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Una disputa entre una mujer y su expareja tiene en el medio a dos niños de 6 y 9 años, quienes fueron llevados –de forma ilegal– a Managua, Nicaragua, por su padre, de donde él es oriundo; luego, su madre fue hasta allá y se los trajo de la misma forma y ahora el hombre volvió por los menores, quienes les fueron entregados por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), debido a que hay una orden de una jueza de dicho país.
Por esa razón, la mujer, de apellido Pizarro, interpuso un recurso de amparo el pasado 9 de mayo, día en que el Patronato le quitó los niños y se los entregó al papá.
Según explicó la denunciante en el recurso, el conflicto empezó en mayo del año pasado, cuando fue sacada de la casa en que vivía a raíz de una de una denuncia por violencia doméstica del padre de sus hijos, un hombre de apellido Correa.
“El papá de mis hijos trajo a la novia de Nicaragua y la metió a la casa. Dijo que si no la dejaba estar en la casa él no me iba a pagar la casa. Entonces yo acepté por 15 días. Sin embargo, a los días tuvimos una discusión, hubo un forcejeo y le aruñé la cara a él. Llamó a la policía y me sacaron de la casa”, comentó Pizarro en una entrevista a La Nación .
Días después del incidente, ella se entera que el sujeto se fue de la casa y se llevó a los niños. Ante esa situación, lo denunció ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Posteriormente, ella contrató un investigador privado en Nicaragua para averiguar si sus hijos estaban allá, pues no había registro de salida de ellos por ninguna frontera. Es así como a los dos meses los logró encontrar, se fue para allá y buscó al papá de los niños para que se los entregara, pero él se negó.
Ella empezó un proceso de repatriación de menores en Nicaragua. Durante casi un año estuvo viajando a dicho país para seguir con el litigio y poder ver a sus hijos.
Salida de Nicaragua
Pizarro estaba confiada en que la jueza le iba a permitir traerse de nuevo a los niños; sin embargo, el 24 de marzo de este año la juzgadora decidió que los pequeños debían quedarse en Nicaragua con su papá y su mamá podía ir a visitarlos una vez al mes y una semana en vacaciones y en Navidad.
Ese viernes, ella pidió quedarse con los niños hasta el domingo; no obstante, la mujer tomó la decisión de traérselos de nuevo a Costa Rica de la misma forma en que él se los llevó para allá: por tierra, de forma ilegal.
“Cuando él (padre de los niños) me entregó los chiquitos me amenazó, me dijo que mejor dejara de ir a Nicaragua a molestar porque sino me iba a devolver en una bolsa. A raíz de esa amenaza, yo me traje a los niños por tierra de forma ilegal. Yo hice mal, pero en Nicaragua no escucharon a mis hijos, no fue un juicio justo. Me los traje porque tenía miedo y porque mis hijos querían estar acá; me decían que eran maltratados. Por todo eso, mejor me los traje”, relató Pizarro.
Luego de que los tuvo aquí, los metió a la escuela y ellos volvieron a clases después de Semana Santa.
También habló con el PANI acerca de lo sucedido y puso denuncia por la amenaza.
Sin sus hijos nuevamente
El 6 de abril, el padre de los niños volvió a Costa Rica y puso la denuncia por sustracción de menores en el OIJ, donde solicitó intervención de la justicia costarricense. También se presentó ante el PANI con la sentencia que dio la jueza nicaragüense, la cual establece que los menores deben estar allá.
“A los días me empieza a buscar el OIJ. Me dicen que el papá de los hijos me denunció por sustracción de menores. Entonces, yo le dije a los del OIJ que no los entiendo. A mí no me dieron pelota; yo tuve que ir a traer a mis hijos y ahora me buscan como una delincuente”, comentó la mujer.
El martes 9 de mayo, el OIJ llegó a buscar a los pequeños al centro educativo en Santa Ana, donde ellos estaban estudiando para llevarlos hasta el PANI, el cual le entregó los niños al papá, alegando que él tenía una sentencia de Nicaragua y se debía cumplir con el Convenio sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menor, o Convención de La Haya, de la cual Costa Rica forma parte.
Desde ese día , Pizarro no ve a los niños y desconoce donde estarán. Ella cree que de nuevo fueron llevados a Nicaragua. Por eso acudió a la Sala Constitucional, pues considera que el PANI no debía entregar a los niños de esa forma, ya que ellos son costarricenses y se le están violentando sus derechos.
“A ellos (PANI) no les importó nada; yo fui la que tuve que hacer todo para traerme a mis hijos. Lo único que me decían en el PANI es que tenía que tener paciencia, pero se trata de mis hijos y yo tuve que ir personalmente hasta allá (Managua)”, dijo la madre de los niños.
Pequeños relataron que papá les pegaba por la cabeza
Los niños cuya custodia legal es disputada por sus padres, tanto en Costa Rica como en Nicaragua, aseguraron al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) que su papá les pegaba por la cabeza.
Así lo revela un informe de atención elaborado por el PANI, el pasado 11 de mayo, y cuya copia está en poder de este diario.
“Los niños manifiestan su temor a que, viviendo en esa casa, sean atacados por algunos de los insectos y animales que dicen haber visto... Además, indican que su papá ha recurrido a pegarles (por la cabeza, cuello y estómago), gritarles y decirles ‘malas palabras’ en su trato con ellos, lo cual dicen no les gusta”, señala el documento.
En dicha evaluación, los menores también le dicen a la psicóloga Ingrid Arguedas que quieren vivir con su mamá.
El documento indica que el niño de 9 años expresó: “Digan al juez que podemos vivir con ella”, esto por cuanto a ambos se les comentó que su lugar de residencia es Nicaragua.
Agregó la psicóloga que los pequeños estarían de acuerdo en vivir en ese país, pero por periodos de tiempo breves y definidos, manteniendo su residencia en Costa Rica al lado de su progenitora.
“Preocupa la utilización que refieren los niños sobre el uso del castigo físico y la violencia verbal por parte del progenitor, aspecto sobre el cual se considera indispensable brindar acompañamiento y orientación al padre para que críe a sus hijos con estrategias respetuosas de los derechos de los niños, siempre y cuando este tipo de violencia no genere riesgo para el bienestar y sano desarrollo de los niños”, concluye el análisis.
Consultado el PANI sobre por qué entregaron los niños al padre, pese a que ellos dicen que este les pega por la cabeza, estómago y cuello, la respuesta de la institución fue: “La entrega obedece a una sentencia”.
“Los resultados del informe serán remitidos al Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia en Nicaragua para el seguimiento correspondiente, seguimiento que también fue ordenado por la Jueza de Familia de Nicaragua”, alegó.
Patronato desconoce dónde se encuentran los menores
Cuando el Patronato entregó los menores a su papá, pidió a Migración que les diera pasaportes a los niños para que pudieran salir del país; sin embargo, solicitaron frenar la petición debido a que la Sala Constitucional acogió el recurso de amparo para estudio.
Este diario intentó concertar una entrevista con algún vocero del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Sin embargo, a través de la oficina de prensa indicaron que solo se referirían a través de correo electrónico debido a lo complejo del caso.
Este diario le consultó al PANI si saben dónde están los niños; la respuesta fue simple: “ Lo desconocemos”.
“El 9 de mayo del 2017, con base en la denuncia ante el OIJ contra la progenitora por el delito de sustracción internacional de persona menor de edad y en acatamiento de las obligaciones del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, se procedió a entregarles los niños al progenitor”, informó la entidad a La Nación.
De acuerdo con el correo enviado, la madre impugnó esa decisión, pero la Presidencia Ejecutiva declaró sin lugar la apelación, pues alegan que deben cumplir con la sentencia de Nicaragua y el convenio internacional.
No obstante, para el abogado de la madre de los niños, Gerardo Solano, en el PANI no conocen ese convenio, porque el artículo 13 establece que si el Estado parte considera que la restitución de los niños les va a perjudicar de alguna forma, se puede apartar del convenio.
El Convenio de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, dice en su artículo 13 que la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a hacer la restitución del menor si se demuestra que "existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable".
“Están entregando los niños sin tomar en consideración las condiciones de la madre y pese a que tienen valoraciones psicológicas donde los niños dicen que no se quieren ir porque el papá los agrede y aun así el PANI insistió en entregárselos.
Son niños costarricenses y de madre costarricense. No se puede desarraigar a ella de los niños así, ¿dónde quedan los derechos de la mamá?”, manifestó el abogado.
Para Solano, el PANI no garantizó ninguna forma de ver dónde pueden estar los niños. Incluso en el acta de entrega del PANI de Santa Ana solo dice que el padre de los pequeños es vecino de Nicaragua.
El abogado de la mujer denunciante espera que con el recurso de amparo, la Sala Constitucional ordene al PANI la restitución inmediata de los menores. “Cómo lo hará el Patronato, no sé”, enfatizó.
