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“La saturación que tenemos actualmente en celdas judiciales nos ha motivado a conversar con el Ministerio de Seguridad para analizar, de manera interna, la posibilidad de dosificar o disminuir la actividad policial operativa; es decir, de hacer menos allanamientos, menos detenciones, menos operativos y menos presencia policial. Esto es así porque cuando cualquier policía detiene una persona por cometer un delito, viene a dar a las celdas nuestras y ya no podemos recibir más”.
De esa manera, Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indicó que la realidad de las celdas judiciales es caótica pues no cabe un reo más. Actualmente hay 380 reclusos en esos espacios, de los cuales 311 están pendientes de ingreso al sistema penitenciario; es decir no deberían estar ahí, pero el Ministerio de Justicia no los recibe alegando falta de espacios. El resto (69) aún no tienen su situación jurídica resuelta. Estas cifras, insistió Espinoza, solo les permiten recibir presos de casos excepcionalísimos.
Según indicó el director, la solicitud de disminuir esa actividad policial no va solo dirigida a la Fuerza Pública, sino que también abarca a los distintos cuerpos policiales, como Policía de Migración, la Policía de Control de Drogas, la Policía de Control Fiscal, entre otras. “El OIJ carece de posibilidades razonables, dignas y jurídicas viables para recibir personas. (...) Por eso, como no se tiene en dónde dejar a los detenidos mientras se resuelve la situación jurídica, es que nos obliga a las diferentes policías a no aplicar la ley o a no hacer las detenciones”.
Espinoza reconoció que esto es “gravísimo, desastroso y crítico, pero es lo que debemos hacer ante el hacinamiento”. Él tiene claro que la repercusión que se tendrá en la seguridad del país será “gravísima”, ya que las Policías “no podrán actuar, no podrán ejecutar ni podrán aplicar la ley”. Por ello, instó al Ministerio de Justicia a solucionar la situación lo más pronto posible, ya que, de no hacerlo, “el sistema policial colapsará y la seguridad del país decaerá”.
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Aseguró, por su parte, que el OIJ tiene las manos amarradas, ya que la competencia de decidir qué hacer con estos reclusos es exclusiva de Justicia. Agregó que lo que sí han hecho es advertir, desde hace más de un año, de la gravedad del asunto, sin tener buenos resultados. “Quiero comentarlo con la población porque es algo que escapa de nuestras manos, que va más allá de nuestras posibilidades. Es un tema recurrente y respecto del cual no se ha podido encontrar una solución”, lamentó Espinoza.
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En espera de resolución
Wálter Espinoza indicó que la única posibilidad que Justicia les ha hecho saber que se tiene es la de que el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José levante la orden de cierre definitivo de la cárcel de San Sebastián, que es exclusiva para indiciados. La clausura de este centro penal data del 2016, luego de que el juzgador Roy Murillo ordenara su desalojo definitivo porque era una “jaula humana”. Esta medida fue sostenida por la jueza Irene Barrantes, en octubre del 2020, cuando hizo una visita a la prisión para determinar si se mantenía o no el cierre.
Sin entrar en mayores detalles, Espinoza dijo que tanto Justicia como ellos están esperando la nueva resolución que estaría por dictar ese mismo Juzgado, tras una nueva visita el miércoles pasado por esas instalaciones. “Esta situación está siendo sometida a discusión, pero lo que sí es cierto es que ya el OIJ carece de posibilidades razonables para recibir personas”, enfatizó.
El Ministerio, por su parte, indicó en un breve comunicado enviado el miércoles por la tarde que esperan un fallo positivo, ya que insisten en que si se logra levantar ese cierre, podrían hacer uso de un poco más de 300 cupos que a hoy están desocupados. Esos espacios, agregaron, les funcionarían para descongestionar, al menos por el momento, las celdas judiciales.
