Las usuras con préstamos gota a gota, que se otorgan sin mayor garantía ni trámite, el robo de vehículos y la sustracción de combustible del poliducto del Estado son parte de los nuevos nichos en los que los minicarteles criollos del narco han incursionado en los últimos cuatro años.

Los préstamos les permiten colocar en el mercado dinero que es producto del lavado de dólares o de la venta de drogas, pero en su afán delictivo, estas organizaciones de repente cambian de modo unilateral las condiciones del crédito, para obtener intereses de usura y amenazan a los clientes si no pagan.

Así se desprende del informe que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) presentó este viernes, referido a la criminalidad en el país entre el 2014 y 2018.

El documento revela que los narcos cuentan con grupos especializados en “ordeñar” el poliducto de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para abastecer lanchas del narco, avionetas o ultraligeros, sin necesidad de dejar las evidencias que se reflejarían en compras a gasolineras.

Como el Estado vende el diésel de forma exonerada a las lanchas pesqueras del país, los narcos también usan esas embarcaciones para actividades ilícitas, como se ha comprobado con las constantes capturas de lanchas pesqueras cargadas de droga.

Según Randall Zúñiga, jefe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) de la Policía Judicial, esa diversificación o ampliación del portafolio delictivo ha incrementado las luchas entre grupos y las muertes por ajustes de cuentas.

“También hay una gran rotación dentro de estos grupos porque hay personas que quieren desbancar al que tiene el mando de la organización”, dijo.

Otra característica de estos minicarteles es que ya no es necesario que los mandos medios pregunten al lider si proceden a matar a alguien, ahora lo hacen de forma directa y con mayor crueldad.

Recordó que años atrás la droga iba solo de paso por nuestro país, pero desde hace un par de décadas el panorama del país cambió porque los pagos, que antes se hacían con efectivo, ahora se hacen con droga.

Lo anterior porque un kilo de cocaína en nuestro país cuesta unos $6.000 (¢3,6 millones) pero el narcotraficante que la transforma en crack, obtiene una ganancia de hasta $24.000 por kilo, razón por la cual se disparó el consumo de ese derivado de la cocaína, que es sumamente adictivo.

Toda esa espiral de violencia disparó los homicidios y fue hasta el año pasado que se contuvo la línea de crecimiento, mediante una serie de acciones como aumentar el número de policías, equiparlos mejor, mejorar las leyes contra el crimen organizado y las que controlan la tenencia de armas de fuego, entre otras.

Para este año, la meta es que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes baje a 10, actualmente está en 11,3.

Hasta este 24 de mayo, el OIJ registraba 203 asesinatos, contra 253 del año pasado, es decir 50 menos.

Wálter Espinoza, director del OIJ, afirmó que en tiempos de crisis fiscal muchas veces se le quitan recursos a la seguridad sin tomar en cuenta otros aspectos.

El jefe policial dijo que si en Costa Rica hay problemas de falta de inversión, desempleo y otros, se debe trabajar más en seguridad.

“Queremos que las conciencias se despierten y valoren lo que está sucediendo. Si la situación criminal decrece eso es bueno para la economía, la parte social y la educación, pero si no es así, la situación del país es complicada”, dijo.

Freno a casos de corrupción

Una de las críticas del director del OIJ se enfocó en que, pese a que la Corte Plena había ofrecido recursos para crear una oficina especializada en casos de corrupción y para fortalecer desde la Fiscalía la lucha contra ese delito, un informe técnico elaborado por la Dirección de Planificación del mismo Poder Judicial da al traste con esa propuesta.

Lo anterior, porque no se giran los recursos necesarios para contratar más personal y desarrollar las estrategias que se requieren para luchar contra ese delito.

“El resultado final es terrible. No le dieron nada a la Fiscalía y al Organismo de Investigación Judicial tampoco”, reclamó Espinoza.

Dijo que las esperanzas se esfumaron y por eso hizo un llamado para reconsiderar la ayuda que permita luchar contra delitos de cuello blanco, como la legitimación de capitales, que por su naturaleza requiere una investigación muy meticulosa para encarcelar a los responsables.

Hizo alusión a casos recientes como el del cemento chino, que involucraron a personas del mismo Poder Judicial.

Para Espinoza, la valoración de la Dirección de Planificación se basa en números, sin determinar lo cualitativo. Es decir, estas investigaciones requieren solicitudes de datos a entidades del sistema financiero y a empresas de valores y eso lleva investigaciones de meses, para saber qué se hizo con el dinero, quiénes lo manejaban y la trazabilidad de las cuentas a las que se movilizó, entre otros.

“Si el país no mejora, yo creo que eventualmente vamos a tener problemas en delitos que no son los tradicionales y que aunque no despiertan tanto interés, afectan ostensiblemente la estructura del Estado”, sostuvo.