EscucharEl Ministerio de Justicia y Paz denunció carencias estructurales en el proyecto de dos nuevos edificios de cuatro pisos que se construirían en la cárcel de Terrazas, ubicada en el complejo La Reforma, en San Rafael de Alajuela. Por ejemplo, cuestionó que se utilicen materiales constructivos que le permitirían a los reos ocultar armas, celulares o drogas.
El plan había quedado delimitado desde la administración Alvarado Quesada; sin embargo, el ministro Gerald Campos Valverde indicó este lunes en conferencia de prensa que buscará la forma de modificarlo para que sea solo un edificio de un piso, y lo ocupe personal administrativo en lugar de privados de libertad. Además, señaló que el Ministerio investigará si hubo irregularidades en la elaboración del cartel.
“No estamos investigando a nadie en concreto, estamos por el momento investigando los hechos, cómo se propuso, quién hizo los diseños, quién dio el aval, quién dio los vistos buenos a nivel de jerarquía, porque por lo menos con la experiencia que acumulamos aquí en materia policial, este edificio no lo vemos viable para mantener privados de libertad”, afirmó el jerarca.
“Esto quedó adjudicado el 6 de mayo, queremos revisar hacia atrás, y si hay algo irregular que notemos de eso, lo vamos a trasladar a las instancias para que sean las que señalen si hay delito o no, si hay responsabilidad civil o no, hablamos de ¢5.800 millones que todos los costarricenses están poniendo en algo que no está sirviendo para el hacinamiento carcelario”, añadió.
La viceministra de Gestión Estratégica, Carolina Castro del Castillo, señaló que el proyecto no contempló espacios para visita íntima ni alojamiento policial, no se consideró abrir plazas de policías y tampoco se incluyó una cocina, por lo que tendrían que recurrir a la cocina que abastece los sectores ya existentes de Terrazas. Además, las paredes serían hechas con estereofón, lo que dejaría un espacio de al menos cinco centímetros en su interior en el que los presos podrían esconder celulares y droga.
Asimismo, indicó que las escaleras para los oficiales penitenciarios serían muy angostas, habría una ventilación insuficiente frente a las altas temperaturas de la zona; las áreas de lavado para los privados de libertad serían muy reducidas; las ventanas de vidrio, en lugar de policarbonato, podrían quebrarse y usarse como arma; y las camas serían de madera en lugar de metal o concreto, lo que aumentaría la posibilidad de un incendio provocado al ser la madera un material combustible.
Castro también afirmó que los sistemas de bombeo del agua requieren de un contrato de mantenimiento cuyo costo presionaría más el limitado presupuesto del Ministerio. Añadió que son recurrentes los reportes de presos que dañan las tuberías, cuyo mantenimiento se complicaría más en un edificio vertical.
“Si bien es cierto, la construcción vertical nos reduce el emplazamiento de espacio, siempre es necesario acompañar este tipo de edificaciones con la tecnología para poder brindar esa operatividad óptima”, declaró la viceministra.
En entrevista con La Nación, Campos había asegurado la estructura debería cambiarse a una planta para adaptarse al estilo carcelario del país, y afirmó que el equipo técnico del Ministerio está revisando la posibilidad de modificar los planes.
“Yo para qué quiero un edificio de cuatro pisos como si fueran apartamentos, no entiendo quién lo planeó, no voy a ponerme a investigar quién lo planeó. Lo que sí sé es que yo ocupo cárceles de acuerdo a la idiosincracia de Costa Rica”, afirmó el jerarca.
Añadió que la extensión del terreno, de 65.000 metros cuadrados, hace que sea innecesario construir cuatro pisos, pues la propiedad tiene espacio para construir solo uno. Asimismo, expresó preocupación que en caso de emergencia, se enfrentarían dificultades para los presos y policías del cuarto piso, pues la institución no cuenta con el recurso humano necesario para cubrir los 648 espacios que se abrirán.
“Respeto a los otros, pero no comparto la posición. Yo hubiese hecho otra cosa, espero poder cambiarlo, pero si no lo puedo cambiar tengo que ver en qué utilizó un edificio de cuatro pisos y a quién voy a poner ahí una vez que me den las plazas, porque si no me dan las plazas, simplemente no se puede abrir y las plazas implican todo el aditamento que requiere un policía: los accesorios, vehículos y todo lo demás, radios de comunicación y la infraestructura administrativa”, señaló Campos.
Incluso, criticó la forma en que se construyó Terrazas, porque se utilizaron recursos humanos de otros centros penales para llenar las plazas en la cárcel nueva, la cual costó $24 millones y fue pensada para albergar 1.248 privados de libertad y así disminuir el hacinamiento.
“Igual desvestimos un santo para vestir otro, entonces ahora tengo dos santos mal vestidos. Yo me encuentro ya Terrazas abierto, con personas trabajando ahí, con privados de libertad ahí. Yo no tengo nada que ver con el asunto de Terrazas, pero sí tengo que ver con la parte nueva de Terrazas, con el proyecto que viene”, indicó.
Proyecto repleto de incovenientes
La cárcel de Terrazas ha sufrido severos contratiempos desde el anuncio de su construcción en febrero del 2018. El entonces ministro de Justicia, Marco Feoli, aseguró que el plan era construir una nueva cárcel para mujeres, sin embargo, con el cambio de gobierno, el proyecto se frenó momentáneamente, y luego la exministra Marcia González anunció que sería una cárcel para hombres.
El proyecto terminó en diciembre del 2020, sin embargo, estuvo casi un año sin usarse por falta de presupuesto. La exministra de Justicia, Fiorella Salazar, había admitido en marzo del 2021 no tener contenido presupuestario para contratar personal administrativo, técnico (psicólogos, abogados, trabajadores sociales, orientadores, entre otros) ni policial.
Hasta noviembre pasado trasladaron al nuevo centro penal a los primeros 100 privados de libertad, luego de que dos meses antes la Asamblea Legislativa aprobara los recursos para contratar a los funcionarios requeridos.
El 31 de enero pasado, cerca de 150 policías penitenciarios de está cárcel se manifestaron en reclamo por falta de personal que, afirmaron, atentaba contra la seguridad del personal y el bienestar de los privados de libertad. En aquel momento, Justicia afirmó que ya se había contratado la cantidad necesaria de policías, pero su ingreso se daría de forma gradual.
