el funcionamiento de las tiendas de compra y ventas en las horas de la noche para disuadir la venta de objetos robados.
Así operan
El jefe policial josefino hizo un llamado a la responsabilidad empresarial de no comprar bienes del Estado, los cuales son sustraídos, regularmente, durante las noches y madrugadas por indigentes; empero, tanto él como Dowglas Rodríguez coincidieron en que hay estructuras organizadas actuando por su propia cuenta.
“Hay organizaciones de crimen organizado que se dedican a este tipo de flagelo, algunos de ellos utilizando indumentarias similares a las que tienen las empresas del Estado, ponen camiones, conos, señalización y realizan el robo de varios metros de cable; sin embargo, también existe el indigente de la calle que aprovecha la oportunidad y en cualquier momento destapada una arqueta en la acera y corta un pedazo de cable o se sube a un poste y corta un pedazo de cable y eso nos afecta mucho”, insistió Rodríguez.
Solano, en tanto, destacó que la Policía Municipal de San José cuenta con un equipo dedicado a intervenir chatarreras en coordinación con el OIJ y la Fuerza Pública y reconoció que rara vez se suele encontrar activos públicos robados en los centros que operan de manera legal, lo que significa que la mayoría de estos materiales terminan en chatarreras ilícitas. Algunas de las denominadas “zonas calientes” se encuentran en Hatillo, La Carpio, Pavas, Sabana y La Uruca, lugares donde las chatarreras clandestinas suelen ser más comunes.
