EscucharEl fiscal general a. i., Warner Molina Ruiz, se pronunció este lunes preocupado por la liberación de “personas investigadas y acusadas por delitos graves”. El jurista explicó que “distintas resoluciones” dispusieron dejar en libertad a personas imputadas bajo el argumento de que algunos artículos de la Ley contra la Delincuencia Organizada (Ley 8754) habían sido derogados. No obstante, “no existe ningún artículo derogado” en dicha ley.
“El Ministerio Público ha asumido una firme posición, en el sentido de que no existe ningún artículo derogado de esa Ley, y que las resoluciones dictadas hasta hoy a partir de ella mantienen su vigencia, porque la propia Asamblea Legislativa estableció que la nueva normativa entraría a regir 18 meses después de que se otorgara el presupuesto correspondiente; plazo que no se ha agotado”, explicó.
Aunque Molina no se refiere a casos específicos, la llamada de atención del fiscal general se da cinco días después de que la jueza Evelyn Cabezas Arce, del Juzgado Penal de La Unión, en Cartago, ordenara sacar de prisión preventiva a 25 hombres sospechosos de los delitos de tráfico agravado de drogas, legitimación de capitales y cuatro intentos de homicidio. Los sospechosos fueron acusados por el Ministerio Público el pasado 6 de diciembre, y están en espera de la audiencia preliminar para decidir si el caso va a juicio.
El artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada establece que a los casos declarados como crimen organizado se les permite la ampliación de la vigencia de las medidas cautelares. Es decir, bajo esta clasificación, los imputados deben permanecer en prisión preventiva hasta un máximo de 24 meses, el doble de lo estipulado en el artículo 257 del Código Procesal Penal (CPP), que establece que el tiempo máximo que una persona puede estar en prisión preventiva es de 12 meses.
La jueza Cabezas tomó la determinación de liberar a estos 25 sospechosos luego de que el abogado Rafael Ángel Guillén Monge, defensor de uno de los acusados de apellido Rojas, solicitara un cambio en las medidas para su representado. En ese momento, Guillén planteó que varios artículos de la Ley contra la Delincuencia Organizada no estaban vigentes desde 2019, por lo que no se debía permitir la ampliación de los plazos de las medidas cautelares.
‘Ley contra la Delincuencia Organizada mantienen su validez’
El fiscal general a. i. señaló que “en apelación, los Tribunales de alzada nos han dado la razón: los actos cumplidos con la Ley contra la Delincuencia Organizada del 2009 mantienen su validez y eficacia.
“Pero, en tanto los asuntos se resuelven en apelación, como institución nos genera una gran preocupación las víctimas y los testigos de los casos en los que, sin seguir el debido proceso, se ha ordenado la libertad de personas acusadas de delitos graves, y nos preocupa mucho también la impunidad que puede generarse por las decisiones incorrectas, que están tomándose en algunos Juzgados Penales”, aseguró Molina Ruiz.
El jurista remarcó que tras la publicación de la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica en octubre del 2017, dos leyes más han establecido y variado el plazo de la entrada en vigencia de dicha legislación. Por ese motivo, Molina declaró que los plazos no se han agotado y la ley actual sigue vigente.
El último pronunciamiento respecto a la ley de crimen organizado estableció, el 30 de octubre del 2019, que la entrada en vigencia de la Jurisdicción Especializada será 18 meses después de que se haya otorgado el presupuesto necesario para su implementación. Dicho presupuesto asciende a ¢19.454 millones, según determinó la Corte Plena en 2020.
Al día de hoy no se ha otorgado al Poder Judicial la totalidad de los recursos requeridos, por lo que dicho plazo no ha vencido, según comunicó el Ministerio Público.
