OIJ detiene a alcalde de Heredia por presunta violación de una menor de edad

El alcalde de Heredia, José Manuel Ulate Avendaño, de 65 años, fue detenido la mañana de este jueves por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso del delito de violación y privación de libertad agravada, en perjuicio de una menor de edad.

La acción la ejecutaron los oficiales a las 8 a. m., bajo dirección funcional del Ministerio Público, cuando el imputado salía de su vivienda en Heredia.

El informe preliminar suministrado por la Policía Judicial indica que los hechos que se le atribuyen se dieron durante el año 2019 cuando, al parecer, el sospechoso habría llevado a la ofendida, una menor de edad, a su casa.

Es esa ocasión, según datos policiales, el implicado le habría dicho a la víctima que entrara al inmueble con la finalidad de que llenara unos documentos para un trabajo. Presuntamente, en la vivienda fue donde ocurrieron las acciones ilícitas.

Los agentes del OIJ de Heredia, luego de realizar varias diligencias de investigación, procedieron con la captura del funcionario la mañana de este jueves.

Tras ser reseñado, José Manuel Ulate será puesto a la orden de la Fiscalía Adjunta de Heredia para que se determine su situación jurídica.

Al respecto, la Unidad de Género de esa Fiscalía confirmó que Ulate fue denunciado días atrás como sospechoso de violación y privación de libertad agravada, en perjuicio de una menor.

“Por orden de este despacho, esta persona fue detenida esta mañana, en las afueras de su casa, en Mercedes norte, en Heredia”, dice el comunicado.

El caso corresponde al expediente 21-000710-0369-PE.

En la mañana Ulate estuvo en celdas judiciales. Luego, a las 2:50 p. m. acompañó a las autoridades judiciales a un allanamiento en su casa, donde se buscaron pruebas.

La Fiscalía indicó que a partir de las 5 p. m. tomará la declaración indagatoria a Ulate y, una vez finalizada dicha diligencia, la causa se remitirá al Juzgado Penal de Heredia, para la solicitud de medidas cautelares.

El resultado de dicha solicitud se dará a conocer hasta que finalice la audiencia en su contra.

El alcalde herediano será defendido por el abogado penalista Federico Campos, quien ya comenzó con las gestiones propias del caso.

Municipalidad y PLN reaccionan

Según un comunicado de la oficina de Comunicación Institucional de la Municipalidad de Heredia, por respeto al proceso judicial, no se van a referir a la detención.

Añaden que las operaciones de ese gobierno local se mantienen y que de acuerdo al artículo N°. 14 del Código Municipal, la primera vicealcaldesa, Ángela Aguilar Vargas, sustituirá en pleno derecho al alcalde durante su ausencia.

“Este gobierno local aclara que se trata de un hecho correspondiente a su ámbito personal y que se encuentra bajo investigación en este momento”, dice el escrito.

José Manuel Ulate, es politólogo y administrador de empresas. Asumió la alcaldía por cuarto mandato consecutivo en mayo del 2020, para el período que va hasta el 2024.

Ulate laboró en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) durante 26 años. Luego fungió regidor en ese municipio, donde también fue presidente municipal y desde el 2007 se ha mantenido como alcalde.

Cuenta con una maestría en administración de negocios, con énfasis en recursos humanos.

Ulate también impartió cursos de administración general y administración de recursos humanos en universidades privadas, según revela la página web del municipio herediano.

El Partido Liberación Nacional, representación política con la que Ulate llegó a la Alcaldía, afirmó este jueves que llevará ese caso al Tribunal de Ética y Disciplina.

Kattia Rivera, presidenta de ese tribunal disciplinario, afirmó que por ahora van a esperar que evolucione el proceso, pero esta misma noche darán seguimiento a las acciones que tome la Fiscalía en el caso de Ulate y actuarán según lo definido en los estatutos.

El 5 de marzo pasado a Procuraduría de la Ética Pública (PEP) planteó una querella en contra de Ulate Avendaño, y una abogada, de apellidos Alfaro Chacón, por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.

Según el expediente 16-3551-369-PE de la Fiscalía Adjunta de Heredia, se le achaca al funcionario público la influencia supuestamente ejercida a policías municipales para que dejaran en libertad al hermano de Alfaro y cancelaran así un procedimiento de flagrancias en su contra.

La Procuraduría de la Ética presentó una acción civil resarcitoria, la cual estimó en ¢5 millones para cada uno; es decir, ¢10 millones en total.

Esa vez Ulate dijo que no había sido notificado y que se enteró por la prensa; no obstante, sostuvo que el proceso lo tomó por sorpresa, pues en junio del 2019 se había pedido una desestimación de la causa.

“Yo fui en aquel momento, en el 2016, al Ministerio Público, declaramos que nunca di la orden de que liberaran a alguien que estaba en Flagrancia. Tengo entendido que había una solicitud de desestimación, así está en el expediente, pero presumo que una autoridad superior no la aceptó”, afirmó al trascender el caso, el mes pasado.