Mamá con trastorno mental se libraría de la cárcel por quemar con cigarros a su hija de 4 años

La madre sospechosa de golpear, quemar con cigarros y hacer comer jabón a su hija de 4 años irá a un juicio diferenciado por su condición mental.

Ella fue detenida en marzo del 2017, en Ojo de Agua de San Isidro de El General, Pérez Zeledón, cuando trascendieron las torturas que sufría la menor.

Además de la mamá, fueron aprehendidos el tío y la abuela materna de la víctima, pues en aquel momento la niña le confesó a las autoridades que los tres la agredían, la hacían dormir en un entrepiso y la golpeaban con pedazos de manguera.

Contrario a los otros dos imputados, la mujer, de apellido Zúñiga, no se expone a una pena en prisión.

En su lugar, los jueces podrían ordenar su internamiento en un centro psiquiátrico o un tratamiento ambulatorio, explicó el fiscal adjunto de Pérez Zeledón, Edgar Ramírez.

“Se abrió causa a los tres, pero la mamá es inimputable, no tiene capacidad para comprender el carácter ilícito de sus actos”, detalló Ramírez.

Este diagnóstico fue confeccionado por Medicatura Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aunque no trascendió su padecimiento.

Por esta razón, será sometida a un proceso especial que está programado para los días 8, 9 y 10 de octubre, en el Tribunal Penal de este cantón.

LEA MÁS: Niña de 4 años vivía amarrada a la cama y fue quemada con cigarros en su casa

Las reglas en el juicio que enfrentará la madre las define el artículo 389 del Código Procesal Penal.

Esta legislación dice que “cuando el imputado sea incapaz, será representado para todos los efectos por su defensor en las diligencias del procedimiento, salvo los actos de carácter personal”.

Asimismo, al sospechoso no se le exigirá la declaración previa para presentar acusación, “pero su defensor podrá manifestar cuanto considere conveniente para la defensa de su representado”.

Tampoco se le aplicarán medidas alternativas a la condena ni procedimiento especial abreviado. Es decir, la imputada no podrá admitir los cargos a cambio de una pena reducida.

En las mismas fechas, pero en un debate separado, también serán enjuiciados el tío y la abuela de la víctima, de apellidos Zúñiga Jiménez y Jiménez Alvarado, respectivamente.

Ellos están acusados por los presuntos delitos de tentativa de homicidio y privación de libertad contra la menor de edad, quien fue adoptada por una familia, según confirmó el Patronato Nacional de la Infancia, ante consultas de La Nación.

Aunque en aquel momento fueron detenidos, ahora cumplen medidas cautelares fuera de prisión.

El Ministerio Público indicó que ellos no pueden acercarse a la víctima ni obstaculizar el proceso. Además, deben firmar periódicamente.

Agresiones y desnutrición

Al momento de los arrestos, trascendió que la niña dormía en el entrepiso, comía jabón, la quemaban con cigarros en el vientre, le pegaban con una manguera en la espalda, tenía un alto grado de desnutrición y su nariz estaba fracturada.

Las autoridades recibieron la primera alerta el 1.° de marzo del 2017. Tras recibir una denuncia, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) se presentó a esta casa ubicada en Ojo de Agua, un pueblo montañoso situado a unos 30 minutos en automóvil del centro de Pérez Zeledón.

Los funcionarios notaron signos de violencia contra la menor de edad y la trasladaron al Hospital Escalante Pradilla.

Al día siguiente, un fiscal de la localidad, un trabajador social y un forense visitaron el centro médico para que la víctima les contara lo sucedido. Después de conversar con ella por dos días, la niña les relató que era agredida por su mamá, su tío y su abuela.

Tras recibir su testimonio, el 8 de marzo de ese año, el Ministerio Público y el OIJ allanaron la vivienda donde vivía y detuvieron a los presuntos agresores.

En aquel momento se consideró como una alta probabilidad que ella fuera sometida a abusos sexuales; sin embargo, esto no fue confirmado por la Fiscalía.

La menor ahora vive con una familia adoptante. Desde el día de los arrestos hasta inicios del 2019 vivió bajo responsabilidad del PANI, que la mantuvo en constante atención psicológica.

Además de la víctima, en la casa allanada había otros cinco menores de edad, algunos hermanos de la menor y otros hijos de la abuela. Ninguno de ellos tenía signos de agresión.