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Un procurador de apellidos Lara Flores, un juez apellidado Cruz Tenorio, un técnico judicial identificado como Molina Vargas, así como un abogado particular, Rojas Pochet, deberán cumplir diversas medidas cautelares por los próximos seis meses.
El Juzgado Penal de Hacienda tomó esa determinación este viernes por la tarde, después de una extensa audiencia de solicitud de medidas cautelares, en la que las partes involucradas expusieron sus argumentos. A ellos se les investiga por presuntas irregularidades en el trámite de expropiaciones.
Para Lara, Cruz y Molina se estableció una prohibición para comunicarse entre sí, así como presentarse a firmar una vez al mes, permanecer en Costa Rica y no acercarse a testigos. Además, los tres deberán ser reubicados de su cargo.
En tanto, al abogado Rojas se le impuso arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
Ante esa decisión, la firma Facio Abogados, en la que labora el especialista en Derecho, informó de que confían en las instancias judiciales y creen en la “justicia pronta y cumplida”.
“Nuestro interés es que el caso se resuelva lo antes posible y salga a la luz la verdad.
“Facio Abogados no está siendo investigado, ya que siempre ha trabajado y lo seguirá haciendo, apegado a los más altos estándares éticos y de transparencia, que nos caracterizan en 20 años de brindar servicios en Costa Rica”, destacó el despacho.
Sobre Hernández González, otro litigante aprehendido por una supuesta relación con los hechos, no trascendió que se le impusiera ninguna medida cautelar y, según la oficina de prensa del Poder Judicial, no recibieron datos al respecto de la investigación contra este hombre.
Las capturas
Los sospechosos fueron detenidos el miércoles anterior, después de ocho allanamientos en casas de habitación, en San José y Heredia; el bufete Facio Abogados, en Escazú; la Procuraduría General de la República y el Juzgado Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José.
A ellos, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) les atribuye los presuntos delitos de cohecho y divulgación de secretos.
Durante la investigación de este caso, el Ministerio Público descubrió un supuesto pago de dádivas a funcionarios judiciales para la realización de trámites de expropiaciones; empero, no hizo referencia a la cantidad de irregularidades, ni tampoco cuál era el fin de las mismas. Solo refirió los aparentes actos de corrupción.
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Carlos Meléndez Sequeira, fiscal adjunto anticorrupción, manifestó el día de las diligencias judiciales que, al parecer, existieron pagos a cambio de que aligeraran trámites internos de expropiaciones.
“La investigación versa sobre el pago de algún tipo dádivas o sobornos con la finalidad de estos abogados privados de aligerar el trámite interno en el Juzgado Contencioso para las expropiaciones y con eso verse beneficiados. A la misma vez, obtener algún tipo de ventaja económica para los funcionarios judiciales involucrados”, explicó Meléndez.
Este caso se desarrolla dentro del expediente 18–000165–1218–PE.
Trayectoria
Los sospechosos de este caso tienen una amplia trayectoria en sus áreas.
Por ejemplo, la Procuraduría General de la República detalló que Lara Flores labora para la institución desde el 16 de julio 1993 y hasta la fecha.
Según la entidad, su trabajo en los últimos años se ha centralizado en la atención de diligencias de expropiación que requiere tanto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como otras entidades públicas, entre ellas Aviación Civil y el Consejo Nacional de Concesiones.
Además, también atiende recursos de amparo que se le asignen, así como asuntos relacionados con la Dirección de Notariado y Registro Público.
En tanto, la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial manifestó que el juez Cruz Tenorio labora para el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda desde hace 12 años, mientras el técnico judicial, apellidado Molina Vargas tiene 16 años de trayectoria en esa misma independencia.
De manera paralela a la investigación penal, el Tribunal de la Inspección Judicial abrió un proceso disciplinario por este caso.
Rojas Pochet, por su parte, cuenta con más de una década de experiencia y cuenta con una especialización en Expropiación Forzosa de la Abogacía General del Estado, Dirección del Servicio Jurídico del Estado de España, según consta en la página de la firma Facio y Abogados, de la cual es socio desde el 2017.
Información actualizada a las 5:58 p. m. con más datos del Poder Judicial y el caso.
