Un joven de apellidos Chaves Miranda, quien descuenta una pena de seis años con monitoreo electrónico por posesión de drogas para la venta, fue detenido el pasado 23 de abril por conformar una banda narco que operaba en Guararí de Heredia.

Este hombre, de 24 años, es uno de 479 que han reincidido en delitos entre el 27 de febrero del 2017 y el 18 de julio anterior, según un informe realizado por la Unidad de Análisis Criminal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con datos brindados por el Ministerio de Justicia y Paz.

Según el estudio, esa cifra corresponde a un 20,5% del total de personas (2.234) a las que se les impuso esa medida sustitutiva en el periodo antes mencionado.

Los datos también reflejan que 114 personas registran entre dos y ocho pasadas policiales en el archivo criminal de la Policía Judicial.

Por ejemplo, un sujeto de apellidos Castillo Rodríguez, fue pasado en ocho ocasiones por robos simples (tres veces), hurto, hurto agravado, hurto simple, receptación e incumplimiento de una medida de protección.

A Castillo el brazalete se le colocó el 23 de marzo del 2017 y, los ilícitos antes mencionados fueron cometidos entre el 28 de abril de ese año y el 22 de octubre del 2018.

De acuerdo con la página del Tribunal Supremo de Elecciones, ese sujeto, de 23 años, ahora está recluido en el Centro de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas, en Pococí de Limón.

El OIJ también precisa en el estudio, el cual fue solicitado por el Ministerio de Justicia y Paz, que sin tomar en cuenta que es una misma persona la que delinque, en total hay 662 pasadas de personas que contaban con monitoreo electrónico.

“Considerando todos los delitos que se registran posterior a la fecha del otorgamiento del beneficio y sin tomar en cuenta si es la misma persona quien comete el delito, se determinó que se registran un total de 662 delitos o pasadas cometidos por las personas después de colocado el brazalete”, precisa el informe 1071—OPO/UAC/OA—2019, con fecha de setiembre del año en curso.

El documento también detalla que la mayor cantidad de pasadas policiales de personas con tobillera electrónica son por robo agravado, con 238 casos, seguido de incumplimiento de una medida de protección con 32, venta de drogas (26), robo simple (24), infracción a la ley de psicotrópicos (21), portación ilegal de arma de fuego permitida (20), hurto (20), hurto simple (19), transporte de drogas (13), robo (12), tenencia de drogas (12), resistencia (11) y maltrato (11).

Sin embargo, también hay ocho casos de homicidio, seis de violación, seis de abuso sexual contra persona menor y seis de homicidio calificado.

Justicia maneja cifra de este 2019

El dato contemplado en el informe del OIJ dista del brindado por la ministra de Justicia, Marcia González, ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico; sin embargo, esto obedece a que ella utilizó solo los datos de este 2019.

La jerarca explicó que en este año la reincidencia de reos con tobillera electrónica es de un 2,1%.

“Un 2,1%, 37 personas, registran nuevas causas de más de 1746 personas que han pasado por el sistema en el 2019”, manifestó González.

Este medio intentó obtener el dato de reincidencia del 2017 y del 2018 por parte de Justicia, con el objetivo de realizar la sumatoria y comparar con las cifras del estudio del OIJ; sin embargo, al cierre de edición no se obtuvieron los números.

El mecanismo de vigilancia electrónico se coloca en el tobillo de los privados de libertad a los que un juez autoriza el uso de esta alternativa.

Posteriormente, se registran los lugares en los que puede transitar como su casa, lugar de trabajo o estudio y hospitales.

Un informe hecho por el consultor portugués Nuno Caiado, a solicitud del Ministerio de Justicia y Paz, reveló que cuando los jueces autorizan a los reos a descontar su pena con tobilleras electrónicas, ellos desconocen cuáles son las condiciones sociales y personales del beneficiado.

Floria Segreda, diputada del Partido Restauración Nacional, confirmó que el próximo lunes presentará un proyecto de ley para que el Poder Judicial realice los informes psicosociales de las personas a las que otorga esta medida sustitutiva.

Ante eso, este jueves y ante consulta de La Nación, el juez William Serrano indicó, por medio de la oficina de prensa del Poder Judicial, que les resultaría “de trascendental importancia contar con un estudio social de los imputados antes de ordenar como medida cautelar o como pena la aplicación de medios electrónicos".

Agregó que para eso sería fundamental contar con el presupuesto para hacer los análisis.

Colaboró la periodista Katherine Chaves.