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“Hemos presentado una denuncia penal por el delito de prevaricato en relación con la orden que recibió el Ministerio (de Justicia) para que sus autoridades no se refirieran en todo o en parte a la información penitenciaria. La denuncia va en relación con dos grupos de derechos que sentimos que se afectaron en ese momento. El primero tiene que ver con la libertad de expresión de las personas que trabajamos en la institución y, el segundo, con la responsabilidad que tenemos como funcionarios de rendir cuentas sobre el cien por ciento de nuestra actuación”.
Con esas palabras Fiorella Salazar, ministra de esa cartera, confirmó a La Nación que este jueves denunciaron penalmente a la jueza de Ejecución de la Pena Mayra Acevedo luego de que esta última les prohibiera, mediante un fallo judicial, brindar a la prensa información relacionada con la cárcel de San Sebastián, en el tanto se resolviera si se mantenía o no el desalojo definitivo de dicha infraestructura carcelaria. La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Según aseguró la jerarca, esta acción penal en contra de la juzgadora “no es un tema personal”, sino que es una manera de, según dijo, sentar un precedente tanto para la entidad como para el país en general. “Todos somos libres de decir lo que pensamos, de emitir opiniones y, al mismo tiempo, somos responsables de ello. No puede existir una prohibición desde antes para que no emitamos comentarios sobre un tema en el que trabajamos”, reprochó Salazar.
Se le consultó al Ministerio Público sobre la apertura de la causa contra Acevedo, pero al cierre de esta nota, la oficina de prensa de esa entidad no había respondido a las consultas de este medio.
Por su parte, la Sala Constitucional confirmó que, hasta el momento, han recibido siete recursos de amparo con relación a esta censura, entre los cuales está el presentado por la ministra, Diana Posada y Viviana Boza, las dos últimas viceministras de la cartera. Señaló que seis fueron interpuestos contra la resolución puntual de la jueza y que uno fue contra la ministra, a quien se le pidió que no acatara lo dispuesto por la juzgadora.
Origen de lío
Debido a que sobre la cárcel de San Sebastián pesaba una orden de desalojo definitivo desde el 2016, el Ministerio de Justicia se propuso conseguir su reapertura para poder usar los espacios que tenían desocupados allí y así aliviar la crisis de hacinamiento carcelario. Sin embargo, pese a la inversión millonaria que le hicieron para mejorarla, las condiciones por las cuales ordenaron su cierre permanecían para el 2020: la infraestructura era cuestionable y la sobrepoblación apremiaba según criterio del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José.
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Por ello, en octubre del año pasado, esa instancia mantuvo esa medida de cierre definitivo. Un año después, el hacinamiento se empeoró al punto de que Justicia dejó de recibir reos provenientes de celdas judiciales, puesto que alegaban que no tenían espacio ni para un reo más, y por ello volvieron más insistentes que nunca con la idea de reabrir San Sebastián.
Ante ello, ese Juzgado coordinó una nueva visita al centro penitenciario, con la cual la jueza Acevedo determinaría si se reabría o no la infraestructura; no obstante, el 30 de setiembre ella ordenó una medida atípica con la cual le prohibía a Justicia referirse en medios de comunicación a la situación que rodeaba esa cárcel.
En su justificación, brindada un día después mediante una adición y aclaración al fallo anterior, ella indicó que esa censura sería solo por una semana, en el tanto se resolvía la situación en la vía judicial. Añadió que dictaba eso porque no quería que los comentarios dados por Salazar en días anteriores a la prensa afectaran la eventual resolución. Es decir, aseguró que se trataba de un escudo para la independencia judicial.
Justamente, este 6 de octubre, la juzgadora emitió su criterio con respecto a San Sebastián, en donde acata lo dispuesto por la Sala Constitucional el 4 de octubre. Ese día, los magistrados avalaron la reapertura de ese centro de forma temporal y como medida extraordinaria para descongestionar las celdas judiciales.
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Entonces, en la resolución de Acevedo de este jueves ella solamente solicita una aclaración a la Sala con relación al plazo por el cual estaría reabierto San Sebastián, porque eso no quedó definido, así como el cese de la censura a Justicia. Es decir, ya no tiene prohibición para abordar con la prensa sobre estas temáticas.
