La Corte Plena determinó este lunes que no afectaría al Poder Judicial un proyecto de ley, impulsado en la Asamblea Legislativa, para regular el ‘lobby’.
Con la decisión tomada por una mayoría de magistrados, el plan se podrá aprobar en el plenario con mayoría simple, es decir, mitad más uno de los diputados presentes.
En la Corte Plena, se abstuvieron de votar los siete magistrados de la Sala Constitucional.
El objetivo de este proyecto es registrar y mostrar al público las reuniones de jerarcas y diputados con defensores de intereses particulares .
El magistrado Porfirio Sánchez, de la Sala Segunda, quien se encargó del análisis de la iniciativa contemplada en el expediente 21.346, dijo: “Se está en presencia de un proyecto de ley que responde a un clamor social surgido también en esta Corte Suprema de Justicia, que no afecta la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial".
"No obstante, resulta pertinente hacer mención que se ve positivo que haya una legislación que regule las interacciones entre funcionarios públicos con toma de decisión y los ciudadanos y ciudadanas, así como las personas usuarias”.
En agosto pasado, este mismo proyecto fue conocido por la Corte Plena, pero en aquella ocasión se estimó que sí afectaba al Poder Judicial porque, en el caso de la magistrados, dejaba la aplicación de las sanciones a la Asamblea Legislativa en caso de infracción, pero luego se modificó y se dejó esa potestad sancionatoria a la Corte Plena.
El plan sobre el lobby obligaría a los funcionarios a llevar una agenda pública de las reuniones que sostienen con representantes de los sectores.
La iniciativa ya fue aprobada en comisión, luego de que se acogiera un nuevo texto en el expediente, que impulsa la jefa de fracción socialcristiana, María Inés Solís.
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Aparte de crear un registro sobre los lobistas que gestionan intereses de sus respectivos sectores ante actos administrativos, proyectos de ley o decretos ejecutivos, la iniciativa busca transparentar los procesos de toma de decisiones en todos los niveles y los poderes del Estado.
La intención es regular los mecanismos de publicidad a los que deben someterse los servidores públicos cuando interaccionen con sujetos privados que realicen actividad de lobby o cabildeo en función de sus intereses.
El registro de lobistas propuesto por la iniciativa será público y la encargada de mantenerlo actualizado y disponible al público, será la Procuraduría de la Ética Pública (PEP). Eso sí, cada órgano, ente o institución del Estado quedará obligado a entregar y mantener actualizada la información sobre ese registro.
Oposición
La Corte Plena también se pronunció esta mañana sobre otro proyecto en trámite legislativo, que es el expediente 21.608, que se denomina Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE)
Sobre este plan que fue analizado por el magistrado William Molinari, de la Sala Primera, la Corte Plena estimó que sí afecta el funcionamiento del Poder Judicial porque, en el artículo 44, se dispone “la creación de tribunales especializados pertenecientes al Poder Judicial con competencia exclusiva sobre las mismas, los que pueden adoptar sistemas o jurisprudencia jurídica”.
Molinari agregó que el proyecto no especifica si se trata de juzgado o tribunales ni en que zonas se deberían de ubicar.
Además, señaló que el proyecto no prevé las fuentes de financiamiento. Con esta decisión de los magistrados, el proyecto para ser aprobado requerirá del apoyo de 38 diputados para ser considerada ley de la República.
El proyecto fue presentado en octubre pasado por los diputados Pedro Muñoz y María Inés Solís y lo que pertende es crear espacios que impulsen el desarrollo de actividades económicas más productivas en las regiones con menor desarrollo del país.