EscucharUn juez autorizó a los dueños de las constructoras MECO y H Solís salir de prisión y cumplir arresto domiciliario si aportan fianzas de $10 millones y de $5 millones. Carlos Cerdas y Mélida Solís llevan ocho meses en prisión preventiva como imputados en el escándalo conocido como Caso Cochinilla.
La decisión del juez se dio pese a que la Fiscalía solicitó que la medida cautelar se prorrogara por seis meses más, pedido que rechazó el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública. Cerdas está en la cárcel desde el 22 de julio del 2021 y Solís desde el 19 de julio.
Como medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva, ambos no podrán salir de sus viviendas y deberán portar una tobillera de monitoreo electrónico. Cerdas tendrá que aportar $10 millones en fianza y Solís, $5 millones.
Es posible que su salida se concrete una vez que depositen la fianza y para ello tienen 48 horas de plazo que se cuentan desde el viernes.
Durante toda esta semana se desarrollaron audiencias para discutir las medidas cautelares de las 28 personas detenidas el 14 de junio del año pasado por presunta corrupción en contratos de obras públicas con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Los abogados de Cerdas y Solís argumentaron con anterioridad que las condiciones iniciales del caso sufrieron fuertes cambios, por los que no se justificaba la prisión dictada contra sus clientes.
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Erick Ramos, defensor de Carlos Cerdas, dijo a La Nación que su representado sufría una “pena de banquillo” o pena anticipada, pues era “exagerada, desproporcionada e innecesaria la medida cautelar”. El jurista argumentó que su cliente permanecía privado de libertad bajo el supuesto de una defraudación cercana a los ¢78.000 millones, “pero en todos estos meses se logró demostrar que eso es falso y ahora el Ministerio Público dice que el daño no es importante”.
Cerdas ya había salido en libertad en junio de 2021, por decisión de la jueza Carolina Lizano; sin embargo, en la audiencia del mes siguiente se rechazó la fianza permitida originalmente, alegando el alto monto de lo defraudado, y se ordenó enviar a los empresarios a prisión.
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Antecedentes
La Nación tuvo acceso al expediente de la causa 19-000025-1218-PE.
En el documento se detallan los supuestos sobornos con licor, dinero en efectivo, vehículos y “favores sexuales”, para premiar a ciertas constructoras que competían por proyectos financiados con fondos públicos.
Este caso hace referencia a la presunta malversación de fondos en el Consejo Nacional de Vialidad. Por este asunto fueron detenidos empresarios de constructoras, así como empleados y exempleados del Conavi.
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