El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) debe garantizar el distanciamiento social de los reos que están en las celdas judiciales, para evitar contagios de nuevo coronavirus.
Así lo ordenaron los magistrados de la Sala Constitucional en la resolución N° 2020010147, del 3 de junio pasado.
En ese fallo se declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo interpuesto por el defensor público Gary Bonilla, en el cual se quejaba de la situación específica de la sede de Alajuela.
En el recurso, se hablaba de que esos espacios carcelarios estaban hacinados, lo cual es contraproducente en medio de una pandemia.
Ante eso, los altos jueces dieron un plazo máximo de diez días para que tanto Abelardo Solano, como Wálter Espinoza, en su condición de jefe de Alajuela y director general de la Policía Judicial, respectivamente, tomen medidas para asegurar el distanciamiento social.
Deben realizar las “gestiones necesarias ante la Administración de los Tribunales de Justicia de Alajuela, a efectos de que se tomen los lineamientos necesarios para evitar el hacinamiento en las celdas del Organismo de Investigación Judicial de Alajuela”, se lee en el fallo.
Esto significa, por ejemplo, que en una celda con capacidad máxima de 20 personas, solo podrían permanecer cuatro presos para así garantizar los 1,80 metros de distancia, recomendados por las autoridades sanitarias.
Como medida preventiva, el OIJ indicó que aplicará el cambio no solo en la sede de Alajuela, sino que lo hará a nivel nacional.
Hasta el momento, no hay reporte de que personas detenidas en celdas judiciales se hayan enfermado de covid-19.
En todo el país, al 8 de junio, hay 1.342 personas enfermas por el nuevo coronavirus.
‘Revisaremos condiciones de celdas’, asegura OIJ
Según comentó Wálter Espinoza, director de la Policía Judicial, respetan lo expuesto en el recurso de amparo; no obstante, en el informe que brindó a los magistrados él aseguró que se han tomado todas las medidas necesarias para evitar contagios.
“En sus argumentos, la Defensa Pública dice que no se guardaba distanciamiento y que el tamaño de las celdas no es el adecuado para tener gran cantidad de personas de manera simultánea.
“Nosotros respondimos que hemos trabajado en hacer que los detenidos tengan la posibilidad de lavarse las manos, que cuenten con alcohol en gel, también limpiamos con líquidos que garantizan que todo está desinfectado. Tenemos también otro tipo de medidas que se han implementado y que forman parte del protocolo a lo interno de la Policía”, apuntó.
En ese sentido, agregó Espinoza en declaraciones dadas a este medio, que el Ministerio de Salud visitó las celdas en días anteriores y que, en su informe, señala que no detectaba ninguna circunstancia que pusiera en peligro la salud de las personas.
“No se puso en duda la actuación del OIJ”, recalcó el director.
Espinoza indicó que, pese a eso, el viernes conocieron la decisión de los magistrados, lo cual los obliga a revisar las condiciones y características de las celdas judiciales.
Eso sí, calificó ese trabajo como “difícil”, debido a que incluye revisar infraestructura y presupuesto y es contratiempo.
“Cuando tengamos una linea de acción, debemos pasarlo a la Administración y a los órganos centrales del Poder Judicial para que ellos lo valoren y aprueben. Esto lo debemos hacer porque el OIJ no es el dueño de la infraestructura y, en esto, dependemos del departamento de Planificación, de la Dirección Ejecutiva y del Consejo Superior", explicó Espinoza.
Agregó: "Lo positivo es que tenemos buena sintonía con la Administración y vamos a a buscar la solución para que el sistema judicial en material penal no se vea afectado”.
Mientras eso ocurre, el director policial enfatizó en que se puede tener “absoluta seguridad” en que hay buenas medidas de protección tanto para los funcionarios como para los detenidos.
Situación ya conocida
El tema de la sobrepoblación en celdas judiciales no es la primera vez que se conoce.
A principios del 2018, hubo un sinfín de dimes y diretes luego de que un reo asesinó a otro en uno de esos espacios, ubicados en Limón.
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Al día siguiente del homicidio, Espinoza indicó que las celdas judiciales estaban saturadas por inacción del Ministerio de Justicia y eso generaba estrés y hasta reacciones violentas en la población que ellos custodiaban.
En aquel momento, el director se mostró molesto debido a que, según sus palabras, los jueces dictaban prisión preventiva pero los reclusos no eran trasladados por falta de espacio en la cárcel de San Sebastián (exclusiva para indiciados).
Aseguró que esa situación generaba que el OIJ tuviera que custodiar hasta por tres semanas a reclusos, cuando las celdas judiciales son para permanecer por un periodo máximo de cinco días.
El Ministerio de Justicia, liderado en ese tiempo por Marco Feoli, gestionó los traslados para liberar, poco a poco, las celdas judiciales.