EscucharLa exdefensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum Yoselewich, fue condenada este jueves 11 de enero a purgar siete años y seis meses de prisión por cometer 29 delitos de uso de documento falso, al haber utilizado el nombre de María Otárola Soto, una costurera de San Carlos, para presentar declaraciones tributarias de sus empresas.
La lectura del por tanto ocurrió fue a las 8:30 a. m. por el Tribunal Penal de Hacienda, en el Segundo Circuito Judicial, en Goicoechea, San José. Se trata del segundo juicio que enfrenta Taitelbaum por hechos denunciados en el 2014.
La primera sentencia, dictada en el 2019, le imponía nueve años de cárcel a la exdefensora; empero, la defensa de la acusada apeló y el Tribunal de Apelación resolvió ordenar un juicio de reenvío, pero solo para revisar el monto de la pena.
Es en este segundo debate donde los jueces Alexánder Salazar Chacón, Jose Pablo Alvarado Cascante y José María Arguedas Salazar decidieron imponerle una pena de 2 años y medio por cada uno de los 29 delitos de uso de documento falso, según lo solicitado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
La suma total es de 72,5 años en prisión; empero, bajo las reglas del concurso material, la sentencia se reduce a siete años y medio.
El concurso material ocurre cuando una persona comete más de un delito, en diferentes momentos. Ante esto, se suman las penas que corresponden a cada delito, sin que la pena final supere el triple de la pena mayor. Además, la legislación de Costa Rica establece que en ningún caso la pena podrá superar los 50 años en caso de adultos.
Además, se le condenó a pagar ¢5 millones por daño social en favor del Estado, según confirmó la oficina de Prensa del Poder Judicial.
Mientras la sentencia adquiere firmeza, Taitelbaum, de 75 años, seguirá cumpliendo las medidas cautelares de impedimento de salida del país, entregar el pasaporte y firmar cada fin de mes en el Tribunal Penal de Hacienda, explicó el juez Arguedas.
Hugo Navas, abogado de Taitelbaum, manifestó que esperará la sentencia integral de este caso, prevista para el próximo 18 de enero, y entonces determinará si apelan la condena. Explicó que primero quiere revisar la fundamentación de los jueces para imponer dos años y medio de cárcel por cada delito.
Agregó que la exdefensora asumió la lectura del por tanto con tranquilidad pues es consciente de que este proceso no ha terminado.
La denuncia de una costurera
La exdefensora de los Habitantes fue denunciada en el 2014 por María Otárola Soto, una costurera que no pudo tramitar su seguro por dependencia familiar ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), porque aparecía con ingresos propios y como contribuyente de impuestos sobre la renta, por una supuesta asesoría a firmas con ingresos millonarios, vinculadas a Ofelia Taitelbaum.
Sin embargo, la costurera nunca tuvo ninguna relación laboral ni económica con la exfuncionaria pública, ni con sus empresas. Ambas se conocieron cuando Otárola vivía en un precario en Pavas y Taitelbaum era viceministra de Vivienda, cargo que ocupó entre 1986 y 1990.
En el 2014, cuando el asunto trascendió en medios, Taitelbaum llamó a la costurera para pedirle que se desdijera públicamente y que, a cambio, ella le tramitaba el seguro ante la CCSS.
La llamada fue grabada y se aportó como prueba válida durante el primer debate que se realizó en agosto del 2019. En ese proceso fue condenada a nueve años de prisión por uso de documento falso. Sin embargo, dicha sentencia fue apelada y en diciembre del 2020 el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea confirmó la culpabilidad de la exdefensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum Yoselewich.
Sin embargo, en esa misma resolución, los jueces decidieron reenviar el expediente para la realización de un nuevo juicio, para que el mismo tribunal penal, con otra integración, determine el monto de la pena. Eso fue lo que se resolvió este jueves.
Taitelbaum, de 75 años, inició su carrera política en 1998. Fue electa diputada para el periodo 2006-2010 (Gobierno de Óscar Arias), pero renunció en diciembre del 2009, pues la nombraron defensora de los habitantes. En ese cargo se mantuvo hasta el 7 de julio del 2014, cuando dimitió tras la denuncia de Otárola.
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