![La modelo, de 35 años, vivía entre lujos, según la investigación del OIJ. Ahora podría afrontar fuertes penas de cárcel por delitos de proxenetismo y lavado de dólares. Foto: Cortesía OIJ.](https://www.nacion.com/resizer/v2/LJ72KQU3RVFSRNOL4WLGJCCHJA.jpg?smart=true&auth=7d07652d18f1333f13c36aab87d63d88308f2f14cfd5d5eb1ca63891fb61b931&width=768&height=1024)
Una modelo de 35 años, de apellidos Cabrera Palma, deberá usar tobillera durante tres meses y diez días, luego de ser capturada el martes pasado como sospechosa de proxenetismo y legitimación de capitales. Ella cayó en manos de la Policía cuando viajaba a bordo de un lujoso vehículo por Escazú.
Cabrera Palma, quien también laboró para un banco estatal, era líder de una organización que al parecer contactaba mujeres mediante páginas en redes sociales, para que prestaban servicios sexuales en viviendas que el grupo acondicionaba como casas de citas, en Heredia. De las ganancias, la red obtenía la mayor parte.
La organización era investigada desde el 2018. Durante un tiempo, la modelo se habría trasladado a vivir a España, pero durante su ausencia la actividad ilícita era dirigida por su hermano, de apellidos Bolandi Cabrera, de 22 años.
Luego de varios allanamientos en San Pablo y San Francisco de Heredia, así como en La Guácima de Alajuela y una intervención en Escazú se logró la detención de ambos hermanos, mientras que en en Taras de Cartago fue detenida Valverde, de 31 años, quien fungía como persona de confianza para la agrupación.
En San Francisco de Heredia, los hermanos alquilaron una casa con la mampara de ser sala de masajes, pero en realidad servía para que las mujeres prestaran los servicios sexuales. A la hora del allanamiento fueron encontradas al menos siete de ellas en el lugar. Según el OIJ, las ganancias eran altas, pues con ellas compraban propiedades y hasta vehículos de lujo.
En los allanamientos, los agentes obtuvieron evidencia de interés como lencería utilizada para publicitar a las mujeres, teléfonos celulares, lujosos carros, moneda nacional, dólares y euros en efectivo, así como documentación relacionada a la comercialización del negocio por medios electrónicos. También evidencias que permiten relacionar a los detenidos como sospechosos de lavado de dólares.
Aunque la Fiscalía Adjunta de Heredia solicitó prisión preventiva en contra de los tres, el Juzgado Penal rechazó el requerimiento y en lugar de enviarlos a la cárcel, ordenó el arresto domiciliar con monitoreo electrónico contra la modelo y su hermano. Para la otra sospechosa, de apellidos Valverde Solano, el Juzgado impuso la medida cautelar de presentarse a firmar de manera periódica y se le prohibió salir del país, por lo que tuvo que entregar el pasaporte.
La Fiscalía apeló la resolución del Juzgado, por lo que está a la espera de que el Tribunal Penal programe una nueva audiencia, en la que reiterará la solicitud de que se ordene prisión preventiva contra los tres detenidos. El caso continúa en investigación, en la etapa de recolección y análisis de prueba que se tramita en el expediente 18-002310-0059-PE.
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La modelo procreó en España una hija que este viernes cumplió dos años, con Cristhian Jiménez Vargas, sujeto que apareció asesinado a balazos en un apartamento de Guachipelín de Escazú el pasado 29 de mayo.
Jiménez, de 47 años, estaba libre por una apelación declarada con lugar, ya que en febrero del 2016 lo habían condenado a 35 años de cárcel por el asesinado de Carl Stephen Baugh, de nacionalidad jamaiquina. Se resolvió que el homicida, en asocio con otro sujeto que no fue detenido, privaron de libertad al extranjero, luego lo torturaron, le pusieron una bolsa plástica en la cabeza y le ataron las manos. Sus restos presentaban 43 heridas de arma punzocortante en varias partes del cuerpo y aparecieron en el río Pará, en Santa Elena de San Isidro, Heredia, en octubre del 2014.
Cinco meses después de la sentencia condenatoria contra Jiménez, su abogada apeló el fallo y el Tribunal de apelación, con sede en San Ramón lo acogió y ordenó “el reenvío de la causa para nueva sustanciación”, según consta en la resolución Nº 00714 - 2016, del 23 de agosto del 2016, que estuvo a cargo de los jueces Annia Enríquez Chavarría, Adriana Escalante Moncada y José M. Cisneros Mojica.