EscucharUn hombre de apellidos Agüero Hidalgo cumplirá dos meses de prisión preventiva, como sospechoso de cometer el delito de extorsión cobratoria al extremo de seguir e intimidar, al parecer con arma de fuego, a la hija del deudor de un crédito gota a gota en Puntarenas.
Por los hechos, el despacho también investiga a una mujer de apellido Caruzo, quien se encuentra cumpliendo medidas cautelares no privativas de libertad, las cuales no se especificaron.
Los hechos que se investigan ocurrieron a partir de diciembre de 2023 e inicios del presente año, cuando el imputado le prestó a un hombre ¢100.000, por lo cual este debía cancelar ¢20.000 de manera quincenal, únicamente por concepto de intereses.
En un momento determinado, el deudor dejó de pagar las cuotas, por lo que Agüero comenzó a enviarle mensajes de texto para intimidarlo.
Según la investigación de la Fiscalía Adjunta de Puntarenas, días después, el sospechoso, en compañía de Caruzo, buscó a la hija de la víctima en su lugar de trabajo. Este la siguió hasta el baño, donde, en apariencia, la amenazó con un arma de fuego para que cancelara la deuda de su padre.
La medida de cárcel para el sujeto fue ordenada por el Juzgado Penal y confirmada por el Tribunal Penal el 19 de julio. El caso se mantiene en investigación dentro de la causa 24-001533-61-PE.
Esos préstamos están caracterizados por exigir a los deudores el pago de altas tasas de interés. Frecuentemente, los cobros se convierten en extorsiones cuando los prestamistas recurren a tácticas intimidatorias, amenazas graves, privación de libertad o, incluso hay casos que terminan en homicidios.
Jeison Gerardo Quesada Murillo, conductor de una plataforma privada de transporte, fue uno de los que perdió la vida el 8 de octubre de 2018 en Naranjo. El motivo detrás del crimen de este joven de 23 años fue la falta de pago de un préstamo gota a gota.
El 7 de mayo pasado entró en vigencia la ley para castigar las extorsiones relacionadas con los créditos gota a gota, hasta con 15 años de cárcel. Dicha normativa se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, un mes y cinco días después de su aprobación en el plenario de la Asamblea Legislativa, donde contó con el voto de 40 diputados.
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