Escuchar
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público allanaron las oficinas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), viviendas de funcionarios e instalaciones de empresas por la presunta compra irregular de millones de mascarillas quirúrgicas durante la pandemia.
El despliegue, ejecutado 30 meses después de que trascendieran los hechos, se tradujo en 21 allanamientos comandados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y la Sección Anticorrupción del OIJ, como parte de una causa que se tramita contra personal de la Caja y proveedores de esa institución, por los delitos de influencia en contra de la hacienda pública, tráfico de influencias y falsedad en la recepción de bienes y servicios.
En el caso se investigan presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, también denominadas respiradores filtrantes de partículas para protección respiratoria KN95. La pesquisa se centra en tres concursos de compras de respiradores filtrantes de partículas, mascarillas quirúrgicas descartables y mascarillas médicas descartables, los cuales en apariencia fueron adjudicados por más de $6 millones.
Los recintos de la Caja inspeccionados por los agentes y fiscales son la Gerencia de Logística, ubicada en barrio Don Bosco, San José; la Dirección de Adquisición de Bienes y Servicios, en el Edificio Océano, en Sabana norte; y casas de algunos funcionarios en Escazú, Pavas, Heredia, La Guácima, Santa Ana y Cartago.
También se ordenaron allanamientos en el Centro Corporativo Internacional, la Oficina Landergren Consulting Group y en la Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT, empresa dedicada a la limpieza de jardines, charrales y vías públicas. Esa compañía fue adjudicada por $1,1 millones en mascarillas el 14 de abril de 2020.
Del total de cubrebocas encargados, IBT entregó un lote de 699.850 unidades no médicas, las cuales fueron recibidas por la Caja, distribuidas en centros médicos y luego retiradas ante quejas del personal sanitario.
En los sitios allanados se decomisó documentación y equipo electrónico que pudiera contener información de importancia para la investigación.
Los agentes judiciales de la Sección de Anticorrupción serán los responsables de redactar un informe a la Fiscalía una vez finalizados los allanamientos.
El Ministerio Público detalló que la pesquisa incluyó al exgerente general (Roberto Cervantes) y al exgerente de logística (Luis Fernando Porras) de la CCSS, así como a directores y jefes del Área Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, asesores de las gerencias, y la Comisión Técnica encargada del análisis de los respiradores comprados.
Respecto a personas externas de la institución, son investigados una mujer identificada como Miren Martínez Ruiz y un hombre llamado David Landergren Castro.
De acuerdo con la investigación dirigida por la FAPTA, se presume que funcionarios de la CCSS, quienes ocupaban cargos de alta jerarquía y mandos medios, se habrían aprovechado de sus puestos para intervenir en los procesos de compras durante la pandemia.
Se cree que habrían facilitado dichos procesos para obtener los respiradores y, al parecer, favorecerse y favorecer a proveedores que nunca habían contratado con la CCSS y que, presuntamente, se dedicaban a otro tipo de actividad económica.
En apariencia, las empresas habrían presentado ofertas extemporáneas a la institución, sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el cartel. Sin embargo, resultaron adjudicadas, pese a que existían otras ofertas que reunían las condiciones establecidas, así como compañías reconocidas por ser proveedores regulares.
Otro de los procedimientos de compra cuestionados fue la adquisición de 12 millones de mascarillas por $4 millones a una periodista española y un contador, ambos proveedores inscritos días antes de la publicación de las licitaciones y sin experiencia en el suministro de equipo médico. Ambos contratistas incumplieron con la entrega de los productos, vitales para proteger al personal médico y pacientes del contagio de covid-19.
Por ese procedimiento, la Junta Directiva de la CCSS ordenó la suspensión de Luis Fernando Porras, gerente de Logística, y la apertura de un procedimiento administrativo en su contra. Porras se mantuvo en su cargo, suspendido con goce de salario, hasta octubre de 2021, cuando renunció por “proyectos personales y profesionales”.
También fueron suspendidos Hans Vindas, asesor de Porras y María Cristina Díaz, abogada de la Gerencia de Logística.
Esta investigación judicial trascendió poco tiempo después de que La Nación publicara, a partir de agosto del 2020, sobre las irregularidades en los procesos de compra. Los allananamientos, casi tres años después, ocurren cuando algunas gerencias fueron reubicadas por la remodelación del edificio principal de la CCSS y mucho tiempo después de que los sistemas informáticos de la institución fueran hackeados por un delincuentes cibernéticos.
La Fiscalía detalló que el objetivo de los allanamientos era decomisar prueba para el caso, por lo que no hubo personas detenidas. La causa se investiga mediante el expediente 20-027795-0042-PE.
LEA MÁS: Caja contrata compra urgente de $4 millones en mascarillas a dos proveedores inexpertos
Reacción en la CCSS
La oficina de prensa de la CCSS indicó, por medio de un comunicado de prensa, que la entidad se pone al servicio de las autoridades judiciales. El doctor Esteban Vega de la O, gerente de Logística de la CCSS, aseguró que aportarían todo lo que requieran los investigadores y que por el momento se mantienen a la espera del desarrollo del proceso.
El jerarca garantizó que no se generará ningún problema en la gestión de abastecimiento institucional ante esta situación.
La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel Rodríguez, indicó que la institución será absolutamente respetuosa y apoyará lo que corresponda al trabajo de las autoridades de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
