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La Fiscalía presentó este jueves ante los jueces de Pavas el audio de la llamada hecha al sistema de emergencias 911 por parte de la familia del bebé de 13 días, fallecido en Alajuelita el 7 de mayo del 2019, como última prueba contra los padres, que son sospechosos de asesinarlo.
Cuando la operadora pregunta cómo está el niño, el abuelo del menor dice que el chiquito no responde, luego la madre del niño le indica que sangraba por la nariz, razón por la cual se les aconseja que deben ponerlo en una mesa y comenzar de inmediato las maniobras de resucitación.
Al transcurrir la escucha de ese audio, la madre comenzó a llorar y al descompensarse el presidente del Tribunal le permitió dejar la sala de juicio. También le dijo al padre que si quería podía dejar la sala, pero este se quedó en su asiento escuchando el audio.
Desde que la operadora contestó la llamada transcurren unos 16 minutos hasta que llega la ambulancia. En ese lapso la encargada del 911 le indicaba a la familia que ya la ambulancia iba en ruta y que mientras tanto, con dos dedos de la mano (índice y medio), le hicieran 15 compresiones en el tórax al pequeño y que luego le dieran dos respiraciones pequeñas boca a boca y que repitieran ese ciclo hasta que llegaran los socorristas.
Pese a ello, fue imposible salvarlo. Cuando la ambulancia llegó a la clínica el menor iba con las pupilas dilatadas, coloración azul de la piel y de las mucosas por oxigenación deficiente de la sangre y no se le escuchaban los latidos. Ahí se declaró fallecido.
El debate se realiza en los Tribunales de Pavas desde el 29 de setiembre y este viernes a partir de las 9 a. m. se presentarán las últimas pruebas documentales y se espera escuchar el audio con la declaración anticipada que dio días después de los hechos una hermanita del fallecido, para luego entrar a fase de conclusiones y que luego los jueces fijen la fecha de sentencia.
Según el fiscal Mario Andrés Castro, el menor fue víctima del síndrome de niño agredido y durante la escucha de los testigos se pudo verificar que las lesiones que presentaba ocurrieron luego de que el recién nacido fue sujetado de la cadera y golpeado fuertemente contra un objeto contuso.
Los imputados son un hombre de apellidos Madrigal Pérez de 33 años y su esposa apellidada Montero Rojas, de 28. quienes fueron detenidos el mismo día que el menor fue declarado fallecido en la clínica de Alajuelita.
El niño tenía trauma craneofacial, hemorragias internas en la cabeza, fractura clavicular, moretes en las ingles y traumas en el tórax.
En su declaración realizada el miércoles en la mañana, Madrigal, el padre del menor, afirmó ser inocente y dijo que cuestionó el tratamiento que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) le ha dado al asunto, presentándolo como un “monstruo” para la sociedad y cuestionó las disposiciones de esa entidad en torno a su relación con los otros tres hijos que tiene en común con su esposa. Los pequeños están en hogares solidarios y bajo la responsabilidad del PANI.
Madrigal negó que fuese un hombre violento, que maltratara sus hijos y a se esposa. Dijo que el día en que murió su hijo él estaba trabajando en reparación de portones con un tío, cuando le entró una llamada de su esposa diciendo que el bebé tenía dificultades para respirar, por lo que se apersonó a la clínica de Alajuelita y ya el niño estaba sobre una mesa de acero inoxidable, ya sin vida.
Sin embargo en la declaración del martes, la esposa sostuvo que una vez, durante una discusión por dinero él le lanzó una silla. Ambos padres estuvieron en prisión preventiva tras su detención, pero luego se les cambió la medida cautelar de modo que quedaron libres pero firmando cada mes en el Juzgado Penal.
Además de la pareja, han declarado vecinos, agentes policiales, una patóloga forense, cruzrojistas y quienes atendieron al niño a su llegada a la clínica.
El defensor de la madre acusada es el penalista Ricardo Gamboa, quien ha insistido en que el recién nacido falleció producto del mal manejo de la crisis que sufrió luego de que contrajo una bacteria durante una visita previa al Hospital Nacional de Niños.
Por su parte, María Giovannia Acosta, defensora del padre, también atribuye a un mal manejo de la atención médica, la muerte del menor.
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El juicio está a cargo de los jueces Simón Guillén, María Aurelia Rodríguez y Paúl Fuentes Sing, quien lo preside.
