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El empresario Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca, y su esposa Andria Araya Bougle, enfrentan desde este jueves un juicio como sospechosos de infringir el Código de Minería pues, presuntamente, una empresa de su propiedad extrajo piedra sin permiso de un lugar público en Río Blanco de Limón.
El debate se realiza en la sala 8 del nuevo edificio de los Tribunales de Juicio en Limón.
Los hechos que se juzgan sucedieron entre el 2010 y el 2012 y se descubrieron luego de que las autoridades recibieron denuncias de organizaciones comunales, en el sentido de que estaban extrayendo materiales sin permiso en Río Blanco.
La empresa que supuestamente hizo los trabajos fue Excavaciones Araya S. A., la cual es presidida por Andria Araya y donde Gilbert Bell Fernández figura como tesorero.
En este mismo asunto, que se tramitó en el expediente 12-000291-0063-PE, estuvo inicialmente investigado el alcalde de Limón, Néstor Mattis Williams, pero fue exonerado de cualquier cargo debido a que el Ministerio Público no encontró pruebas en contra del funcionario público.
Macho Coca es un empresario limonense a quien también el Ministerio Público acusó en diciembre pasado por el delito de usurpación de bienes de dominio público, por la construcción de un muelle en Portete, Limón, en una franja de terreno del Estado. Por ese mismo caso se había presentado ante la Asamblea Legislativa a declarar.
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Relato incriminador
El geólogo Esteban Bonilla, quien declaró como testigo en el debate, dijo que las denuncias las plantearon asociaciones de desarrollo de Río Blanco, pues había vagonetas sacando material de un tajo, las cuales habían destruido las calles de la comunidad.
La queja la presentaron al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y a la Municipalidad de Limón.
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Bonilla, quien labora para el Minae, dijo que hizo dos inspecciones en el sitio, la segunda fue a pedido del Fiscal Adjunto de Limón, en aquel momento Alexánder Mora y que la hizo en compañía de oficiales del Organismo de Invetigación Judicial (OIJ).
En un primer sitio, un kilómetro al sur del súper Las Brisas, se detecta la zona de la extracción. Hay huella de maquinaria y hay indicios de un tajo donde se ve que hubo extracción de material”, relató.
El geólogo explicó que con un sistemas de ubicación GPS marcó el lugar, que está en un terreno público, aunque no precisó a quién pertenece.
El especialista manifestó que él era la única persona en Limón que podía autorizar la extracción de materiales y no había firmado ninguna autorización para ninguna cantera.
Señaló que en aquel momento sí se habían dado dos permisos, uno a la empresa Rafael Herrera, para sacar material del río Banano, y otro a la empresa Tajo Chirripó, para que aprovechara piedra del río del mismo nombre.
“No hay ningún permiso otorgado en esa zona ante lo cual esa extracción es ilegal” señaló.
Materiales similares
Esteban Bonilla explicó que también le tocó analizar material que había sido lanzado en el tajamar en Limón (detrás del edificio de los Tribunales de Justicia), como parte de un proyecto municipal para construir una plaza para actividades culturales que incluía un bulevar de más de 90 metros de largo a un lado del mar.
Esa obra la pretendía desarrollar la Municipalidad de Limón y la denominaron como proyecto Plaza Cacao, que formaba parte del plan gubernamental Limón Ciudad-Puerto.
Para realizar dichos trabajos, el municipio suscribió la contratación directa CD-000154-01PM, en diciembre del 2011, con la empresa Excavaciones Araya, la cual debía entregar 200 metros cúbicos de piedra bola de 10 a 12 pulgadas, así como de 200 m³ de piedra grande.
Bonilla manifestó que al comparar el material del tajamar con el que había en Río Blanco “guardan una identica similitud”, pero que no podía confirmar que esas piedras fueran las extraídas de Río Blanco.
Precisó que el material lanzado al mar equivale a unos 400 metros cúbicos, en tanto en Río Blanco sacaron más de 1.000 metros cúbicos.
El geólogo dijo que tampoco en los alrededores de Limón había otro lugar de donde se pudo haber sacado ese material.
El juicio fue suspendido el jueves a las 4:30 p. m. y debe continuar este viernes.
Bell y su esposa, en caso de ser encontrados responsables de los hechos, podrían enfrentar una pena que va de tres meses a cinco años de prisión.
