EscucharCarlos Rodríguez está harto de que los bancos y las autoridades siempre responsabilicen a las víctimas cuando ocurre una estafa informática. A él le robaron ¢8 millones en diciembre de 2019 cuando era cliente del Banco Popular. “Yo no fui una víctima fácil, tonta e ingenua como muchos quieren hacernos parecer”, contó este vecino de Liberia de Guanacaste, de 56 años.
Rodríguez recuerda que, antes de ser estafado, recibió durante varios meses supuestas llamadas de bancos con ofertas de tarjetas y otros beneficios, las cuales constantemente ignoró ante la sospecha de que fueran un fraude. Pero un día lo contactó un presunto empleado de su banco que solo le solicitó confirmarle su número telefónico, por una “verificación de datos”.
Tras responder de manera afirmativa, este docente vio en tiempo real cómo los delincuentes comenzaron a sustraerle dinero de su cuenta y, aunque llamó de inmediato al banco para detener el robo, le indicaron que no podían ayudarle y que debía llegar al día siguiente a sus oficinas para reportar la situación. Así lo hizo, pero el esfuerzo fue en vano.
El afectado asegura que nunca ingresó a algún enlace o página, no completó ningún formulario ni tampoco suministró su clave o información sensible; lo único que confirmó fue su número de celular, que los criminales ya tenían. Su dinero fue retirado en siete cajeros automáticos de la capital e, incluso, le robaron otros ahorros que tenía en el Banco de Costa Rica (BCR).
“Yo fui con los documentos aportados por el banco a poner la denuncia en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), donde lo atienden a uno muy amablemente, pero no le dan esperanzas de nada porque dicen que ese tipo de denuncias las reciben todos los días. Creo que los bancos son tan cómplices como los estafadores.
“Todo lo demás es solo una cortina de humo para hacernos creer que son llamadas desde la cárcel y que la gente es culpable de la estafa por brindar claves e información sensible”, afirmó.
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Meses después, a Rodríguez lo llamó el OIJ para consultarle si quería archivar su denuncia, pero él declinó y a la fecha, casi cuatro años después, continúa el proceso para intentar recuperar su dinero o, al menos, recibir una explicación de qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, sus posibilidades son mínimas, por no decir nulas.
La Policía Judicial y la Fiscalía confirmaron a La Nación que cuando una persona es estafada, prácticamente tiene que dar su plata por perdida, ya que este delito tiene un margen de resolución muy bajo debido, entre otros factores, a la rapidez con la que se cometen los atracos y la dificultad para seguirles la pista.
Yorkssan Carvajal, jefe de la sección de Fraudes del OIJ, reveló que se ha identificado que la estafa se concreta en menos de tres horas.
“En la mayoría de las estafas informáticas, en las primeras tres horas después de obtener la información sensible de la cuenta bancaria, es cuando se da la extracción de dinero. Básicamente, cuando la víctima se da cuenta de que estuvo en una estafa, ya el dinero ha sido sustraído en efectivo en algún cajero en alguna parte del país”, declaró Carvajal.
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¿Por qué hay poca posibilidad de resolución?
El director de la sección de Fraudes del OIJ detalló que una estafa suele desarrollarse en tres etapas y que las dos primeras dejan poco margen de maniobra a las autoridades para obtener indicios para la investigación.
La primera etapa es el contacto o robo de datos de la víctima, que se realiza mediante correo electrónico, llamada con número enmascarado o llamada por WhatsApp. Los criminales utilizan tarjetas SIM de otros países con roaming para evadir el bloqueo de señal en las cárceles o se valen de redes sociales, que no suministran información al país.
“Todos (esos medios) son irrastreables. Ninguno nos da trazabilidad digital, ninguno nos deja una huella digital para decir de dónde vino la llamada o correo, quién lo utilizó, qué dispositivo utilizó, en qué radio base estaba o qué internet usó. Entonces, ahí tenemos básicamente 0,02 posibilidades de obtener una información positiva, casi que nulo”, explicó.
La segunda etapa es el sitio web malicioso que utilizan los delincuentes para vulnerar las cuentas de las víctimas, principalmente a través de dominios poco conocidos y que se pueden manejar desde cualquier parte del mundo. El jefe judicial indicó que esto también imposibilita el rastreo del lugar geográfico o dirección IP desde donde se configura dicha página web.
“Entonces, en esas primeras etapas de la estafa básicamente los factores que nos dan positivos son muy, muy escasos”, agregó.
Por último, Carvajal señaló que la tercera etapa del fraude es la descarga o retiro de dinero una vez que ya ha sido robado. En la mayoría de ocasiones, los criminales lo transfieren a una cuenta destino en su poder, realizan compras en la web o incluso lo transforman o invierten en criptomonedas, que no es algo tan común en el país, pero sí en otras partes del mundo.
Esta es la fase en la que las autoridades tienen más posibilidad de dar con los sospechosos, ya que las cuentas a donde caen los fondos siempre tienen un dueño.
Sin embargo, el director interino del OIJ, Randall Zúñiga, reconoció que también han enfrentado complicaciones en esta etapa, ya que el proceso para abrir las cuentas bancarias de estos criminales se puede demorar bastante.
De hecho, en años anteriores, la Policía Judicial debía acudir físicamente a las más de 80 entidades financieras que operan en el país, con un oficio impreso, para preguntar una por una si un sospechoso tenía una cuenta habilitada. La respuesta tardaba hasta 10 meses o más de un año en llegar, y luego se debía solicitar a un juez la apertura de las cuentas confirmadas.
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