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El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José convocó a quienes tienen medidas cautelares por supuesta corrupción en obras viales del Caso Cochinilla, a una audiencia que durará siete días hábiles a partir del lunes entrante, en la cual se discutirá sobre la eventual prórroga de esas medidas.
Lo anterior, al acoger el Juzgado la solicitud planteada por la fiscal Diana Hernández Gamboa. Aunque la mayoría de convocados participarán por videoconferencia, por medio de la plataforma Microsoft Teams, los que sí deberán presentarse a los Tribunales de Goicoechea son los empresarios Carlos Cerdas, gerente de la constructora MECO y Mélida Solís, dueña de H Solís, ambos de 61 años.
Los dos empresarios están privados de libertad y tienen que estar presencialmente en la audiencia porque en los centros penitenciarios no se les puede facilitar por tantos días una conexión a la plataforma, en compañía de sus abogados. En la convocatoria la jueza penal, Marjorie Valenciano Arias, indica que las sesiones serán orales y privadas y se realizarán del 18 al 26 de octubre desde las 8:30 a. m. a las 4:30 p. m., con excepción de la audiencia vespertina del lunes 25, la cual no se realizará.
La audiencia de medidas será virtual en acatamiento a las normas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud debido a la pandemia de la covid-19. Dichas medidas fueron asumidas por el Poder Judicial, de modo que la mayoría de investigados participará de forma virtual. En los casos presenciales, se seguirán todos los protocolos de aforo, distanciamiento y otros, dice el señalamiento firmado por la jueza Valenciano.
Abanico de medidas
Además de la prisión preventiva dictada contra los empresarios Cerdas y Solís, el Juzgado ordenó arresto domiciliario contra varios funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), así como la separación temporal del cargo. Otros investigados tienen prohibición de acercarse al Conavi en un radio de un kilómetro, así como de acercarse a testigos. La medida cautelar de impedimento de salida del país rige para la mayoría de los investigados y también se ordenó a otros firmar periódicamente en los Juzgados.
Dos de los sospechosos tuvieron una audiencia separada. Se trata de Juan Carlos Abarca, gerente de la constructora Also Frutales y Luis Alberto Ureña, funcionario del Ministerio de Ambiente y Energía. El primero ha tenido que firmar una vez por semana, no puede salir del país y no puede realizar ningún trámite en el Conavi ni acercarse a coimputados de esa entidad. Por su parte, Abarca quedó libre y sin medidas, según el juez penal Félix Calderón Ruiz.
La gran mayoría de esas acciones se dictaron la noche del 26 de julio, al finalizar la audiencia de medidas cautelares contra los otros 28 detenidos, la cual duró diez días. A ellos se les capturó en 57 allanamientos realizados el 14 de junio por parte del Organismo de Investigación Judicial, con dirección funcional de la Fiscalía. Entre los detenidos hay funcionarios del sector público, empresarios, empleados del sector privado y particulares.
Según lo investigado, las anomalías que se les atribuyen a los sospechosos habrían provocado entre el 2018 y el primer trimestre del 2021 un déficit de ¢78.000 millones al Conavi. La Fiscalía indagó por este caso a 75 personas físicas y a representantes de 12 personas jurídicas.
En julio la jueza Ana Carolina Lizano dispuso que los empresarios Mélida Solís y Carlos Cerdas podían pagar una fianza para quedar libres, pero luego esa medida fue denegada y el 19 de julio Solís quedó en prisión preventiva en el Centro de Atención Institucional Vilma Curling, conocido como El Buen Pastor, en Desamparados, mientras que Cerdas quedó preso dos días después en el Centro de Atención Institucional San José, más conocido como San Sebastián. Ambos descuentan cuatro meses de prisión, los cuales podrían prorrogarse la semana entrante.
Aunque los abogados de ambos empresarios han apelado la prisión preventiva, sus gestiones no han progresado, pues la Fiscalía insiste en que hay peligros procesales que pueden verse afectados con su libertad. Los primeros días de setiembre la defensa de Mélida Solís presentó un incidente por enfermedad que fue analizado en una audiencia el 15 de setiembre y que todavía está a la espera de exámenes forenses, para que el Juzgado determine si procede o no.
De igual manera, Erick Ramos, defensor de Carlos Cerdas, presentó una solicitud para cambio de medidas cautelares del empresario el 23 de setiembre, pero la jueza Carolina Lizano rechazó esa solicitud, por lo que el gerente de MECO también sigue tras las rejas.
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