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Funcionarios públicos, presuntamente, recibían favores sexuales, dinero en efectivo y vehículos todo terreno como recompensa por beneficiar a empresas constructoras en la adjudicaciones de obras viales.
El hecho lo dio a conocer el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Wálter Espinoza Espinoza, la mañana de este lunes al responder dudas de los periodistas sobre los allanamientos en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), una oficina de Casa Presidencial y el Ministerio de Hacienda, por presunta corrupción.
“Los funcionarios públicos esencialmente lo que recibían eran favores y sobornos constantes que se mantuvieron en el tiempo que responden ya a una planificación desde el punto de vista delictivo de parte de ellos, y que les permitía obtener dinero vehículos, terrenos, viajes, favores sexuales y todo aquello que ustedes puedan imaginarse para efectos de que alguna empresa pudiera verse beneficiada”, señaló el jefe policial.
Espinoza agregó que a esa conclusión llegaron luego de más de dos años de investigaciones, las cuales iniciaron cuando recibieron informaciones confidenciales y denuncias de particulares, en las que hacían referencia a que funcionarios del Conavi se pusieron de acuerdo con empresarios para “generar favores”.
“Tuvimos la posibilidad, en aproximadamente dos años, de compilar datos muy concretos y de ingresar en el ámbito íntimo de las relaciones ilegales que se estaban fraguando.
“Pudimos conocer cuáles eran las actividades que desarrollan las empresas. Cómo se ponían de acuerdo con los funcionarios, cómo se trasegaban los favores, y efectivamente se habían puesto de acuerdo para beneficiar a algunas empresas, para generar pagos irregulares, para procurar pagos adelantados de facturas, para temas relacionados con la verificación de la calidad de las obras, y toda aquella actividad, en este ámbito tan técnico y tan particular que pudiera generar situaciones de ventaja a las empresas, pero también a los funcionarios públicos.
“Es el enlace típico de la corrupción que se ha manifestado en otros países y también en Costa Rica, en la que un grupo de empresarios o empresas privadas que tienen intereses, muy pero muy fuertes y que además, tienen posibilidad de amplísimas actuaciones, se acercan a funcionarios públicos, les ofrecen dádivas, les dan regalías y afectan la integridad y la probidad de las personas, pero también afectan la normalidad de los negocios y, obviamente, provocan encarecimiento en obras públicas, circunstancia que necesariamente afectan al país”, explicó Espinoza.
Como parte de las acciones policiales, este lunes más de 700 oficiales del OIJ, junto a fiscales del Ministerio Público y jueces hicieron 57 allanamientos, 14 de ellos en el Conavi.
El objetivo de las autoridades es compilar elementos probatorios que según el director del OIJ serán “muy particulares y muy bien definidos, preestablecidos entre Fiscalía y OIJ. Nuestro compromiso es que este caso avance lo más pronto posible y que no vivamos la dilación que hemos tenido en otros procesos”.
Asimismo, señaló que era el primer caso que desarrolla la oficina de Anticorrupción del OIJ.
Agregó que luego van a requerir el levantamiento de secreto bancario lo que permitirá a los investigadores darle trazabilidad a los temas financieros.
“Como les digo ya tenemos un avance muy importante. Los auditores que están trabajando en todos los sitios donde se requiere ya conocen el caso, ya tenemos niveles de avance importante y hemos hecho estudios que le dan mucha fortaleza a lo que se ha elaborado.
“La idea nuestra es que el caso avance lo más pronto, ojalá que los imputados se vayan indagando en el Segundo Circuito Judicial de San José, en el transcurso de la tarde y la noche.
“Este es un tema que se relaciona con conservación vial y obra pública, en cuanto tiene que ver con carreteras, chapea (...) todo lo que tiene que ver con ese tema, donde hay un presupuesto muy importante y donde evidentemente parece que afloraron malos pensamientos y comportamientos ilegítimos, que fueron favorecidos por empresas y aceptados por funcionarios públicos, durante un espacio temporal muy importante”, concluyó Espinoza.
