Agentes judiciales desplegaron este viernes por la mañana un operativo de búsqueda para encontrar fosas que habrían sido cavadas en Cervantes de Alvarado, Cartago, por un hombre de apellido Casasola Salas, sospechoso de la sustracción de su hija Keibril Amira García Amador, bebé de 11 meses desaparecida desde el 9 de abril.
Los investigadores realizaron los rastreos en las orillas del río Birrisito, en la comunidad de Mata de Guineo, confirmó este viernes el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga. El jerarca precisó que los agentes recibieron nueva información confidencial que podría ayudar a encontrar a la niña.
“Hace algunas semanas se hizo un rastreo en esta misma zona, producto de que el sujeto de apellido Casasola fue ubicado allí”, explicó el director.
“Importante indicar que el caso sigue vigente, nosotros tenemos la clara convicción de poder resolverlo y parte del operativo es poder descartar varias informaciones que se recibieron al respecto, incluyendo sitios donde han habido fosas en apariencia excavadas por este sujeto”, añadió.
Sin embargo, al cierre de la jornada, no se conoció su hubo algún resultado positivo para la investigación.
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Compendio de delitos
Además de la sustracción de su hija, Casasola, de 33 años, es procesado penalmente por el delito de violación, pues la mamá de Keibril es una adolescente de 14 años e hijastra de Casasola, quien quedó embarazada de él cuando tenía 12 años.
La joven llevaba a su hija en un coche, el 9 de abril, cuando se detuvo para alzarla porque estaba llorando. Al parecer, un hombre salió de un chayotal la empujó y se llevó a la bebé.
Luego de realizarle una prueba de ADN, los agentes judiciales confirmaron que Casasola era el padre de la niña. Por eso, la hipótesis de las autoridades es que el sujeto quiso llevarse a la menor para impedir la prueba científica que confirmara su paternidad. Tras los resultados positivos, Casasola cumple seis meses de prisión preventiva en la cárcel de Terrazas, en San Rafael de Alajuela.
Sin embargo, de la niña no se sabe nada. Las pocas pistas que habían aparecido fueron descartadas poco después por el OIJ.
Primero, unas prendas ensangrentadas de bebé aparecieron en un cañal en Juan Viñas de Jiménez, pero tras un análisis de ADN resultaron no ser de Keibril. Luego, se difundió el rumor de que la chiquita habría sido llevada a la zona sur, lo cual fue desmentido los investigadores.
Desde que trascendió el caso, surgieron cuestionamientos a las autoridades por fallar al proteger los derechos de las menores de edad involucradas.
El Ministerio Público había indicado que fue hasta la desaparición de Keibril que supieron de la participación de un adulto en la violación de la joven madre. No obstante, una denuncia del Ministerio de Educación Pública (MEP) dejó en evidencia que desde abril de 2022 la Fiscalía ya sabía de esa sospecha.
El 18 de abril, el fiscal general Carlo Díaz indicó que el Ministerio Público, erróneamente, “generalizó que ese despacho no había sido alertado por parte de ninguna institución sobre la sospecha de que una persona mayor de edad estaba involucrada con la agresión sexual a la adolescente madre”.
Además, el 9 de mayo, seis funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) fueron suspendidos con goce de salario, mientras se les investiga por presunta inacción ante la situación de Keibril y su madre.