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A las 8:04 a. m. de este lunes se inició en los Tribunales de Atenas, Alajuela, el juicio contra un mujer de 34 años, de apellido González, acusada por maltrato y desnutrición y por mantener en condiciones antihigiénicas a un perro en su casa.
En la acusación de la Fiscalía se indicó que, en noviembre del 2017, la Fundación Animales Atenas recibió la alerta del propio hermano de la imputada en el sentido de que tenía al perro amarrado con un cordón de zapato a la altura de su cuello y en condiciones deplorables.
Una vez leída la acusación, el juez, Mario Rodríguez Villegas, llamó a comparecer a la imputada, de la cual pidió proteger la imagen con base en el principio de inocencia de nuestro ordenamiento jurídico.
Por recomendación de su abogada, la mujer solo se limitó a decir que por ahora no se iba a referir al caso.
De seguido fueron llamados tres testigos, el veterinario que atendió al animal, Gustavo Salas; la rescatista Dora Castro y la otra rescatista y querellante, Isabel Aguilar, quien tiene el perro en la actualidad.
El que no se presentó al juicio fue Jorge González, testigo clave y hermano de la encartada, quien alertó sobre el maltrato mediante mensajes de texto y video.
Aunque hubo un receso en el que se trató de encontrar al testigo, no fue posible.
Poco después de las 10 a. m. se suspendió el debate, a la espera de que este viernes, a las 8 a. m., se presente el hermano de la sospechosa de maltrato.
Desnutrido y en pésimas condiciones
Cuando las representantes de la Fundación Atenas Alajuela llegaron a la casa, en barrio Jesús, una hermana de la imputada les abrió y les entregó el perro que estaba herido.
Flora Castro, una de las que rescató al animal, constató que además de las heridas en el cuello, el can estaba en condiciones antihigiénicas y desnutrido.
Según la aprobación de la Ley que modificó el artículo 279 bis del Código Penal y la Ley de Bienestar de los Animales de 1994, firmada en junio del 2017, el caso fue tipificado como crueldad animal, conforme a la ley N.° 7451.
La nueva ley enfatiza en las responsabilidades de los propietarios de animales de compañía, quienes deben garantizarles condiciones vitales básicas y un manejo apropiado según las buenas prácticas de seguridad, higiene, salud pública y veterinaria.
En el centro veterinario donde atendieron el animal se constató que el perro, de raza desconocida (zaguate), tenía abierto el cuello y la lesión requirió tratamiento con antibióticos y un internamiento de 20 días. La atención tuvo un costo de ¢401.950.
La nueva ley contempla penas entre los seis meses y tres años de prisión, así como a multas de hasta ¢707.000 por muerte o maltrato contra los animales.
Lucrecia Aguilar, actora civil y querellante piden que se les retribuya el monto de ¢1.025.000 que han gastado en la atención del perro desde que lo rescataron.
La sala de juicio estaba llena y el perro, al que en la fundación nombró Campeón, también estuvo presente, bajo el cuido de un miembro de la Federación Canina Costarricense ACAN.
El juez dijo que en otros países, como Estados Unidos y España, también se autoriza el ingreso del animal a la sala de juicios, siempre que tenga buen comportamiento.
Al debate también acudieron varios integrantes de la Fundación Animales Atenas, que poco antes estuvieron con pancartas en las afueras del edificio donde piden justicia y que se respete la protección de los animales.
