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La Sala III rechazó el recurso de casación presentado por Ofelia Taitelbaum Yoselewich, quien pretendía que se revocara la sentencia de siete años y seis meses de cárcel que le impuso un tribunal penal en enero anterior por 29 delitos de uso de documento falso.
Según supo La Nación, este jueves 24 de octubre, a las 11:19 a. m. los magistrados declararon inadmisible el reclamo, por lo que la exdefensora de los habitantes, de 75 años, debería purgar su pena en prisión, como había solicitado la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción en los dos juicios que se realizaron por este asunto.
El Poder Judicial confirmó que el Tribunal Penal de Hacienda emitió una orden de captura contra Taitelbaum, sentenciada el pasado 11 de enero por utilizar el nombre de María Otárola Soto, una costurera de San Carlos, para presentar declaraciones tributarias de sus empresas. A las 7:46 p. m. ella se presentó voluntariamente en el II Circuito Judicial, en Goicoechea.
Taitelbaum fue elegida diputada en el 2006 por el Partido Liberación Nacional y en 2009 se le designó defensora de los habitantes hasta que debió renunciar, el 7 de julio del 2014 al trascender el caso que provocó su condena.
Un largo proceso
En un primer juicio, resuelto en el 2019, los jueces del Tribunal Penal de Hacienda le impusieron a la exfuncionaria nueve años de cárcel; sin embargo, la defensa de la acusada apeló y el Tribunal de Apelación resolvió ordenar un juicio de reenvío para revisar únicamente el monto de la pena.
En ese segundo debate, los juzgadores Alexánder Salazar Chacón, José Pablo Alvarado Cascante y José María Arguedas Salazar confirmaron la culpabilidad de la exfuncionaria y decidieron imponerle una pena de dos años y medio por cada uno de los 29 delitos de uso de documento falso, según lo solicitado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Esto sumaba un total de 72,5 años en prisión pero, según las reglas del concurso material, la sentencia se redujo a siete años y medio.
El concurso material ocurre cuando una persona comete más de un delito en diferentes momentos. Ante esto, se suman las penas que corresponden a cada delito, sin que la cifra final supere el triple de la pena mayor. Además, la legislación de Costa Rica establece que, en ningún caso, la condena de prisión podrá superar los 50 años, en el caso de adultos. Adicionalmente, Taitelbaum fue condenada a pagar ¢5 millones por daño social, en favor del Estado.
‘Voy a pedir la nulidad’
El abogado de Taitelbaum, Hugo Navas, acompañó a su defendida al Tribunal Penal de Hacienda. “Hay personas que respetan el ordenamiento jurídico y no necesitan que le boten el portón, ni que hagan un show en su casa para detenerla, entonces, para evitar eso, vino aquí y se entregó”. Agregó que la bióloga de profesión estaba tranquila.
Aseveró que la Sala de Casación Penal no siguió el procedimiento correcto al apurarse en emitir la resolución. “Ni siquiera conozco la resolución, pero si eso es así, voy a pedir la nulidad de la misma”, dijo Navas.
Expuso que el martes a él le notificaron las razones de la excusa de cuatro magistrados en propiedad y uno suplente, pues ya habían resuelto sobre este mismo expediente en el 2021, cuando la defensa de Taitelbaum pidió anular la sentencia de Apelación por aceptar sus reclamos parcialmente, y no en su totalidad.
No obstante, Navas alegó que no le avisaron quiénes serían los magistrados suplentes, por lo que no sabía si había motivo de recusación en la conformación nueva, además de que no esperaron tres días para que la gestión de la excusa quedara en firme.
El abogado adujo que “esto obedece a las presiones que ha ejercido el presidente de la República (Rodrigo Chaves) durante todo el año contra Ofelia Taitelbaum”.
De igual forma, argumentó que a su clienta la condenaron por delitos que no cometió. “Ella tal vez cometió el delito de perjurio, pero no el uso de documento falso, porque ese lo cometió la contadora que hoy en día está fallecida”, afirmó Navas en declaraciones a La Nación.
Concluyó diciendo que dado que la sentencia se traduce en 75 meses en prisión y dado que la señora es una “adulta mayor, con enfermedades”, será criminología la que ordene dónde va a purgar la pena.
El 17 de enero, María de los Ángeles Otárola, la costurera que denunció en el 2014 a la entonces defensora de los Habitantes, expresó una gran desazón por los recurrentes atrasos en la ejecución de la condena dictada contra la exjerarca el 29 de agosto de 2019 y confirmada en 2020, situación que le impide acceder al seguro de salud por el que lucha desde hace 10 años.
Colaboró en esta información la periodista de La Nación, Arianna Villalobos.
