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La exdefensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, de 70 años, concluyó el juicio en su contra afirmando que la Fiscalía y la Procuraduría General de la República (PGR) "lo que presentaron fue un monstruo, una persona posiblemente sin sentimientos y esa no soy yo”.
En las declaraciones de este lunes, frente a los jueces del Tribunal Penal de Goicoechea, la también exdiputada aseguró no saber nada de contabilidad, por lo que le hubiera sido imposible detectar el presunto delito de uso de documento falso por el que se le acusa.
“Uno que no entiende de esto, tiene que confiar en personas que le ayudan a uno a hacer las cosas como deben ser (...). Confié en ellos plenamente (sus contadores), sigo pensando que hicieron lo mejor. Lo único que yo recibía era un documento para firmar y al final el documento cancelado”, indicó.
Esta causa también tuvo como imputada a una contadora de apellidos Vargas Jiménez, quien falleció antes de que arrancara el juicio.
Este debate inició el 12 de agosto, pero la causa se abrió en el 2014, cuando María Otárola Soto, costurera de San Carlos, denunció que su nombre fue usado por Taitelbaum para presentar declaraciones tributarias de sus sociedades.
La acusada, que en aquel momento era defensora de los Habitantes, renunció al cargo días después de divulgado el caso.
Tailtebaum agregó que su abogado “dijo que tal vez pudo haber habido una omisión de mi parte, pero no señores, porque aunque yo hubiera visto los documentos con lupa, no hubiera sabido si estaban correctos o no”.
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El defensor de la acusada, Fabio Oconitrillo, aseveró que las conclusiones de la Fiscalía y la PGR, pronunciadas el pasado viernes, carecieron de argumentos jurídicos.
Ese día, la Fiscalía solicitó 12 años de prisión contra Taitelbaum por 39 delitos de uso de documento falso y uno de coacción. Además, la PGR estimó en casi ¢3,3 millones el daño material al Estado y en ¢10 millones el daño social.
“Encontramos una conclusión populista, demagógica, sin fundamento jurídico alguno y en la que los supuestos, las conjeturas, los rumores, y el juicio de valoración moral y ético, y solo faltó el religioso, fueron el norte del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República”, externó.
El defensor manifestó que no hay evidencia de que las firmas de la presunta víctima que aparecen en declaraciones tributarias hayan sido falsificadas por Taitelbaum.
Incluso, apuntó que en algunos documentos, presentados como prueba por el Ministerio Público, la firma de su clienta habría sido adulterada, porque luce diferente a la verdadera.
“Entonces doña Ofelia también es víctima”, mencionó Oconitrillo a los jueces.
Asimismo, el abogado cuestionó la denuncia de Otárola, quien manifestó que las supuestas declaraciones a su nombre le impidieron acceder un seguro familiar de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), porque aparecía con ingresos propios ante Hacienda.
Según él, la denunciante omitió decir que le habían prorrogado el seguro por un año más, con la posibilidad de que se extendiera otros cinco.
Sobre la supuesta coacción cometida por Taitelbaum, al indicarle a la costurera qué debía declararle a una periodista, Oconitrillo expuso que Otárola no se comportó como una víctima amenazada, pues después del hecho intentó llamar en varias ocasiones a las dos acusadas.
Al cierre del debate, la defensa alegó que el asunto debió quedar en instancias administrativas y no penales. Además, reclamó falta de “consistencia y seriedad” en la acción civil resarcitoria presentada por la PGR.
Tras el fin de las conclusiones, el Tribunal leerá, este jueves a las 8:30 a. m., el por tanto de la sentencia.
