El exdiputado y excandidato presidencial por el Movimiento Libertario y ahora aspirante a legislador por el partido Unión Liberal, Otto Guevara Guth, enfrenta desde este martes un juicio como sospechoso de cometer cuatro delitos de falsedad en una declaración jurada, por presuntamente, ocultar su participación en una sociedad en el extranjero.
El debate se realiza en el Tribunal Penal de Hacienda, con sede en los Tribunales de Goicoechea. Durante la audiencia de la mañana se recibieron testigos y en la tarde se incorporó prueba documental. Este proceso continuará este jueves cuando se resuelvan algunas gestiones para incorporar prueba y luego se entre a la etapa de conclusiones.
Según la acusación, los hechos que se juzgan sucedieron entre 2014 al 2018, cuando Guevara fue legislador. Pesquisas realizadas por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinaron que el imputado había omitido declarar su participación como director y dueño del capital accionario de una empresa ubicada en el extranjero.
“Desde el 1.° de mayo del 2014, cuando Guevara asumió como diputado, estaba obligado a presentar una declaración jurada en la cual incluyera la totalidad de su patrimonio, tanto al comienzo de sus funciones como una anual ante la Contraloría General de la República, de conformidad con los términos establecidos en los numerales 21-36 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito (Ley 8422). Sin embargo, en las cuatro declaraciones presentadas cada mes de mayo ante la CGR, no se declaró la existencia de la empresa”, señaló el Ministerio Público.
Por estos hechos, la Fiscalía acusó a Guevara por cuatro delitos de falsedad en la declaración jurada, y, al tratarse de un delito funcional, la Procuraduría General de la República (PGR) se constituyó también como actor civil, al presentar una acción civil resarcitoria por ¢10 millones.
Según el artículo 46 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública el funcionario que incurra en falsedad, simulación o encubrimiento al realizar las declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría General de la República será castigado con prisión de seis meses a un año.
Mientras tanto el abogado Federico Campos Calderón, defensor de Guevara, siempre ha mantenido que este caso es una persecución política y criticó al Ministerio Público porque, según alegó, ningún otro político ha sido acusado por este delito.
“ A don Otto se le debió de pedir una aclaración sobre la condición de él en esa sociedad (...) sino que casi que automáticamente el Ministerio Público acusó. Otto todavía es una figura política que se mantiene activa (...) y hay interés de otros partidos de sacarlo porque es bastante incómodo, dice las verdades, es valiente, critica los errores y entuertos políticos y obviamente hay interés de perseguirlo”, dijo Campos en agosto del año anterior.